El desesperado llanto de diez niños centroamericanos, separados de sus padres un día de la semana pasada por las autoridades de inmigración en la frontera, es una escucha atroz. Muchos de ellos suenan como si estuvieran llorando tan fuerte que apenas pueden respirar. Gritan “mami” y “papá” una y otra vez, como si esas fueran las únicas palabras que conocen.
La voz de barítono de un agente de la Patrulla Fronteriza retumba por encima del llanto. “Bueno, aquí tenemos una orquesta,” bromea. “Faltaba el maestro”.
Entonces, una angustiada niña salvadoreña de seis años suplica repetidamente que alguien llame a su tía. Solo una llamada, ruega a cualquiera que la escuche. Dice que ha memorizado el número de teléfono y, en un momento dado, se lo recita de un tirón a un representante consular. “Y mi mami después que me venga a traer mi tía va a venir lo más pronto posible para irme con ella”, gimotea.
Una grabación en audio obtenida por ProPublica pone sonido al sufrimiento real de un polémico debate político en el que hasta ahora no han participado quienes tienen más en juego: los niños inmigrantes. Más de 2,300 de ellos han sido separados de sus padres desde abril, cuando la administración Trump lanzó su política migratoria de tolerancia cero, que exige procesar a todas las personas que intenten ingresar de forma ilegal en el país y llevarse a los niños que trajeron consigo. Más de 100 de esos niños son menores de cuatro años. Los niños se encuentran inicialmente en almacenes, tiendas de campaña o grandes almacenes que se han convertido en centros de detención de la Patrulla Fronteriza.
Las condenas a esta política han sido rápidas y agudas, incluso por parte de algunos de los partidarios más fiables de la administración. Ha unido conservadores religiosos y a activistas por los derechos de los inmigrantes, que han dicho que la tolerancia cero equivale a “cero humanidad”. Miembros demócratas y republicanos del Congreso se pronunciaron contra los esfuerzos de la administración durante el fin de semana. La ex primera dama Laura Bush describió las prácticas de la administración como “crueles” e “inmorales” y comparó las imágenes de los niños inmigrantes detenidos en perreras con las de los campos de internamiento japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Y la American Academy of Pediatrics (Academia Estadounidense de Pediatría, en español) ha dicho que la práctica de separar a los niños de sus padres puede causarles un “daño irreparable”.
Aún así, la administración ha respaldado su política. El presidente Trump culpa a los demócratas y dice que su gobierno solo está aplicando leyes ya existentes, aunque eso no es verdad. No hay ninguna ley que obligue a separar a los niños de sus padres, o que exija el enjuiciamiento criminal de todos los individuos que cruzan la frontera sin documentos. Esas prácticas fueron establecidas por la administración Trump.
El Fiscal General Jeff Sessions ha citado pasajes de la Biblia en un intento de establecer una justificación religiosa de esta política. El lunes la defendió de nuevo diciendo que era una cuestión de estado de derecho. “No podemos y no incitaremos a la gente a traer niños dándoles inmunidad general de nuestras leyes”. Un portavoz de la Patrulla Fronteriza se hizo eco de ese razonamiento en una declaración escrita.
En los últimos días, las autoridades en la frontera han comenzado a permitir recorridos estrechamente controlados por las instalaciones con el objetivo de poner un rostro humano a esta política, pero las cámaras están fuertemente restringidas. Y los niños retenidos no pueden hablar con periodistas.
El audio obtenido por ProPublica rompe ese silencio. Fue grabado la semana pasada dentro de un centro de detención de la Patrulla Fronteriza. La persona que realizó la grabación solicitó no ser identificada por temor a represalias. Esa persona proporcionó el audio a Jennifer Harbury, una conocida abogada de derechos civiles que ha vivido y trabajado durante cuatro décadas en el Valle del Río Grande, a lo largo de la frontera de Texas con México. A su vez, Harbury facilitó el audio a ProPublica. Dijo que la persona que lo grabó era una clienta que “escuchó los llantos y los lloros de los niños y que quedó devastada”.
Esta persona estimó que los niños de la grabación tienen entre cuatro y diez años. Parecía que habían estado en el centro de detención menos de 24 horas, por lo que su angustia por haber sido separados de sus padres todavía estaba a flor de piel. Los funcionarios del consulado trataron de tranquilizarlos con bocadillos y juguetes, pero los niños eran inconsolables.
La niña que más destacó fue la salvadoreña de seis años que tenía un número de teléfono metido en la cabeza. Al final del audio, un funcionario consular ofrece llamar a la tía de la niña. ProPublica marcó el número que la menor recitó en el audio y habló con la tía sobre la llamada.
“Fue el momento más difícil de mi vida”, dijo. “Imagínese recibir una llamada de su sobrina de seis años. Está llorando y me ruega que vaya a buscarla. Ella dice: ‘Prometo que me comportaré, pero por favor sácame de aquí. Estoy completamente sola’”.
La tía dijo que lo que hizo que la llamada fuera aún más dolorosa es que no había nada que ella pudiera hacer. Ella y su hija de nueve años buscan asilo en los Estados Unidos después de emigrar hace dos años por los mismos motivos y siguiendo la misma ruta que su hermana y su sobrina. Son procedentes de un pequeño pueblo llamado Armenia, a una hora en coche al noroeste de San Salvador, pero al alcance de sus olas de crímenes paralizantes de la capital salvadoreña. La tía dijo que las pandillas estaban en todas partes en El Salvador: “Están en los autobuses. Están en los bancos. Están en las escuelas. Están en la policía. No hay ningún lugar donde la gente normal se sienta segura”.
Dijo que su sobrina y su hermana partieron hacia Estados Unidos hace más de un mes. Pagaron a un traficante de personas 7,000 dólares para que las guiara a través de Guatemala y México y cruzaron la frontera hacia los Estados Unidos. Ahora, añadió, todo el riesgo y la inversión parecen perdidos.
La tía dijo que le preocupaba que cualquier intento de intervenir en la situación de su sobrina pusiera en riesgo la suya y el asilo de su hija, sobre todo después de que la administración Trump haya anulado las protecciones de asilo para las víctimas de las pandillas y de la violencia doméstica. Ella dijo que logró hablar con su hermana, que fue trasladada a un centro de detención de inmigrantes cerca de Port Isabel, en Texas. Y se mantiene en contacto con su sobrina, Alison Jimena Valencia Madrid, por teléfono. Madre e hija, sin embargo, no han podido comunicarse.
La tía dijo que Alison había sido trasladada de las instalaciones de la Patrulla Fronteriza a un refugio donde tiene una cama real. Pero dijo que las autoridades del refugio advirtieron a la niña de que su madre, Cindy Madrid, de 29 años, podría ser deportada sin ella.
“Sé que no es ciudadana estadounidense”, dijo la tía sobre su sobrina. “Pero es un ser humano. Es una niña. ¿Cómo pueden tratarla de esta manera?”
Puedes contactar con Ginger Thompson por teléfono 917-512-0229 o por e-mail: [email protected].
