Kathy vio la larga fila de electores cuando llegó al Centro de Bienvenida de Christian City a las 3:30 p. m., lista para votar en las elecciones primarias del 9 de junio.
Cientos de personas esperaban bajo el calor y la lluvia afuera del complejo exuberantemente arbolado de Union City, un suburbio de Atlanta con 22,400 residentes, casi el 88% de ellos negros. Por un momento consideró no votar en absoluto, pero decidió quedarse.
Para cuando entró más de cinco horas después, las urnas ya habían cerrado oficialmente y los escáneres electrónicos estaban apagados. Los funcionarios electorales le dijeron que tendría que emitir un voto provisional, pero le prometieron que su voto se contaría.
“Ahora estoy enojada de nuevo, estoy frustrada de nuevo, y tengo una emoción adicional, que es la ansiedad”, dijo Kathy, una trabajadora de servicios humanos, al recordar sus emociones en ese momento. Pidió que no se usara su nombre completo porque teme sufrir represalias por hablar. “Me pregunto si mi boleta va a contar”.
Cuando el último elector finalmente entró en el Centro de Bienvenida para votar, ya era el día siguiente, el 10 de junio.
Los abarrotados centros de votación del área metropolitana de Atlanta reflejan un patrón subyacente: la cantidad de centros de votación se ha reducido en todo el estado, con pocas soluciones. Aunque la disminución de centros de votación se ha producido al margen de las diferencias raciales, ha causado principalmente largas filas en los vecindarios no blancos donde el registro de electores ha aumentado y más residentes emiten sus votos en persona el día de las elecciones. La reducción de los centros de votación comenzó mucho antes de la pandemia, lo que ha desanimado a la gente a votar en persona.
En Georgia, que se considera un estado disputado por el control de la Casa Blanca y el Senado de los EE. UU., la dificultad para votar en las comunidades negras como Union City podría afectar los resultados el 3 de noviembre. Como se espera una participación masiva, las filas podrían ser aún más largas de lo que fueron durante las primarias, a pesar del aumento de la votación por correo y de que cientos de miles de personas ya están acudiendo a votar antes de tiempo.
Desde que la decisión del Tribunal Supremo de los EE. UU. en el caso Shelby v. Holder en 2013 eliminó la importante supervisión federal de las decisiones electorales en los estados con historiales de discriminación, los padrones electorales de Georgia han aumentado en casi 2 millones de personas; sin embargo, los centros de votación se han reducido en todo el estado en casi un 10%, según un análisis de los expedientes estatales y locales realizado por Georgia Public Broadcasting y ProPublica. Gran parte del crecimiento ha sido impulsado por electores más jóvenes y no blancos, especialmente en nueve condados del área metropolitana de Atlanta, donde cuatro de cada cinco nuevos electores no son blancos, según la oficina del Secretario de Estado de Georgia.
El área metropolitana de Atlanta ha resultado particularmente afectada. Según el análisis, los nueve condados —Fulton, Gwinnett, Forsyth, DeKalb, Cobb, Hall, Cherokee, Henry y Clayton— tienen casi la mitad de los electores activos del estado, pero solo el 38% de los centros de votación.
Como resultado, la cantidad promedio de electores concentrados en cada centro de votación en esos condados creció casi un 40%, de unos 2,600 en 2012 a más de 3,600 por centro de votación hasta el 9 de octubre, según muestra el análisis. Además, un esfuerzo de última hora que abrió más de 90 centros de votación pocas semanas antes de las elecciones de noviembre ha dejado a muchos votantes inseguros sobre dónde votar o cuánto tiempo podrían tener que esperar para emitir su voto.
El crecimiento en la cantidad de electores registrados ha superado el número de centros de votación disponibles, tanto en los vecindarios predominantemente blancos como en los negros. Sin embargo, las filas para votar han sido más largas en las zonas negras, porque los electores negros son más propensos que los blancos a emitir su voto en persona el día de las elecciones y son más reacios a votar por correo, según los datos del censo de EE. UU. y estudios recientes. Georgia Public Broadcasting y ProPublica descubrieron que alrededor de dos tercios de los centros de votación que tuvieron que permanecer abiertos hasta tarde durante las primarias de junio para dar cabida a los electores se encontraban en vecindarios de mayoría negra, a pesar de que solo representaban alrededor de un tercio de los centros de votación del estado. En un análisis de los datos recopilados por Georgia Public Broadcasting y ProPublica, realizado por Jonathan Rodden, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Stanford, se descubrió que el tiempo de espera promedio después de las 7 p. m. en toda Georgia era de 51 minutos en los centros de votación con una población no blanca del 90% o más, pero de solo 6 minutos en los que tenían una población blanca del 90%.
La ley de Georgia establece un límite de 2,000 votantes para los centros de votación que han sufrido retrasos importantes, pero este casi nunca se aplica. En nuestro análisis encontramos que, tanto en los vecindarios de mayoría negra como en los de mayoría blanca, unos nueve de cada 10 distritos electorales están asignados a centros de votación con más de 2,000 personas.
Un análisis realizado en junio de 2020 por el Centro Brennan de Justicia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York reveló que la cantidad promedio de electores asignados a cada centro de votación ha aumentado en los últimos cinco años en Georgia, Louisiana, Mississippi y Carolina del Sur; todos estos estados tienen importantes poblaciones negras que antes de Shelby necesitaban la aprobación federal para cerrar los centros de votación en virtud de la Ley de Derechos de Votación. Además, aunque docenas de estados tienen reglamentos sobre el tamaño de los distritos electorales y centros de votación, o sobre la cantidad de máquinas de votación, el análisis reveló que muchas jurisdicciones no los cumplen.
Los dirigentes del estado de Georgia y los funcionarios electorales han ignorado en gran medida las quejas sobre las consolidaciones de los centros de votación, incluso cuando pregonan un crecimiento récord en el empadronamiento de electores. Como Secretario de Estado desde 2010 hasta 2018, período en que se produjeron la mayoría de los cierres de centros de votación en Georgia, Brian Kemp, actual gobernador, adoptó una actitud despreocupada respecto a las prácticas electorales dirigidas por el condado, con la excepción de un documento de 2015 que explicaba los métodos que los funcionarios podían utilizar para cerrar los centros de votación para mostrar “cómo el cambio puede beneficiar a los electores y al interés público”.
En la oficina de Kemp se negaron a hacer comentarios sobre la carta o las razones por las que el cierre de los centros de votación no fue cuestionado por los funcionarios del estado. Su portavoz se refirió a sus declaraciones anteriores de que no animaba a los funcionarios a cerrar los centros de votación, sino que simplemente ofrecía orientación sobre cómo cumplir la ley.
La falta de acción ha dejado a los votantes negros de Georgia enfrentando barreras que recuerdan a las leyes de Jim Crow, dijo Adrienne Jones, profesora de ciencias políticas del Morehouse College de Atlanta, quien ha estudiado el impacto de la histórica decisión de Shelby en los votantes negros.
La supresión electoral “está sucediendo con estos impedimentos que se están imponiendo a los electores” dijo Jones.
“Están cerrando los centros de votación para que la gente tenga más dificultades para llegar. Están haciendo que el voto por correo sea difícil o confuso. Ahora estamos en los tribunales discutiendo sobre qué boletas se van a aceptar, y eso significa que la gente tiene menos confianza en nuestro estado”, añadió.
En agosto, en el 55.º aniversario de la Ley de Derechos de Votación, el Partido Demócrata de Georgia, el Comité de Campaña del Senado Demócrata y tres electores de Georgia demandaron al estado y a más de una docena de condados ante un tribunal federal, alegando que algunas de las zonas más pobladas del estado han privado de sus derechos a los electores durante más de una década, con largas filas causadas por la falta de personal, capacitación, equipo y centros de votación.
La acción legal, que fue desestimada después de que el juez dictaminó que las partes no tenían derecho a presentar una demanda, fue una señal de advertencia de la posible agitación social durante las elecciones del 3 de noviembre.
“Por muy mala que sea la situación en circunstancias normales, el peso de esta se agrava mucho más por la pandemia” se afirma en el documento. “En ausencia de una intervención judicial, a Georgia le espera más de lo mismo (y probablemente mucho peor de lo que nunca ha visto) en noviembre”.
El republicano Brad Raffensperger, quien asumió el cargo de Secretario de Estado en enero de 2019, ha solicitado más recursos y centros de votación, pero no ha podido promover estos cambios en la legislatura controlada por el partido Republicano.
La oficina de Raffensperger culpa a los demócratas y a los funcionarios electorales de los condados por oponerse a sus esfuerzos por mejorar el acceso a las urnas. “Como Secretario de Estado, Brad Raffensperger promovió una legislación que obligaría a los condados a expandir los centros de votación y a abordar directamente estos temas”, dijo el subsecretario de Estado Jordan Fuchs en un correo electrónico.
“Por desgracia, todos los senadores y diputados demócratas votaron en contra de esta propuesta diciendo que causaría ‘confusión’. Los electores de Georgia merecen saber quién está frenando el progreso, y que no es la oficina del Secretario de Estado”, agregó.
Los demócratas y los grupos defensores de los derechos de votación dijeron que se oponen al proyecto de ley respaldado por Raffensperger porque creen que debilita la supervisión estatal de las elecciones y dificulta el voto de la gente. La propuesta desplazó aún más la responsabilidad de las elecciones del estado a los condados “sin la capacitación, financiamiento o apoyo necesarios”, dijo en su momento Lauren Groh-Wargo, directora ejecutiva de Fair Fight, un grupo de derechos de votación fundado por la excandidata a gobernadora del estado, Stacey Abrams.
El historial de violaciones del derecho al voto en Georgia se remonta a más de un siglo, con impuestos electorales, pruebas de alfabetización y ciudadanía, e intimidación que privó del derecho al voto a muchos ciudadanos negros.
De conformidad con la Ley de Derechos de Votación de 1965, Georgia y otros ocho estados con historiales de discriminación debían solicitar la aprobación federal antes de realizar cambios, como la eliminación o modificaciones de último minuto en los centros de votación de los vecindarios negros. Docenas de condados y municipios en otros seis estados también tenían que solicitar la autorización previa.
En 2013, en un caso presentado por el condado de Shelby, en Alabama, el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó el método para determinar qué jurisdicciones debían solicitar aprobación previa, alegando que era inconstitucional por anticuado. La corte sugirió que el Congreso podría aprobar nuevas pautas, pero los legisladores no han podido llegar a un acuerdo, con lo que no se puede aplicar el requisito de autorización previa.
Jones, la profesora de Morehouse, dijo que los cambios recientes habrían requerido claramente la aprobación federal si no fuera por la decisión de Shelby.
“Todos estos tipos de actividades... habrían tenido que ser considerados por el Departamento de Justicia, o no habrían sido sugeridos porque habría quedado claro que ese Departamento los habría hecho fracasar”, precisó. “Parte de eso tiene que ver con la importancia de los electores negros, particularmente en el partido Demócrata”.
El aumento explosivo en la cantidad de empadronamientos exacerbó el impacto de Shelby. Gracias en parte a la ley estatal de “votantes motorizados”, que actualiza los expedientes cada vez que un elector interactúa con el Departamento de Servicios a los Conductores, el padrón electoral del estado ha aumentado en un tercio desde las elecciones presidenciales de 2012. En dos condados del área metropolitana de Atlanta, Gwinnett y Henry, la población de electores pasó de ser mayoritariamente blanca a mayoritariamente no blanca, lo que contribuyó a la transición de Georgia de un estado republicano a uno mixto.
A medida que aumentaba la cantidad de electores, los funcionarios de los condados de todo el estado comenzaron un constante cierre de centros de votación.
Para junio de 2020, los electores de Georgia tenían 331 centros de votación menos que en noviembre de 2012, una reducción del 13%. Debido a la presión adicional de la pandemia del coronavirus, tan solo el área metropolitana de Atlanta había perdido 82 centros de votación para el momento en que se celebraron las primarias de junio. Casi la mitad de los 159 condados del estado han cerrado al menos un centro de votación desde 2012.
El condado de Fulton, que incluye a Atlanta, y el condado de DeKalb, realinearon docenas de distritos electorales después de que algunos municipios fueron anexados o se establecieron recientemente. Otros condados citaron cambios en el comportamiento de los votantes, o reducción en los presupuestos, pero el análisis de Georgia Public Broadcasting y ProPublica encontró que los ahorros solo fueron simbólicos.
En Union City, a unos 20 minutos al suroeste de Atlanta en el condado de Fulton, la cantidad de electores activos ha crecido alrededor del 60% desde 2012.
Para las primarias de junio se abrieron tres centros de votación, con 9,000 electores asignados al Centro de Bienvenida de Christian City. Se están preparando dos centros de votación adicionales para las elecciones del 3 de noviembre, incluido uno que reducirá la carga del Centro de Bienvenida. Otros tres, sin embargo, seguirán teniendo más de 5,000 electores cada uno.
En una reunión de la junta electoral del condado en septiembre, los funcionarios de Fulton dijeron que el objetivo había sido añadir más centros de votación en 2020 para dar cabida al crecimiento de la población. La pandemia de coronavirus provocó cierres o reubicaciones, pero la mayoría de los sitios ya reabrieron.
La afluencia de electores hizo que los ya sobrecargados centros de votación se congestionaran aún más.
A nivel estatal, la cantidad de electores a los que sirve el centro de votación promedio aumentó un 47%, de 2,046 electores en 2012 a 3,003 a partir del 9 de octubre, según el análisis. Algunos condados rurales tienen hasta 22,000 electores asignados a un solo centro de votación.
En el condado de Forsyth, uno de los de mayor crecimiento en el país, la lista de electores ha aumentado en casi un 60%, o 60,000 electores, en los últimos ocho años. Forsyth, un condado mayoritariamente blanco a unos 45 minutos en auto al norte de Atlanta, ahora tiene un promedio de unos 8,000 electores por centro de votación. Las autoridades eliminaron nueve de sus 25 centros de votación en 2013 y otro después de las elecciones de 2016, pero volvieron a agregar cinco en 2019. No se espera que abran más centros para las elecciones de noviembre.
El condado de Fulton agregó casi un cuarto de millón de electores al consolidar los centros de votación. Cuando estalló la pandemia del coronavirus, la falta de disponibilidad en el último minuto de dos centros de votación obligó a asignar a 16,000 personas para votar en junio en Park Tavern, un restaurante y local de eventos que reportó que había 350 electores en fila antes de que se emitiera el primer voto.
Seis de los siete centros de votación más congestionados del condado de Gwinnett sirven predominantemente a vecindarios no blancos. En Lawrenceville, donde vive una de las poblaciones negras más grandes del condado, un juez ordenó que los centros de votación del Departamento de Recursos Hidráulicos del condado de Gwinnett permanecieran abiertos hasta tarde durante las primarias para los casi 7,000 electores asignados ahí. Era uno de los 16 centros de votación en los que no había máquinas de votación en la mañana de las elecciones primarias.
Angela Maddox, una trabajadora de salud, emitió su voto allí para la segunda ronda de las primarias el 11 de agosto, cuando solo las contiendas locales y no las estatales estaban en las boletas. Dijo que estaba agradecida porque el equipo estaba instalado y porque la baja participación significó que no hubo filas. Los informes de que los electores esperaron seis horas o más en las primarias fueron “indignantes”, agregó.
“Sé que es un gran problema, y parece que ocurre continuamente en las comunidades negras”, comentó. “Es ahí donde tiende a haber muchas máquinas averiadas, o menos máquinas, o cualquier cosa que impida contar nuestros votos, lo cual no es justo”.
Los funcionarios del condado de Gwinnett obtuvieron la aprobación federal en 2010, antes de la decisión de Shelby, para reducir la cantidad de centros de votación de 163 a 156, citando el ahorro de costos y la eficiencia operativa. Desde entonces, el condado ha mantenido la misma cantidad de centros de votación, mientras que se agregaron más de 175,000 electores activos. El centro de votación promedio recibió a 3,649 electores en las primarias de junio y tiene programado recibir a 3,719 en noviembre.
Desde la decisión de Shelby, la junta electoral del estado de Georgia, presidida por Raffensperger, ha sido el principal organismo encargado de investigar y posiblemente sancionar a los condados que han violado las leyes y procedimientos electorales.
Sin embargo, la junta electoral rara vez ha investigado el tipo de violaciones a la Ley de Derechos de Votación en las que intervino alguna vez el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Desde 2010, cuando Kemp comenzó su período de ocho años como Secretario de Estado, la junta ha escuchado cientos de casos, ha citado a personas por violaciones como llevar vestimenta de propaganda política a los centros de votación, y ha reprendido a los condados por el mal manejo de los padrones electorales o las boletas en ausencia. Sin embargo, no ha emprendido ninguna acción para examinar los cierres de los centros de votación que se han aprobado después de Shelby y ha permitido que se acumule un retraso de docenas de quejas. En 2015, la oficina de Kemp envió la carta a los funcionarios electorales del condado que incluía consejos sobre el cierre de los centros de votación.
En septiembre, con Georgia en el centro de la atención nacional por su manejo de las elecciones, la junta resolvió un atraso de casi 100 casos pendientes que se remontaban a 2014 y remitió varios a la oficina del Fiscal General para que los examinara más a fondo. Entre ellos estaba el supuesto mal manejo de las primarias de junio en el condado de Fulton. La oficina del Fiscal General continúa investigando.
A principios de octubre, la oficina del Secretario de Estado advirtió a cuatro condados con problemas por largas filas, boletas en ausencia y apertura o cierre tardío en las primarias —Fulton, DeKalb y Gwinnett en el área metropolitana de Atlanta, y el condado de Chatham en el sureste de Georgia— que evitaran que se repitieran esos problemas proporcionando actualizaciones semanales sobre la capacitación de los trabajadores electorales, los centros de votación y los planes para el manejo de las filas.
Además de las acciones de la junta, el Senado de Georgia consideró una propuesta de ley presentada en febrero y respaldada por Raffensperger. Con ella se habría requerido que los supervisores de las elecciones del condado agregaran más equipo o trabajadores electorales, o que dividieran cualquier distrito electoral con más de 2,000 votantes si había una espera de más de una hora medida en tres momentos diferentes en el día de las elecciones.
Más de 1,500 de los 2,655 distritos electorales de Georgia tienen por lo menos 2,000 electores, muchos de ellos en condados urbanos demócratas, y Raffensperger dijo en su momento que los electores nunca deberían tener que esperar más de 30 minutos.
Sin embargo, los legisladores demócratas y los grupos de derechos de votación se opusieron al proyecto de ley SB 463, argumentando que cualquier reforma en un año electoral causaría confusión y crearía más formas de evitar que la gente emitiera su voto.
“¿Les preocupa tratar de cambiar las reglas del juego en medio de un ciclo electoral, cuando tenemos tantos litigios pendientes con respecto al manejo de las elecciones anteriores por parte del estado?” preguntó la senadora estatal Jen Jordan, demócrata por Atlanta, durante el debate.
La legislación se originó en el Senado estatal, que lo aprobó. La propuesta pasó entonces a un comité de la Cámara de Diputados del estado, donde los republicanos la sustituyeron con una versión que no abordaba el tema de los centros de votación y prohibía al Secretario de Estado y a los funcionarios electorales del condado enviar solicitudes de boletas en ausencia a los electores. La nueva versión nunca llegó a una votación en el pleno, eliminando cualquier posibilidad de cambios legislativos en el período de sesiones de 2020, que terminó en junio.
En ese mismo mes, después de las elecciones primarias, Raffensperger dio una conferencia de prensa en el condado de Fulton, en las afueras de Park Tavern, que había procesado a más electores que el 96% de los centros de votación del estado. Flanqueado por carteles que destacaban los recientes problemas electorales, instó a los funcionarios locales a que agregaran trabajadores electorales y centros de votación, y a que mejoraran el apoyo técnico y la capacitación.
“Sabemos que necesitamos un conjunto más diverso de centros de votación para distribuir la carga de electores que prevemos”, dijo.
Nikema Williams, presidenta del Partido Demócrata de Georgia, indicó que aunque los funcionarios estatales no tomaron casi ninguna medida para detener los problemas generalizados de votación en las comunidades no blancas, los funcionarios electorales locales también son responsables, ya que en última instancia son ellos quienes deciden si se cierran o se abren más centros de votación.
“Agregamos condados como acusados en la demanda (de agosto) porque queremos asegurarnos de que estamos haciendo esto bien”, señaló. “Y después de todo, lo que nos importa es que los electores no se vean afectados negativamente en ninguna etapa del proceso electoral”.
Aunque el juez regañó a los funcionarios demócratas por ofrecer remedios imprecisos y no proporcionar pruebas suficientes de que es probable que haya largas filas en noviembre, Phi Nguyen, directora de litigios de Asian Americans Advancing Justice Atlanta (AAAJA), dijo que hay muchas pruebas a la vista.
La organización de Nguyen ha impugnado ante los tribunales varias leyes electorales de Georgia, incluida la política de “correspondencia exacta” que bloquea el registro de electores que no coinciden exactamente con una base de datos estatal o federal. AAAJA también presentó una demanda que obligó al condado de Gwinnett a cambiar su proceso para rechazar las boletas en ausencia.
Nguyen dijo que los administradores electorales de los condados metropolitanos de Atlanta no se han mantenido a la par de la oleada de electores nuevos y más diversos, lo que aumenta las posibilidades de privación de derechos.
Nguyen fue supervisora en la arena Infinite Energy Center durante las primarias y no se marchó hasta que se emitieron los últimos votos, mucho después de que las urnas cerraron a las 7 p. m. “Georgia se convirtió en noticia nacional debido al colapso de nuestros sistemas electorales”, afirmó. “Las largas filas son ciertamente un problema, y ocurren más a menudo en lugares con pocos recursos que tienden a ser donde viven las comunidades de color”.
Algunos condados del área metropolitana de Atlanta han intentado aumentar la cantidad de centros de votación antes de las elecciones de noviembre.
Tan solo unas semanas antes del 3 de noviembre, el condado de Fulton aprobó 91 nuevos centros de votación, centrándose en las áreas donde las filas fueron más largas durante las primarias de junio. Catorce centros de votación, incluidos dos de los cuatro de Union City, seguirán teniendo más de 5,000 electores asignados, pero eso representa una gran disminución con respecto a los 60 centros que tuvieron más de 5,000 electores asignados para las primarias, dijo el director de elecciones del condado de Fulton, Rick Barron.
“Si tienes a menos gente asignada en un centro de votación, tendrás a menos gente que irá a ese lugar”, agregó. “Tuvimos algunos centros de votación en junio donde había de 9,000 a 17,000 electores asignados, así que lo que esto hace es distribuir a todos entre muchos más lugares”.
Los más de 16,000 electores de las primarias que fueron asignados a Park Tavern están ahora divididos en cinco centros de votación, que van desde menos de 1,500 electores hasta casi 5,500. Park Tavern seguirá siendo un centro de votación, con unos 4,300 electores.
Sin embargo, los cambios generalizados en los centros de votación a pocas semanas de las elecciones presidenciales conllevan sus propios riesgos. En un estudio realizado en 2018 por la Universidad de Stanford sobre los votantes de Carolina del Norte, se descubrió que la reubicación de los centros de votación disminuye la participación, especialmente entre los electores más jóvenes.
Por ahora, los funcionarios del condado de Fulton esperan una tasa de votación anticipada del 80% para reducir al mínimo la confusión de los electores y otros problemas en el día de las elecciones, cuando la atención del país se vuelva a concentrar en Georgia. Además, duplicaron el presupuesto electoral a $34 millones de dólares para adquirir dos autobuses que fungirán como centros de votación móvil y aliviar así las filas tempranas; también lanzarán una campaña masiva de divulgación para cambiar el comportamiento de los electores.
Hay más de 30 centros de votación anticipada, incluido un mega centro de votación en la arena de baloncesto profesional de Atlanta, que cuenta con 60 computadoras de registro y 300 máquinas de votación. El primer día de votación anticipada en persona, el lunes 12 de octubre, los funcionarios registraron el segundo total más alto en un solo día de los últimos años. A nivel estatal, una cantidad récord de 128,000 ciudadanos en el estado se enfrentaron a largas filas ese primer día.
Aun así, a Kathy de Union City le preocupa que su voto no se cuente.
“Cuando ves los problemas sistémicos que nos asedian como sociedad, a menudo estamos gritando, pero no nos escuchan”, dijo. “Históricamente, hemos visto que los servicios y recursos para las comunidades negras siempre han sido muy inadecuados, y esto es solo una extensión de eso... ¿Cómo es que hay una disparidad tan enorme?”, concluyó.
