Amberly Sánchez trabajaba como contadora en una empresa inmobiliaria de Albuquerque, Nuevo México, cuando fue despedida a causa de la pandemia. Luego, el edificio de apartamentos donde vivía quedó destruido por un incendio eléctrico, obligándola a alojarse junto con su hija Avery de 16 meses de edad, en un motel de US$400 dólares a la semana. Lo había perdido todo, desde los elementos esenciales para la crianza —cuna, zapatos de bebé, coche de juguete— hasta las cenizas de su propia madre.
Solicitó asistencia social en la primavera.
Sánchez, que tiene 33 años, esperaba algo más que una ayuda económica del estado, en parte porque sabía algo de la historia de la reforma de la asistencia social, una ley federal que se aprobó hace 25 años este verano. En vista del énfasis que la ley pone en que los beneficiarios de la asistencia social regresen a trabajar, dijo Sánchez, pensó que los funcionarios encargados la empujarían a conseguir un nuevo empleo: “En realidad, la idea era que me ayudaran con eso”.
En cambio, la asistente social del Departamento de Servicios Humanos de Nuevo México que la llamó al día siguiente, hizo hincapié en una pregunta inesperada: ¿quién era el padre biológico de la bebé Avery?
La asistente le informó que no podría obtener asistencia pública si no nombraba al padre de su hija.
“Fue realmente inflexible al respecto”, dijo Sánchez. “Era lo único de lo que quería hablar: el padre”.
En julio, Sánchez recibió por correo un formulario con el que se le notificaba que, si quería una pequeña asistencia —de $357 dólares al mes— para ayudar a pagar la cuenta del motel y reponer sus pertenencias, tenía que proporcionar información sobre el padre de su bebé. El formulario pedía todos estos datos del mismo: dirección actual y anterior; la dirección de su empleador; la marca, el modelo, el año, el color y el número de matrícula de su vehículo, y el estado en el que estaba registrado; número de cuenta bancaria; los bienes inmuebles u otros activos que pudiera tener; y, las direcciones de su madre, su padre y otros familiares y amigos. También le pidieron que proporcionara, bajo pena de perjurio, la fecha en la que creía haber quedado embarazada y por qué pensaba que esa fecha estaba correcta.
El estado de Nuevo México, de conformidad con la ley de reforma de la asistencia social de 1996, pretendía utilizar esa información para encontrar al padre y obligarlo a pagar la manutención de su hija; quedándose con una gran parte de la misma como reembolso por proporcionarle asistencia social a Sánchez.
Sin embargo, Sánchez tiene una frágil relación de crianza compartida con el padre de Avery y le preocupa que esta pudiera desmoronarse por una revelación de esta índole. Comentó que él viaja de otra ciudad a Albuquerque en automóvil la mayoría de los fines de semana para pasar tiempo con su hija, lo cual es una situación positiva por el momento. Está en recuperación por drogadicción y Avery ha comenzado a llamarlo “dada”.
Si Sánchez da su información a los agentes de manutención de menores, le preocupa que puedan suspenderle la licencia de conducir por no efectuar los pagos a tiempo, y eso podría impedirle que visitara a su familia. Sánchez teme que algo así podría provocarle una recaída.
Es una práctica que tiene profundas raíces en la historia de Estados Unidos: según las leyes de bastardía de la época colonial, una mujer pobre que diera a luz fuera del matrimonio podía ser encarcelada o azotada públicamente hasta que nombrara al padre de su bebé, o hasta que este se presentara para asumir el costo de la crianza de su hijo.
Más de dos siglos después, se incluyó un acuerdo legal similar, aunque menos violento, en la ley de 1996 con la que se actualizó el principal programa de asistencia monetaria para los pobres de Estados Unidos, que pasó a llamarse Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (Temporary Assistance for Needy Families, TANF). La nueva ley establece que, para obtener fondos federales contra la pobreza, los estados deberán ir tras los padres de los niños cuyas madres hayan solicitado asistencia social, con la intención de que paguen la manutención de los hijos al gobierno como reembolso de esos dólares de asistencia social.
El entonces presidente Bill Clinton dijo que esa disposición de la legislación, ahora tan olvidada, contribuiría a “la más amplia persecución de los padres morosos en la historia”.
Hasta la fecha, casi todos los padres que solicitan asistencia social federal (en la gran mayoría de los casos se trata de una madre soltera, y en este reportaje se hace referencia a las afectadas como “madres”), deben divulgar primero todo lo que saben acerca del padre biológico de sus hijos.
Para las madres que luchan en Nuevo México, un estado que a menudo ocupa el último lugar en Estados Unidos en materia de pobreza y bienestar infantil, este requisito federal significa que deben renunciar a la asistencia que necesitan desesperadamente para sus hijos, o bien, arriesgarse a complicar lo que a menudo ya son tensas, y a veces abusivas, relaciones con los padres, si es que están en contacto con ellos.
También significa que, al contrario de lo que se entiende en general sobre la manutención de menores —o sea, que está destinada a los niños—, más de $1,700 millones de dólares que se cobraron a padres en 2020 por concepto de manutención de menores, quedaron incautados por el gobierno federal y los gobiernos estatales como reembolso de la asistencia social que hubieran recibido las madres y los niños, según el análisis que realizó ProPublica de las estadísticas de la Oficina Federal de Cumplimiento de la Manutención de Menores. El año pasado, en medio de la pandemia se le retiró la manutención de menores a cerca de 3 millones de las familias más pobres del país por este motivo. (La mayoría de los demás casos de manutención de menores se inicia a través de un divorcio o de una acción judicial de la madre; en la mayoría de los casos en los que no está implicada una madre que haya recibido Asistencia Temporal para Familias Necesitadas, el dinero se destina a los hijos).
“Distorsiona el significado de la manutención de menores: se les pide a los padres que ‘mantengan a sus hijos’ y luego se les quita el dinero”, dijo Vicki Turetsky, que fue comisionada federal para la manutención de menores durante el gobierno de Obama y que, siendo ella misma madre, recibió asistencia pública en algún momento. “Le arruina a todos el propósito de la manutención de menores, y el propósito del gobierno”.
Durante la pandemia, el Servicio de Rentas Internas (Internal Revenue Service, IRS), y las agencias estatales de manutención de menores, llegaron incluso a redirigir fondos del estímulo que se habían destinado a los padres pobres, a los cofres del gobierno, con el argumento de que dichos padres debían manutención en nombre de una familia que había recibido asistencia social previamente. En un análisis realizado por ProPublica de las estadísticas de la OCSE, se muestra que, en 2020, el gobierno federal y los gobiernos estatales se embolsaron aproximadamente $684 millones de dólares adicionales por concepto de manutención de menores de parte de estos padres, comparados con 2019. De acuerdo con los expertos, eso se debe en gran parte a que se interceptaron los cheques de estímulo de los papás. Ninguna parte de ese dinero se destinó a las mujeres y los niños.
En virtud de la ley de reforma de la asistencia social, la financiación federal que los estados pueden gastar para brindar asistencia a los pobres también se congeló en los niveles de mediados de la década de 1990, y no se ha aumentado desde entonces para tomar en cuenta la inflación o los cambios en las tasas de población o de pobreza. Sin embargo, lugares como Nuevo México, Arizona y Nevada tienen hoy un aspecto muy diferente al de entonces, con un influjo de inmigrantes y jóvenes que casi ha duplicado la población de la región. El costo de vida se ha disparado y con ello las necesidades de las familias.
Aun así, la financiación de la asistencia social sigue siendo la misma, y, por ende, también se ha desplomado la ayuda que estos estados del suroeste pueden ofrecer por cada niño pobre.
Este otoño, dado que la pandemia y los planes de estímulo de la administración de Biden renuevan el interés por el tema de la asistencia directa en efectivo para los pobres, ProPublica volverá a examinar la ley de bienestar social en su 25º aniversario, investigando los estados en los que la disminución de la “subvención en bloque” de los fondos federales, y los cambios demográficos, han dado lugar a dinámicas perjudiciales y a veces extrañas para proporcionar —y luego retraer— el dinero para los pobres.
Más de una docena de madres de Nuevo México hablaron con ProPublica acerca de sus experiencias con la asistencia en efectivo, al igual que ex abogados del Departamento de Servicios Humanos y asistentes sociales que gestionaban solicitudes de asistencia social. Las madres describieron lo humillante que fue, y a veces hasta aterrador, estar en pequeñas salas de entrevistas con agentes estatales y ser interrogadas acerca de sus historias sexuales, tan solo para obtener una forma básica de ayuda gubernamental. A algunas se les exigió que sometieran a sus hijos a pruebas genéticas para recibir ayuda.
Otras temen la violencia doméstica o el maltrato emocional si nombran al padre ante las autoridades. Los asistentes sociales de varios estados compartieron instancias en que las madres dijeron que los padres habían amenazado con tomar represalias matando o secuestrando a la madre o a su hijo.
Un asistente social, que no está en Nuevo México, dijo en un correo electrónico que en un caso reciente un padre ausente le dijo a una mujer que solicitaba asistencia pública que, “si mencionaba su nombre alguna vez para cualquier cosa, esa sería la última vez que estaría en posibilidad de decir su nombre”.
Incluso, para muchas madres el daño es más sutil: los padres pueden tomar represalias reteniendo la ayuda informal, como dinero en efectivo, regalos para los niños o ayuda para su cuidado. O bien, una madre puede saber que su expareja está en una situación económica precaria, y que se arruinaría si el gobierno le embargara hasta el 65 % de su sueldo, y lo amenazara con la cárcel si no puede o no quiere pagar.
En agosto, el Departamento de Servicios Humanos de Nuevo México recortó la prestación mensual de Sánchez de $357 a $268 dólares por no cooperar con el programa de manutención de menores. Según muestran los documentos de su caso; la agencia podría reducir pronto la cantidad a cero.
“Entonces ¿quién sufre cuando se recortan las prestaciones? Los niños”, dijo Teague González, directora de prestaciones públicas del Centro de Derecho y Pobreza de Nuevo México. “Ese es dinero para el alquiler, la comida, pañales. Los niños no deben ser penalizados por lo que haga o deje de hacer uno de los padres”.
Betina McCracken, directora interina de la División de Cumplimiento de la Manutención de Menores del departamento, dijo en una entrevista que la ley federal exige esta práctica y que la agencia toma en serio las experiencias de las madres, sobre todo la violencia doméstica. Los casos de maltrato se señalan de inmediato para que los asistentes sociales puedan tratarlos con cuidado y confidencialidad, y la superviviente puede optar por no cumplir los requisitos de manutención de menores si presenta un informe policial o una orden de alejamiento; o, en su caso, una declaración jurada ante un notario que acredite el daño que sufriría si nombrara a un padre maltratador.
McCracken también destacó que si se establece un caso de manutención de menores, se puede seguir ayudando a la familia mucho más allá del tiempo en que la madre reciba asistencia. Una orden de manutención debe durar hasta que el menor cumpla los 18 años, mientras que una madre sólo puede recibir Asistencia Temporal para Familias Necesitadas durante unos cuantos años, debido a que la ley de reforma de la asistencia social de 1996 permitió que los estados establecieran plazos estrictamente limitados para recibir dicha prestación.
Además, señaló que identificar al padre puede conllevar beneficios perdurables para los niños, como un sentido de identidad familiar, acceso a información de antecedentes médicos y prestaciones del Seguro Social si el padre fallece.
En cuanto a las madres que se quejaron de la forma en que fueron interrogadas por el departamento, McCracken dijo que podía imaginar cómo se sentiría “si estuviera en esa situación y tuviera que explicar las veces que tuve relaciones sexuales, cuándo fue la última vez y con quién”. Sin embargo, también dijo que esos eran detalles esenciales para la tarea de establecer la paternidad biológica. “Reconocemos que no es una situación cómoda”.
Cuando recibió información de un promotor de derechos acerca de la opción de solicitar una exención de los requisitos, Sánchez presentó formularios en los que decía, en parte, que “no quiero arruinar la relación por conseguir una manutención”. La agencia respondió semanas después con una notificación que indicaba que, debido a su incumplimiento, “sus prestaciones serán menores o acabarían”.
McCracken dijo que las razones subjetivas por las que una madre podría no querer cooperar con el programa de manutención de menores para recibir ayuda —aparte de la violencia doméstica u otro riesgo de daño físico o emocional grave para ella o su hijo— no son legalmente válidas. Por ejemplo, las preocupaciones de Sánchez, de que el proceso pudiera destrozar su frágil dinámica familiar, no cumplen con la norma para optar por la exclusión, dijo McCracken.
La práctica de confiscar los pagos de manutención de menores de los pobres persiste, en parte, porque algunos responsables políticos creen que la asistencia social debe considerarse un préstamo que el patriarca de la familia debe devolver.
“Los legisladores me sugieren que si una familia recibe tanto Asistencia Temporal para Familias Necesitadas, como manutención de menores, “se estaría aprovechando de los beneficios de manera doble”, dijo Jim Fleming, presidente del Consejo Nacional de Directores de Manutención de Menores y presidente electo de la Asociación Nacional para el Cumplimiento de la Manutención de Menores. (Señaló que no hablaba en nombre de ninguno de los dos organismos). “Ese argumento sigue existiendo”, dijo Fleming, aunque “se está convirtiendo en una opinión cada vez más minoritaria”.
La práctica también ha sobrevivido porque el gobierno se beneficia de ella económicamente. La manutención de menores que se obtiene de estas familias es una fuente de ingresos crítica para muchos estados y condados, dijo Fleming, quien también es el director de manutención de menores de Dakota del Norte. Ese punto se repitió en las entrevistas con otros funcionarios estatales encargados de estos programas.
Sin embargo, en medio de la pandemia, muchos políticos están reimaginando la red de seguridad social estadounidense: desde los cheques de estímulo, hasta los créditos fiscales por los hijos, el enfoque de moda, basado en la investigación, ha sido el de hacer llegar el dinero directamente a las familias necesitadas sin ningún tipo de compromiso.
En el Congreso, un par de senadores demócratas presentarán este otoño un proyecto de ley que prohibiría a los estados, y al gobierno federal, embolsarse la manutención de menores como “recuperación de los costos” de la asistencia social. La legislación contiene algunos fondos federales adicionales para que las agencias estatales puedan implementar el cambio sin recortar sus presupuestos; en parte para ganar votos republicanos. Asimismo, incluye subvenciones para programas de matrimonio saludable y paternidad responsable.
“Creo que existe la posibilidad de contar con un apoyo bipartidista”, dijo el senador Chris Van Hollen de Maryland, quien presentará el proyecto de ley junto con el senador Ron Wyden de Oregón y el representante de Illinois, Danny Davis, en la Cámara de Representantes. “El enfoque del sistema actual es recaudar dinero para el gobierno en lugar de fortalecer a las familias, lo cual debería ser nuestro objetivo común”.
El suroeste ha sido un caso de estudio de las razones por las cuales la asistencia social no debía haberse convertido en una subvención en bloque, dicen los expertos.
Al comparar estados, en Nevada, por ejemplo, se vio un mayor aumento de niños pobres entre 1997 y 2015, y Arizona no se quedó atrás. Al mismo tiempo, los fondos de ayuda federal de esos estados, por niño pobre, disminuyeron en valor en más de un 50 % debido a la inflación y a los cambios demográficos, según el Centro de Presupuesto y Prioridades Políticas.
Para compensar por entregar una cantidad fija de fondos a estos estados, cuyo valor disminuiría con el tiempo, la administración de Clinton prometió a cada estado que tendría una mayor flexibilidad para utilizarlos libres de regulación federal. La implicación era que con una mayor discreción en cuanto a cómo abordar la pobreza, los estados innovarían y encontrarían formas de hacer más con menos.
La realidad es que ha ocurrido lo opuesto. Debido a que se han reducido sus bloques de financiación, los estados han recortado las cuantías de las prestaciones para los pobres y han establecido plazos cortos para que reciban asistencia. Además, al contar con una mayor flexibilidad, han gastado el dinero federal en programas no relacionados con ayuda directa para madres e hijos pobres, o han pedido a los padres, igualmente pobres, que devuelvan el dinero al gobierno.
La práctica de apoderarse del dinero de manutención de menores de estas familias ya existía, pero antes de 1996 se exigía que los estados enviaran a la familia por lo menos $50 dólares al mes de un pago de manutención de menores, antes de desviarlo a los cofres del gobierno. La ley de reforma de la asistencia social también permitía que los estados cortaran toda la ayuda a las madres, no sólo una parte, por no cooperar con el programa de manutención de menores. (Por lo menos 14 estados reducen las prestaciones de las familias en un porcentaje menor, a menudo el 25 %, por no cumplir con el programa de manutención de menores; Nuevo México se encuentra entre la mayoría que recorta el importe total en algunos casos).
Muchas madres de bajos ingresos en Nuevo México dijeron que recibieron ayuda solo unos cuantos meses debido a la frecuencia con la que se cortaron sus prestaciones por no responder con suficiente rapidez a algún correo enviado por el departamento de manutención de menores, o por no ausentarse del trabajo para asistir a una entrevista de manutención.
En agosto, de un total de aproximadamente 12,000 casos en todo el estado, fueron sancionadas1,974 familias que recibían Asistencia Temporal para Familias Necesitadas —lo que significa que sus prestaciones se redujeron o terminaron— por no cumplir con lo que los funcionarios de manutención de menores les pedían. Eso significa que, en tan solo un mes, aproximadamente una de cada seis madres e hijos fue penalizada económicamente en virtud de las normas de manutención de menores.
En especial durante la pandemia, el programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas ha fallado a las familias en parte “por la forma en que te sancionan por esta cosa tan personal”, dijo Micaela Baca, quien creció en un hogar de acogida y ahora mantiene a sus hijos en Albuquerque con un empleo de cuidadora en casa y en una residencia de ancianos, donde trabaja 16 horas diarias, seis días por semana. La asistencia social, añadió, “realmente podría mejorar nuestro estado y nuestra comunidad, y ayudar a alguien como yo a salir de la pobreza. Pero en verdad no lo está haciendo”.
Janel Ahle cursa actualmente una maestría en ingeniería biomédica en la Universidad de Nuevo México, y dijo que también ha estudiado antropología evolutiva, ruso y psicología. Con su apretada agenda académica, esperaba recibir alguna ayuda pública para pagar la guardería y otras necesidades de crianza de sus hijos, pero renunció a solicitarla porque, según dijo, “no quería pasar por el proceso de manutención de menores al haber observado que era como si el tipo que nunca había estado presente tuviera más derechos en el asunto”.
Ese era otro de los temores más comunes que expresaron las madres a las que se les pedía que nombraran a los padres para obtener ayuda: que un padre ausente, obligado a pagar la manutención, buscara rencorosamente la custodia o una mayor participación en las decisiones médicas y educativas del niño.
Karmela Martínez, directora de la División de Apoyo a los Ingresos del Departamento de Servicios Humanos de Nuevo México, y administradora de la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas, dijo en una entrevista que las sanciones impuestas a las madres pobres por no cooperar con el programa de manutención de menores son obligatorias en virtud de un estatuto de Nuevo México que se promulgó en cumplimiento de la ley de reforma de la asistencia social de 1996. Agregó también que cualquier cambio en el sistema de sanciones tendría que proceder de la legislatura estatal.
Martínez señaló también que la División de Cumplimiento de la Manutención de Menores es la parte del departamento que se encarga de determinar el cumplimiento o incumplimiento de las madres, y que, una vez que se descubre que son incumplidoras, las sanciones entran en vigor automáticamente a través de un sistema informático. En otras palabras, dijo, no es cosa de que cada asistente social de la División de Apoyo a los Ingresos tome decisiones subjetivas para castigar a las madres.
Nuevo México pasa aproximadamente la mitad del pago promedio mensual de manutención de menores a niños de casos de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas, según las estadísticas que proporcionó el departamento, aunque se queda con el resto. Algunos estados, como los cercanos Arizona y Nevada, confiscan el 100 % del dinero.
No obstante, Nuevo México se destaca en parte porque esta práctica perjudica a una población especialmente vulnerable en ese estado que tiene uno de los niveles de pobreza infantil más altos del mundo desarrollado.
En términos políticos, este es también un momento de mucha polémica en ese estado. De acuerdo con las entrevistas con madres, asistentes sociales del estado y expertos en políticas, Nuevo México endureció sus normas para la asistencia en efectivo bajo la gobernación de Susana Martínez, una republicana que hizo profundos recortes a los programas sociales. De hecho, esa aplicación estricta ha continuado en gran medida desde que asumió el cargo la gobernadora Michelle Luján Grisham, una demócrata que prometió en 2019 que acabaría con el hambre infantil en todo el estado. (Asimismo, ambas cámaras de la legislatura están controladas por los demócratas).
Angélica Rubio, representante del estado, ha planteado la cuestión de la manutención de menores al Departamento de Servicios Humanos en reuniones privadas, según las entrevistas con los presentes. Sin embargo, Rubio dijo a ProPublica que no “parecía haber mucho sentido de urgencia” y que las conversaciones fueron “bastante apresuradas y se sintieron como algo no prioritario”.
A principios de este mes, el departamento solicitó a la legislatura $1.7 millones de dólares en fondos adicionales para cubrir el déficit presupuestario que, según se dijo, se produciría si se enviaran más pagos de manutención a las familias en lugar de interceptar el dinero, una reforma que la oficina de la gobernadora Luján Grisham dijo apoyar. No obstante, McCracken, la directora interina de manutención de menores, dijo que los funcionarios de la agencia aún siguen estudiando sus opciones y no pueden, por razones fiscales, llegar a dejar que toda la manutención de menores fluya hacia las madres y los niños.
Tampoco hay garantía de que se apruebe la solicitud de más fondos; la legislatura estudiará el nuevo presupuesto hasta enero.
Tripp Stelnicki, director de comunicaciones de la gobernadora Luján Grisham, dijo en un correo electrónico que la administración “...logra a diario importantes beneficios para las familias de todo Nuevo México sin excesivas sanciones, restricciones y requisitos”. También señaló que la gobernadora trabajó recientemente para aprobar una legislación que modernizaría el sistema estatal de manutención de menores con el objetivo de hacer llegar más dinero a los niños.
La raza siempre ha marcado la relación entre la asistencia social y la manutención de menores.
A principios del siglo veinte, las ayudas económicas estatales y locales para las madres solteras —a menudo denominadas “pensiones para madres”— estaban disponibles más que nada a las mujeres blancas viudas, no a las mujeres negras o las madres solteras. A medida que las listas de asistencia social se diversificaban en las décadas de 1940, 1950 y 1960, muchos estados adoptaron mandatos de “hombre en casa”, con los cuales se reducía la ayuda a las mujeres si en su hogar vivía un hombre que no fuera el padre de sus hijos; estos mandatos se hacían cumplir con mucha mayor frecuencia en el caso de las madres negras.
En 1975 se creó el programa federal de manutención de menores con el propósito explícito de que los padres devolvieran al gobierno las ayudas públicas que habían recibido las madres.
“No es una coincidencia que la manutención de menores se federalizara en la década posterior al movimiento por los derechos civiles, es decir, en la década después de que empezaran a extenderse a las mujeres negras todos estos bienes públicos, incluida la asistencia social”, dijo Daniel L. Hatcher, experto en pobreza de la Facultad de Derecho de la Universidad de Baltimore. “No obligamos a las mujeres solteras de clase media o más ricas que hayan recibido servicios del gobierno, o exenciones fiscales de un tipo u otro, a reclamar la manutención de los hijos al padre si no quieren”.
Curshelle Vann, otra madre de Albuquerque, dijo que el gobierno “te degrada” al ir tras la manutención de los hijos para devolver la asistencia social, especialmente si eres negra, hispana o nativa americana.
“No pensé que fueran a ser tan desagradables con lo del padre”, dijo Vann, quien es negra. “Si no sé dónde trabaja ni nada de eso, no deberían cortar el dinero para mis hijos”.
El estigma en torno a las opciones sexuales de las madres solteras sigue siendo omnipresente en la oficina de asistencia social, dijo Georgette Cooke, que comentó no saber quién es el padre de su hijo. “Mire, fue una aventura de una noche. No sabía que me iba a embarazar”, agregó. “Pero sigo siendo yo quien tiene que mantener a mi hijo”.
Cooke dijo que consideró la posibilidad de mentir a los funcionarios de Nuevo México, diciéndoles que el padre era “Tom Cruise, o algo por el estilo”.
Dijo que el Estado le cortó toda la ayuda, dinero que estaba usando para pañales y toallitas, por no cooperar con los funcionarios en sus intentos de nombrar al padre.
McCracken, la directora de manutención de menores, dijo que desconocer la identidad del padre no es razón de buena causa para no cooperar con el programa de manutención de menores; aunque, mientras la madre siga comunicándose con los agentes del mismo en lo que lo buscan, el departamento podría dejar de requerir su participación después de seis meses o un año al no encontrarlo.
Robert Doar, presidente del American Enterprise Institute, un centro de estudios conservador, era el responsable del programa de manutención de menores del estado de Nueva York cuando se aprobó la reforma federal de la asistencia social. Señaló que, debido a los estrictos requisitos de empleo de la ley de 1996, y a la consiguiente reducción de la asistencia en efectivo, la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas se ha convertido en un programa tan pequeño que la cuestión de la manutención de menores afecta a muchas menos madres y niños que antes.
“Quizá haya que acabar con esta práctica que ya está en las últimas”, comentó, aunque añadió que sigue habiendo una razón legítima para que exista: “cuando uno de los padres necesita ayuda del gobierno porque el otro padre no le mantiene... es perfectamente lógico decir a ese padre ausente: ‘Oye, espera un momento, deberías devolvernos el dinero’”.
Doar dijo que exigir que las madres cumplan con las pautas de manutención de menores, incluso en contra de su voluntad, les puede ser beneficioso a largo plazo. Les permite seguir recibiendo la manutención de sus hijos incluso después de que su asistencia social sea devuelta al gobierno, y sin tener que navegar por su cuenta por el laberíntico sistema de tribunales de lo familiar, lo cual incluye pagar un abogado y las cuotas del tribunal.
Sin embargo, entre muchos funcionarios encargados de la manutención de menores, las actitudes en torno a la ayuda monetaria siguen evolucionando.
En 2017, Colorado, otro estado vecino de Nuevo México, implementó una nueva ley que permite que todos los pagos mensuales de manutención de menores que hagan los padres se “pasen directamente” a sus hijos, sin que sean interceptados por el gobierno.
Los resultados han sido claros. Las investigaciones muestran que, cuando los padres saben que su dinero llegará a sus hijos, pagan más, pagan más a menudo y pagan a través del sistema oficial de manutención de menores, en lugar de enviar dinero en efectivo a las madres cada vez que tienen algo. También se ha demostrado que es más probable que mantengan su empleo en lugar de trabajar en la economía sumergida y que reconozcan formalmente la paternidad de sus hijos.
En los dos primeros años posteriores a la promulgación de la ley de Colorado, las familias pobres del estado recibieron $11.7 millones de dólares más por concepto de manutención, y los cobros mensuales se dispararon en un 76 % en los casos actuales de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas. Los condados de Colorado, que en un principio se resistían al cambio de política porque pensaban que haría mella en sus presupuestos, ahora lo apoyan porque cada vez hay más padres que cooperan con ellos, dijo el director estatal de manutención de menores, Larry Desbien.
La investigación también deja claro que permitir que la manutención de los hijos fluya a las familias hace que las madres con bajos ingresos tengan más probabilidades de trabajar, porque pueden costear el cuidado de los niños. Asimismo, cada dólar que se destina a las madres y los niños ahorra al gobierno mucho más en el futuro, cuando será menos probable que dependan de programas sociales como los cupones de alimentos y Medicaid.
Por último, varios expertos afirmaron que perseguir la manutención de menores para recuperar la asistencia social es rentable para el gobierno solo en los márgenes. Eso se debe, en parte, a que los padres de los casos de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas suelen también ser pobres, y perseguir sus pagos puede requerir localizarlos, llevarlos a los tribunales o encarcelarlos a costa de los contribuyentes.
Sin embargo, el Departamento de Servicios Humanos de Nuevo México, y muchos otros en todo el país, siguen presionando a las madres solteras pobres para que cedan sus derechos de manutención al estado y así mantener ese goteo de ingresos.
Cuando Alyssa Davis, residente en Albuquerque, solicitó asistencia pública para ella y su bebé, Zeppelin, no esperaba que la molestaran con los requisitos de manutención de menores porque tenía una relación comprometida con el padre. (Actualmente ya están casados).
Dijo que sus interacciones con el Departamento de Servicios Humanos empezaron siendo amistosas, pero se volvieron contenciosas cuando mencionó que el padre no era, de hecho, un moroso. “No se lo tomaron muy bien”, dijo Davis. Agregó que un asistente social trató de hacerle decir que el padre no estaba tan involucrado como ella afirmaba, para que el estado pudiera reclamarle la manutención de los hijos y recuperar lo que ella había recibido como asistencia.
“Es como si quisieran que no fuéramos una unidad familiar”, agregó, “lo que me pareció lo contrario de lo que se supone que es todo esto del bienestar social”.
