En las semanas antes de que Norma Martínez muriera de COVID-19, ella y sus compañeros hablaron de su temor a contraer el coronavirus en la fábrica donde elaboran y embotellan productos de belleza y cuidado personal, incluyendo jabón de manos.
Rumores habían estado circulando entre los trabajadores—especialmente entre aquellas, como Martínez, que eran contratadas a través de agencias de empleo temporal—que alguien en la planta de Countryside, municipio suburbano al suroeste, había dado positivo en un test por el virus o había estado expuesto a alguien que estaba infectado. Martínez, 45, les dijo a sus parientes que caminaba rápido e intentaba contener la respiración cuando se acercaba a otros obreros.
Algunos empleados dejaron de aceptar turnos de trabajo, preocupados por los riesgos de trabajar codo con codo en apretadas líneas industriales o usar las puntas de los dedos para fichar en relojes registradores biométricos. Pero muchos más siguieron presentándose porque no podían permitirse el lujo de quedarse en casa en confinamiento.
“Norma tenía miedo ir al trabajo como todas, pero tomando las medidas de seguridad que podía: lavarse las manos, usar guantes, limpiar las máquinas con alcohol,” dijo una de sus compañeras, quien habló bajo la condición de anonimato por miedo a perder su trabajo. “No estábamos de acuerdo con que la fábrica siguiera abierta.”
Martínez, una inmigrante mexicana y madre de dos hijos, murió el 13 de abril. Su muerte vino solo días después de que la instalación de Voyant Beauty cerrara para una limpieza en profundidad después de que otro empleado diera positivo en una prueba de coronavirus, según varios empleados.
Después de la muerte de Martínez, sus antiguos compañeros, ayudados por un centro de apoyo a trabajadores, fueron a la oficina del fiscal general del estado de Illinois, que ha asumido el papel de investigar quejas de seguridad laboral en el sector privado durante la pandemia. La oficina está llenando un vacío dejado por la U.S. Occupational Safety and Health Administration (la administración federal de seguridad y salud laboral, conocida como OSHA por sus siglas en inglés) que ha tomado una actitud esencialmente pasiva en lo que concierne a investigar quejas de empleados fuera de la industria de salud, dejándole a los empleadores el papel de vigilarse a sí mismos.
Activistas laborales y un grupo de legisladores latinos dicen que agradecen que la oficina del fiscal general se haya encargado de asuntos de seguridad laboral durante esta crisis, pero que es un remedio poco sistemático, uno que ha motivado a trabajadores en algunas fábricas de la zona a organizar huelgas u otras protestas en torno a temas de seguridad relacionados con la pandemia.
“Es una tirita para una inundación,” dijo Tim Bell, el director ejecutivo del Chicago Workers’ Collaborative, una organización sin ánimo de lucro que se enfoca en obreros temporales. Él y otros temen que más trabajadores de fábricas y almacenes se enfermarán y morirán si el estado no establece y hace cumplir normas fuertes de seguridad laboral sobre el COVID-19 en lugares de trabajo que son considerados demasiado esenciales para cerrar durante la pandemia. “Dado que los de OSHA siguen escondidos debajo de sus escritorios,” dijo Bell, “debe haber algo que haga el estado para proteger a sus residentes.”
Se desconoce cuántos trabajadores de fábricas, almacenes o empresas de preparación de alimentos han muerto por COVID-19 en Illinois. Este fin de semana El Milagro, un conocido fabricante de tortillas en Chicago, anunció que iba a cerrar durante dos semanas después de que uno de sus empleados muriera de complicaciones relacionadas con el COVID-19. La muerte de Martínez se informó primero a la oficina del fiscal general. Una portavoz del Illinois Department of Public Health (el departamento de salud pública de Illinois) dijo que la agencia tiene datos laborales limitados relacionados con casos de COVID-19, pero son incompletos y no están disponibles al público. El departamento, dijo la portavoz, está trabajando en este asunto.
Pero funcionarios del estado reconocen que la seguridad laboral es un tema de preocupación enorme en este momento. Tal cantidad de quejas de trabajadores han inundado la oficina del fiscal general que el departamento de derechos laborales ha más que cuadruplicado en tamaño, absorbiendo abogados de todas partes de la agencia.
“A mi entender OSHA ha tomado la postura…de que no van a hacer cumplir con las directrices de la CDC (Centro de Control de Enfermedades) que fueron difundidas,” dijo Alvar Ayala, que dirige el departamento. “Aquello puso una urgencia especial sobre esto, y así fue como muchas de estas organizaciones vinieron a nosotros y trabajadores vinieron a nosotros para hacer cumplir la ley.”
En las últimas seis semanas, el departamento ha recibido más de 1,000 quejas de seguridad laboral relacionadas al COVID-19, desde acusaciones contra empleadores que no mantienen distancias seguras en las líneas de ensamblaje hasta que no hacen una limpieza profunda del lugar de trabajo después de que un obrero da positivo. Muchas quejas han sido hechas en español y de empleados en las industrias de manufactura, procesamiento de alimentos y empacadoras.
La oficina del fiscal general procede entonces a trabajar con oficiales de departamentos de salud locales para inspeccionar fábricas y almacenes para ver qué cambios, si alguno, se necesitan. Hasta ahora, la oficina no ha puesto denuncias civiles contra fabricantes u otras empresas por violar normas de seguridad laboral, aunque tiene la autoridad para hacerlo bajo la ley estatal y la orden de distanciamiento social emitida por el Gobernador J.B. Pritzker en marzo. La posibilidad de una denuncia, dijeron los oficiales, ha sido suficiente para causar cumplimiento.
Mark Denzler, el presidente y CEO de la Illinois Manufacturers Association, dijo que piensa que las agencias locales, estatales y federales están haciendo lo mejor que pueden para responder a las preocupaciones por la seguridad de los obreros en una situación sin precedentes.
“Todo el mundo está luchando para entender cómo enfrentarlo, ya sea el estado, la ciudad, OSHA, los CDC,” dijo. “Ciertamente el [fiscal general] dispone de ciertos poderes para cumplir con su trabajo. El Departamento de Trabajo tiene poder para cumplir con su trabajo. Los fabricantes están operando con tanta seguridad como pueden.”
Un portavoz para el U.S. Department of Labor (departamento de trabajo federal), que supervisa OSHA, dijo que la agencia “está trabajando diligentemente cada día para ayudar a los empleadores a entender y cumplir con” sus obligaciones de proteger a los trabajadores expuestos al coronavirus en el trabajo. El portavoz dijo que OSHA ha recibido una queja con relación a Voyant Beauty pero no puede dar más información hasta que termine la investigación. No está claro quién puso la queja o si está relacionada con la muerte de Martínez.
Antiguos compañeros dijeron que Martínez había trabajado durante años en Voyant a través de una agencia de empleo temporal, más recientemente en control de calidad.
Ann Miller, una vice presidenta de recursos humanos en Voyant dijo que la compañía tenía “el corazón roto por esta pérdida.”
Dijo que la empresa había tomado una serie de medidas de seguridad antes de ser contactada por el estado, incluyendo verificaciones diarias de temperatura, reparto de equipos de protección personal a trabajadores y esterilización de las zonas de trabajo cada día. Además, dijo Miller, la planta está cerrada y es limpiada en profundidad los fines de semana y cuando hay un caso de un positivo o presunto positivo de COVID-19.
La oficina del fiscal general, dijo Miller, no tuvo “más sugerencias de acción.” Una portavoz de la oficina del fiscal general dijo que la empresa había “acordado cumplir con la orden ejecutiva del gobernador” solo dos días después de la muerte de Martínez, pero no explicó qué específicamente había aceptado hacer la empresa.
La oficina no ha recibido quejas adicionales sobre la fábrica desde entonces, dijo la portavoz.
Obreros dijeron que la compañía efectivamente había hecho algunos cambios en la instalación para mejorar la seguridad laboral durante las semanas y días que precedieron a la muerte de Martínez. Pero las medidas no siempre fueron eficaces. Una trabajadora dijo que pasó los controles de temperatura diarios pero descubrió unos días después de la muerte de Martínez que era positivo para COVID-19; era una portadora asintomática. Esta trabajadora también explicó que no podía llevar una máscara facial en la planta porque empañaba sus anteojos protectores.
El grupo de Bell ha estado pidiendo que Pritzker imponga nuevas protecciones para obreros temporales de manufactura y almacenes, incluido exigir seis pies de distancia entre trabajadores, prohibir el uso de relojes registradores biométricos e imponer bajas médicas pagadas para trabajadores temporales.
La oficina de Pritzker no respondió a la petición de comentarios. Sin embargo, una orden modificada de quedarse-en-casa que el gobernador anunció la semana pasada obligará a fabricantes y otros negocios esenciales a proporcionar protección facial a todos los empleados que no puedan mantener seis pies de distanciamiento social y tomar medidas de precaución adicionales como escalonar turnos y operar sólo las líneas de producción esenciales. La nueva orden entra en efecto el viernes y dura hasta finales de mayo.
Mientras tanto, un grupo de legisladores latinos también ha estado presionando el gobernador para que establezca reglas claras de seguridad y sanciones para fabricantes. Entre las peticiones: mandatos para asegurar distanciamiento social correcto y desinfectar espacios comunes de forma rutinaria; la obligación de cerrar durante al menos 24 horas para limpiezas profundas después de cada caso confirmado de COVID-19 entre trabajadores; y una garantía de dos semanas de baja pagada para obreros que dan positivo.
“Le urgimos que mande un mensaje fuerte e inequívoco a todos los negocios que poner en riesgo a los trabajadores, cualquiera que sea su raza, etnia, idioma o estatus de ciudadanía, nunca será tolerado en nuestro Estado,” miembros del Illinois Legislative Latino Caucus escribieron en una carta en marzo. El asunto es especialmente urgente entre residentes latinos, escribieron los legisladores, porque mucha gente que trabaja en manufactura son inmigrantes latinos.
Cuando la oficina del gobernador respondió, dijo a los legisladores “lo que ya sabemos,” dijo la representante estatal Karina Villa, una Demócrata de West Chicago, una ciudad con una gran presencia industrial. El correo electrónico de la oficina de Pritzker incluyó información de cómo trabajadores con quejas relacionadas con el COVID-19 pueden ir a la OSHA del estado o la OSHA federal o a la oficina del fiscal general.
“No hay cambios. No hay pautas o esfuerzos para cumplir la ley,” dijo Villa, quien añadió que ha recibido quejas sobre COVID-19 de obreros en aproximadamente una docena de fábricas y plantas de procesamiento de comida.
Villa, una hija de inmigrantes mexicanos, dijo que el tema le afecta a nivel personal porque tanta gente en su vida trabaja en fábricas en las afueras de Chicago. Dijo que un pariente cercano que trabaja en una empresa de procesamiento de carne en St. Charles recientemente dio positivo por COVID-19. El Kane County Health Department (departamento de salud del condado de Kane) cerró temporalmente aquella instalación el viernes a causa de preocupaciones derivadas del COVID-19. El departamento de salud pública del estado dijo que está trabajando para formalizar directrices para lugares de procesamiento de carne y comida, donde ha identificado concentraciones de casos de COVID-19.
Villa y otros defensores dijeron que están especialmente preocupados por los trabajadores temporales, quienes son desproporcionadamente latinos; alrededor del 42% de más de 675,000 trabajadores temporales se identifican como latinos, según una auditoría estatal de agencias de trabajo temporal del julio de 2019.
Muchos también son indocumentados, que les hace inelegibles para beneficios de desempleo y de estímulos federales. Esto deja financieramente vulnerable a muchos trabajadores, motivándoles a volver a lugares de trabajo donde se sienten inseguros, dijeron los activistas. Durante una entrevista en Facebook Live con Univisión Chicago el lunes, Pritzker dijo que su administración está buscando la forma de crear algún tipo de ayuda en efectivo para inmigrantes indocumentados que no son elegibles para beneficios federales. El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció este mes un acuerdo de los sectores privados y públicos para poner dinero en efectivo en los bolsillos de residentes indocumentados durante la pandemia.
En la fábrica de Voyant, la noticia de la muerte de Martínez convenció a algunos de sus excompañeros a quedarse en casa o hacerse la prueba de coronavirus. El día después de que murió, antiguos compañeros organizaron una protesta en su memoria con una caravana de autos frente a la fábrica. Aproximadamente diez trabajadores se presentaron, alternándose para conducir lentamente en frente de la entrada y pitando. Algunos tenían pancartas en las ventanas de sus autos. “Queremos seguridad para los trabajadores,” se leía en una pancarta. “No más muertes más por contagios.”
La muerte fue repentina, dijo una pariente que vive en la misma casa de la familia de Martínez. Murió en casa en las primeras horas del 13 de abril, según el Cook County Medical Examiner’s Office. (La oficina del forense del condado de Cook). Al menos un familiar más se enfermó, dijo la pariente. Todavía estaban en estado de shock y lamentando la pérdida.
La pariente recordó como Martínez se preocupaba de proteger a sus hijos de cualquier infección posible que pudiera traer del trabajo. Nada más entrar en la casa, se quitaba la ropa del trabajo y se bañaba. “No dejaba a sus hijos acercarse demasiado,” dijo la pariente. “Tenía miedo de abrazarlos.”
Duaa Eldeib y Jodi S. Cohen contribuyeron como reporteras.
Traducción por Carmen Méndez.
