ProPublica es un medio independiente y sin ánimo de lucro que produce periodismo de investigación en pro del interés público. Suscríbete para recibir nuestras historias en español por correo electrónico. Este artículo se publica conjuntamente con The Texas Tribune, Alianza Rebelde Investiga y Cazadores de Fake News.
La decisión del gobierno de Trump, hace cuatro meses, de enviar a más de 230 migrantes venezolanos a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, conocida como el CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo), dejó un impacto devastador no solo en los propios detenidos, sino también en sus familias. El pasado 18 de julio los hombres fueron liberados y enviados a Venezuela como parte de un intercambio de prisioneros, sin que las autoridades brindaran mayores explicaciones. Ahora, ellos y sus familias relatan los detalles de lo que vivieron.
Juan José Ramos Ramos describe las torturas físicas que, según él, sufrió durante su encierro en el CECOT, mientras que su madre, Lina Ramos, cuenta la agonía emocional de no saber si volvería a ver a su hijo con vida. Andry Blanco Bonilla y su madre, Carmen Bonilla, aún intentan comprender cómo pudieron verse envueltos en algo así, cuando Blanco no tenía antecedentes penales y, de hecho, ya tenía una orden de deportación para regresar a Venezuela. Wilmer Vega Sandia, quien había emigrado a Estados Unidos para poder costear el tratamiento contra el cáncer que padece su madre, dice que rezó todos los días durante su encarcelamiento para poder volver a casa a tiempo y abrazarla.
Sin presentar pruebas, el gobierno estadounidense etiquetó a todos como miembros de la pandilla Tren de Aragua y los describió como “lo peor de lo peor”, “animales enfermos” y “monstruos”. Nuestra investigación —un análisis inédito y detallado caso por caso— revela que las autoridades sabían que la mayoría de estos hombres no habían sido condenados por ningún delito en Estados Unidos. Solo unos pocos tenían antecedentes por delitos graves como agresión o portación de armas. Una docena de ellos tenían antecedentes en el extranjero y también fueron incluidos en nuestra base de datos.
Cerca de la mitad, 118 de los más de 230 hombres, incluyendo a Ramos, ingresaron legalmente a Estados Unidos y fueron deportados mientras sus casos migratorios aún estaban en proceso. Ramos, por ejemplo, ingresó al país con una cita del programa CBP One, una iniciativa que la administración Biden implementó para intentar ordenar el creciente flujo de migrantes en la frontera sur.
Al menos 166 de los 230 detenidos tenían tatuajes, entre ellos Blanco, Ramos y Vega. Nuestra investigación encontró que el gobierno se basó en gran medida en sus tatuajes para vincularlos con el Tren de Aragua, a pesar de que expertos afirman que los tatuajes no son un indicio confiable de afiliación a esta pandilla venezolana.
Algunos de estos hombres, como Vega, habían recibido permisos de salida voluntaria por parte de jueces de inmigración, lo que significa que estaban dispuestos a costear su regreso a Venezuela. Sin embargo, fueron enviados a El Salvador.
Vea el video aquí.
Melissa Sanchez, Perla Trevizo, Mica Rosenberg y Gabriel Sandoval, de ProPublica; Ronna Rísquez, de Alianza Rebelde Investiga; y Adrián González, de Cazadores de Fake News, contribuyeron con el reporteo. Mauricio Rodríguez Pons y Almudena Toral, de ProPublica, colaboraron en la producción.
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Melissa Sanchez, Perla Trevizo, Mica Rosenberg y Gabriel Sandoval, de ProPublica; Ronna Rísquez, de Alianza Rebelde Investiga; y Adrián González, de Cazadores de Fake News, contribuyeron con el reporteo. Mauricio Rodríguez Pons y Almudena Toral, de ProPublica, colaboraron en la producción.
