Al no haber logrado persuadir a la mayoría de los electores estadounidenses, la campaña de reelección del presidente Donald Trump está ahora llevando su caso ante los tribunales del país. Pero la campaña y sus aliados no han avanzado en este intento mucho más que en el primero. Cerca de la mitad de las dos docenas de casos presentados en los principales estados decisivos desde el día de las elecciones ya han sido retirados o desestimados por los jueces y los demás parecen destinados a una suerte similar. La política estadounidense puede estar muy polarizada, pero en las salas de justicia parece prevalecer un ejemplo de unanimidad: independientemente de que los jueces sean liberales o conservadores, que presidan en los tribunales estatales o federales, han exigido mayoritariamente que Trump y los demandantes republicanos presenten pruebas que respalden sus reclamaciones y han rechazado con prontitud lo que consideran demandas infundadas.
Ha emergido un patrón en medio del aluvión de demandas: la búsqueda frenética de un juez simpatizante. En cada uno de los cuatro estados -Pennsylvania, Michigan, Nevada y Arizona-, la campaña de Trump y sus aliados han presentado una serie de peticiones legales que formulan esencialmente las mismas reclamaciones ante diferentes jueces estatales y federales.
En poco más de una semana de ola de litigios postelectorales, las demandas de la campaña de Trump han generado mucho ruido y pocas nueces. El Partido Republicano ha obtenido algunas victorias menores, como, por ejemplo, la orden de un juez del estado de Pennsylvania que descartó un puñado de boletas con información faltante de electores a los que se les había concedido más de seis días después de las elecciones para que completaran los datos requeridos.
En general las cosas no están marchando de acuerdo con el plan de la campaña de Trump, en la medida en que se pueda discernir algún plan legal coherente a partir del patrón de las demandas. En Michigan, por ejemplo, donde el margen actual de 148,000 votos a favor de Biden hace que las probabilidades de una revocación sean particularmente escasas, la campaña de Trump y otras entidades republicanas han presentado un total de cinco demandas. En cambio en Wisconsin, donde el margen de 20,500 votos es mucho menor, solo se ha presentado una, el jueves, por un grupo externo pro-Trump.
Aun así, el fracaso no ha frenado el ritmo de las impugnaciones legales, que pueden parecer caóticas. Una demanda presentada en Michigan fue expedida aparentemente con tal rapidez que se presentó inicialmente en el tribunal federal equivocado -el de reclamaciones- antes de ser presentada nuevamente el mismo día en el tribunal federal de distrito.
Una nueva demanda iniciada el miércoles por la campaña de Trump en la corte federal de Michigan ha llegado hasta el punto de adjuntar otra demanda completa -un documento de 77 páginas-, presentada por un par de observadores electorales republicanos dos días antes en la corte estatal de Detroit. Ambas demandas piden a los tribunales que bloqueen la certificación de la elección presidencial de ese estado. Alegan irregularidades y fraudes generalizados por parte de los funcionarios electorales que presuntamente impidieron a los observadores republicanos llevar a cabo la supervisión de la votación. Las demandas están respaldadas por docenas de declaraciones juradas que contienen mucha retórica, pero poco fundamento factual. Estas se basan además en otro par de demandas con alegaciones similares, que fueron desestimadas el viernes pasado por dos jueces estatales distintos debido a falta de pruebas. Uno de los jueces, Timothy Kenny, fue asignado para presidir el nuevo pleito presentado esta semana ante el tribunal estatal.
“A estas alturas, ya lo hemos visto antes y lo estamos viendo en diversos lugares\", le dijo David Fink -quien representa a la ciudad de Detroit y a otros demandados municipales en ese caso- al juez Kenny durante una vista judicial el miércoles por la tarde. “En cierto modo, esto empieza a percibirse, al menos en esta sala, como [la película] el Día de la Marmota\", dijo refiriéndose al largometraje de ficción de 1993.
Durante una conferencia telefónica con periodistas, también el miércoles, la principal funcionaria judicial de Michigan, responsable de investigar las acusaciones de fraude electoral, dijo en voz alta lo que Fink insinuaba. “En mi opinión, este es realmente un caso desvergonzado de búsqueda de un foro\", afirmó la procuradora general Dana Nessel, quien es demócrata, refiriéndose a la práctica legal de escoger el tribunal o jurisdicción que tiene las reglas o leyes más favorables a la posición del litigante. Aunque la nueva demanda federal de la campaña de Trump se centra en Detroit, Nessel observó que no se presentó en el distrito este de Michigan -el tribunal federal cuya jurisdicción abarca Detroit- sino en el distrito oeste, donde sus cinco jueces fueron nombrados por presidentes republicanos. El abogado contrapuesto a Fink en Michigan, David Kallman, dijo durante la vista judicial del miércoles que ni él, ni su bufete de abogados, ni sus clientes tenían participación alguna en otras demandas republicanas. En una entrevista con ProPublica, Kallman calificó las acusaciones de búsqueda de un foro en su caso como “simplemente tontas\". Aseguró que no está en coordinación con la campaña de Trump ni con el Comité Nacional Republicano y que no buscó el caso, sino que decidió tomarlo después de que un trabajador electoral de Detroit se le acercó.
Una maniobra similar se ha producido en Arizona, donde dos casos casi idénticos centrados en el presunto trato injusto hacia los rotuladores Sharpie usados por los votantes de Trump en los distritos electorales de la zona de Phoenix estuvieron trabados varios días en procedimientos judiciales fallidos hasta que los abogados republicanos parecieron conseguir por fin que ambos casos se consolidaran bajo el juez que ellos preferían.
Thor Hearne, el abogado de la campaña de Trump al frente de la demanda federal de Michigan, presentada el miércoles, y un propagandista de larga data que sostiene que el fraude electoral está desenfrenado en el país, llevó este tipo de tácticas un paso más allá y buscó un juez específico. Hearne designó la demanda federal como “relacionada” con otra que había sido presentada en junio. La designación de “relacionada” permite asignar el mismo juez a ambos casos. Denominar al nuevo caso y al caso de junio como relacionados -lo que significa, según la normativa local del tribunal, que los hechos subyacentes se superponen y que los casos comparten cuestiones legales similares- es, cuando menos, una exageración. La demanda de junio tenía como fin exigir a los funcionarios de Michigan que eliminaran a 800.000 votantes registrados de las listas estatales en virtud de una ley federal de registro de electores. No tiene nada que ver con la forma en que se llevó a cabo la elección de 2020. Pero el motivo del interés de Hearne por conseguir que se designara al juez que presidió el caso de junio, un letrado nombrado por George W. Bush llamado Robert Jonker, es bastante fácil de discernir: el mes pasado, Jonker negó una petición de los funcionarios estatales para desestimar el caso de la purga de electores. La maniobra falló. El jueves, el tribunal consideró que los casos no estaban relacionados y asignó al azar la demanda de Hearne a otro juez. (Hearne no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios al respecto.)
Los jueces han expresado en reiteradas ocasiones su irritación con Hearne y con otros abogados que han estado de parte de Trump. La semana pasada, una jueza de Michigan tuvo que instruir a Hearne sobre lo que significa un testimonio de oídas. La jueza Cynthia Stephens facilitó esta útil definición: “Escuché a otra persona decir algo\", antes de añadir, en relación con una de las principales alegaciones de Hearne: “Dígame por qué eso no es un testimonio de oídas. Venga, ya\". En una vista de urgencia en Filadelfia solicitada por la campaña de Trump, un juez federal se exasperó con un abogado de la campaña local, Jerome Marcus, quien no le daba una respuesta directa sobre la presencia de observadores republicanos en el centro de escrutinio electoral de la ciudad. (Los documentos legales presentados por Marcus afirmaban que se les prohibía observar el proceso.) Marcus admitió que un “número no cero de personas” estaban allí en representación de los republicanos. “Le pregunto, como miembro del colegio de abogados de este tribunal, ¿hay gente representando a Donald J. Trump para presidente, que representan al demandante, en la sala de ese centro?” dijo el juez, Paul Diamond. Marcus respondió: “Sí\". A lo que Diamond replicó como un latigazo: “Lo siento, ¿entonces cuál es su problema?\".
En un suburbio cercano a principios de esta semana, otro juez que interrogaba a Jonathan Goldstein, un abogado que representa a la campaña de Trump, le obligó a admitir que las 592 boletas que impugnaba no estaban contaminadas por fraude ni influencia inapropiada. “Su Señoría, acusar a la gente de fraude es algo bastante grave\", dijo Goldstein. El abogado no abordó el hecho de que su cliente, el presidente de los Estados Unidos, hace sistemáticamente esa misma acusación en Twitter.
El jueves, en una vista del caso de Arizona sobre los rotuladores Sharpie, también fue difícil identificar exactamente qué irregularidades habían ocurrido según el bando de Trump. “Esto no es sobre fraude\", le dijo a un juez Kory Langhofer, un abogado local de la campaña de Trump. La demanda se basaba, en parte, en la idea de que los Sharpie y el error de los trabajadores electorales le habían costado el voto a un montón de partidarios de Trump. Las declaraciones juradas de los testigos, presentadas junto con la demanda, incluían la frase: “Creo que mi voto por Donald J. Trump y Michael Pence no fue contado\". Sin embargo, en el interrogatorio judicial, los testigos contaron una historia distinta. El estribillo se volvió familiar hacia el final de la audiencia de seis horas. Pregunta de un abogado del Partido Demócrata de Arizona: “¿Tiene alguna razón para creer que su voto no fue contado?\". Respuesta de un testigo de la campaña de Trump: “No\". El viernes, Langhofer admitió en los documentos judiciales que su caso sobre la elección presidencial era discutible. (Todavía sigue insistiendo con una parte separada de la demanda relacionada con las elecciones al senado estatal). El margen de victoria de Biden excedió ampliamente las 191 boletas cuestionadas en ese caso.
Incluso cuando los representantes de Trump detectaron supuestas irregularidades, estas tendían a esfumarse al ser colocadas bajo la lupa. Un abogado de dos observadores electorales republicanos en la vista del miércoles en Detroit presentó las declaraciones juradas de varios testigos sobre lo que consideraban un fraude en el principal centro de escrutinio electoral de Detroit. El juez Kenny resumió así el patrón alegado por dichos reclamos: “Esto es lo que vi, y la conclusión es que debe ser representativo de un comportamiento fraudulento\". Por ejemplo, los trabajadores electorales del centro de convenciones nunca comprobaron las firmas de las boletas de votación por correo, de acuerdo con lo que afirmaron algunos testigos. Esto demostraba, según han dicho el presidente Trump y sus representantes desde hace meses, que la votación por correo era propicia al fraude. Otros vieron a los trabajadores electorales introducir el 1 de enero de 1900 como la fecha de nacimiento de algunos votantes. Los muertos, concluyeron, estaban votando en Detroit.
La ciudad rebatió esa acusación. Puede que hayan visto lo que dicen haber visto, pero la conclusión a la que llegan es incorrecta, aseveró en un testimonio escrito Chris Thomas, ex director de elecciones estatales que abandonó su jubilación este año para ayudar a Detroit a llevar a cabo sus elecciones. Las firmas de las boletas de votación por correo fueron revisadas en un lugar distinto, antes de llegar al centro de convenciones. Y la fecha de 1900 era un texto de relleno sin valor. Los trabajadores electorales que contaban las boletas de votación por correo no tenían acceso a las fechas de nacimiento de los electores, algo que el sistema de tabulación computarizada les exigía ingresar, por lo que colocaron la fecha del 1 de enero de 1900.
Sólo dos días después de la audiencia, el juez dictó un fallo demoledor en contra de los partidarios de Trump. Kenny se negó a impedir que el estado certificara los resultados de las elecciones y a ordenar una auditoría. Las declaraciones juradas de los observadores republicanos y otros testigos estaban, según describió en su propia declaración jurada, “plagadas de especulaciones y conjeturas sobre motivos siniestros” de los trabajadores electorales, afirmaciones que los observadores plantearon sólo después de que quedó claro que su candidato preferido, Trump, no ganaría en Michigan. Los observadores republicanos no asistieron a una sesión de capacitación previa a la elección y malinterpretaron lo que vieron porque “conocían poco sobre el proceso\".
Hay pocos indicios de que el más reciente pleito en pro de Trump (hasta el momento de publicación de este artículo) tenga mejores perspectivas. El jueves, tres electores de Wisconsin, respaldados por un controversial grupo conservador de Texas llamado True the Vote, presentaron una demanda en la que solicitaban a un juez federal que impidiera a los funcionarios electorales certificar los votos en tres condados favorables a Biden en lugar de Trump. (El grupo ha presentado demandas similares en Michigan, Georgia y Pennsylvania.) Según el documento legal, los “demandantes poseen una capacidad técnica avanzada para llevar a cabo análisis estadísticos” y quieren que los funcionarios les proporcionen una serie de datos sobre los votos para analizarlos. Sin embargo, cuando ProPublica entrevistó a James Bopp, un abogado de Indiana que representa a los demandantes, este contradijo el documento que presentó. “Ninguno de los demandantes tiene las credenciales o los recursos para realizar una operación de análisis de datos muy sofisticada\", expresó. Bopp espera que True the Vote, que no participa en la demanda, pueda llevar a cabo el análisis.
Aun si la campaña de Trump lograra revertir su suerte legal, las cantidades de votos cuestionados por la mayoría de las demandas postelectorales están muy por debajo de las cifras necesarias para modificar el resultado de la elección. La campaña no ha encontrado pruebas del tipo de irregularidades generalizadas que necesitaría que aparecieran en al menos tres estados para tener la oportunidad de reducir los presuntos 306 votos electorales de Biden por debajo del umbral de 270 y cambiar la elección a favor de Trump. Los márgenes de Biden en los estados clave para su victoria oscilan entre los casi 148,000 votos de Michigan, los 59,000 (y más) de Pennsylvania y los 35,000 de Nevada, hasta los 11,000 de Arizona, cifra que podría reducirse, pero que se prevé que permitirá a Biden anotarse el estado.
Las raras elecciones en las que las impugnaciones a las boletas electorales marcan una diferencia tienden a ser drásticamente más pequeñas y suelen implicar una conspiración no en el sentido teórico planteado por las demandas de Trump sino en el sentido penal. En 2018, la junta electoral del estado de Carolina del Norte ordenó una revocación en la contienda por el 9º distrito del congreso del estado después de que se descubriera que un operativo local que trabajaba para el candidato republicano, Mark Harris, había perpetrado un plan de fraude electoral. Harris ganó por sólo 905 votos de los 278,000 emitidos en las elecciones de 2018 y decidió no postularse a una nueva elección ordenada en 2019 a causa del escándalo. (El escaño fue ganado por otro candidato republicano). Hace más de dos décadas, un tribunal de Florida rechazó 5,200 boletas de votación en ausencia emitidas en la segunda vuelta de las elecciones para alcalde de Miami en 1997, luego de que se descubriera que un fraude masivo había infectado el cúmulo de boletas de manera tal que tuvieron que ser invalidadas. Fue un suceso inusual por el cual cambió el resultado de una elección. Menos de 3,000 votos separaban a los candidatos, de unos 44,000 emitidos, y la mayoría de las personas involucradas en el plan de fraude habían trabajado para el candidato que inicialmente parecía haber ganado. En ambos casos se presentaron cargos judiciales.
A medida que se aproximan las fechas límite clave de finales de noviembre y principios de diciembre, la campaña de Trump y sus aliados también se han vuelto más insistentes en lo que piden a los jueces. En las demandas presentadas durante la pasada semana en Michigan, Wisconsin, Georgia, Arizona y Pennsylvania, han solicitado impedir que los funcionarios estatales certifiquen los resultados de las elecciones hasta que se resuelvan las inquietudes de los demandantes o que se ordene a los funcionarios electorales excluir las boletas emitidas a favor de Biden en condados enteros. Hasta el jueves por la tarde, no había ningún indicio de que los jueces concederían alguna de esas peticiones.
En los estados decisivos con resultados reñidos, los recuentos le ofrecen otro recurso a Trump. En Georgia, donde Biden tiene una ventaja de 14,000 votos, el secretario de estado republicano, Brad Raffensperger, anunció un inusual recuento manual después de ser presionado por miembros de su propio partido. (Un artículo de The New York Times del jueves afirmó que el nuevo conteo de votos sería técnicamente una auditoría.) Aunque es probable que en Arizona se reporte el margen más estrecho de votos, el estado hará un recuento sólo si la brecha entre Biden y Trump es de menos de 0.1 puntos porcentuales. Actualmente, Biden lleva una ventaja de poco más de 0.3 puntos porcentuales con 11,000 votos y tendría que disminuir a entre 3,000 y 4,000 votos para activar un recuento. La semana pasada, la campaña de Trump anunció su intención de solicitar otro recuento, en Wisconsin, una vez que se finalice la tabulación de votos. La ventaja de 20,500 votos de Biden -que representa un margen de 0.6 puntos porcentuales- está dentro del margen de un punto, requerido para un nuevo conteo de boletas. Pero dado a que es superior a un cuarto de punto porcentual, la campaña tendrá que pagar unos $3 millones de dólares por hacerlo.
Es poco probable que valga la pena. El margen de Biden en Wisconsin es similar al que tuvo Trump sobre Hillary Clinton en 2016, y un recuento ese año pagado por la candidata del Partido Verde, Jill Stein, no tuvo un impacto significativo en el resultado: logró 131 votos adicionales para Trump. En el controversial recuento de votos de Florida en 2000, hubo un poco más de margen, pero no lo suficiente como para cambiar el resultado: 1,784 votos separaban inicialmente a Bush y Al Gore, y el recuento se certificó finalmente con una diferencia de 537 votos después de que la Corte Suprema de EEUU detuviera el proceso. Estudios posteriores determinaron que había una alta probabilidad de que Bush hubiera ganado igualmente de haberse continuado el recuento. (También cabe señalar que, a pesar de toda la controversia sobre el papel de la Corte Suprema en el 2000, la decisión fue detener el recuento en un solo estado. El tribunal no anuló los resultados de las elecciones en ningún estado, ni mucho menos en varios estados, que es lo que necesitaría seguramente Trump para ganar.)
Si es improbable que las impugnaciones y los recuentos cambien el rumbo de la elección a favor de Trump, ¿qué sentido tiene toda esta litigación? No está claro, y puede ser que no haya un único motivo que lo impulse. Algunos reportes han sugerido que se trata del último coletazo de un presidente que no puede soportar perder. Otros creen que el objetivo es mantener a la base de partidarios republicanos enardecidos de cara a las dos campañas de desempate del 5 de enero en Georgia, que determinarán cuál partido controlará el Senado.
Dadas las continuas solicitudes de donaciones por parte de la campaña de Trump, otros han señalado el valor que tienen los pleitos legales para impulsar la recaudación de fondos. Es revelador que la letra pequeña indique que el 40% de las donaciones al “Fondo Oficial de Defensa de las Elecciones” de Trump se destinará al Comité Nacional Republicano (RNC). El restante 60% será destinado a Save America, un nuevo comité de acción política (PAC, por sus siglas en inglés) que Trump ha creado, hasta alcanzar la máxima contribución de $5,000 dólares. Sólo después de que se supere ese límite, la donación se destinará a financiar el litigio electoral. Por lo tanto, de una donación de $10,000, por ejemplo, $4,000 irían al RNC, $5,000 a Save America, y sólo $1,000 serían destinados al fondo de litigación de la campaña de Trump.
El objetivo, al menos en parte, es conseguir que los jueces impidan que los estados certifiquen sus votos populares antes de los plazos establecidos, según un informe del Wall Street Journal que citó a los “asesores y abogados participantes\". Las demoras en la certificación podrían impedir que los estados finalicen los resultados de sus elecciones presidenciales para el 8 de diciembre, fecha límite crucial según la Ley de Conteo Electoral federal. Si un estado ha certificado sus resultados electorales para esa fecha -seis días antes de que los electores de cada estado se reúnan para emitir su voto para presidente- esto generalmente impide que el Congreso rechace a los electores de ese estado.
Muchas cosas extrañas pueden ocurrir cuando el Congreso se reúna el 6 de enero para contar los resultados de la votación del Colegio Electoral, ya que las leyes pertinentes al proceso son ambiguas y no se han puesto a prueba. Basta decir que los estados no quieren incumplir el plazo del 8 de diciembre. La Constitución da a las legislaturas estatales el poder de decidir cómo un estado selecciona a sus electores, y en teoría una legislatura podría intervenir y votar por una lista de electores que daría su voto a Trump, aunque Biden haya ganado el voto popular en el estado o viceversa. Esto plantearía un peor escenario para Biden que para Trump. Aparte de Nevada, las legislaturas de los estados imprescindibles para asignar la mayoría a Biden en el Colegio Electoral están bajo el control de los republicanos. También hay escenarios en los que un estado podría certificar listas de electores rivales. Se puede convertir en algo confuso y complicado rápidamente.
En el peor de los casos, si la situación acabara en tal lío que ni Biden, ni Trump recibieran 270 votos del Colegio Electoral, la 12ª Enmienda de la Constitución de EEUU remitiría la decisión a la Cámara de Representantes, otorgando un voto a cada delegación estatal, lo que supondría una serie de circunstancias que favorecerían a los republicanos.
La amenaza de las legislaturas estatales activistas no es tan aterradora como podría parecer a los demócratas. Es un proceso políticamente tenso y legalmente complicado para una legislatura privar a sus ciudadanos del derecho a voto después de haberlo ejercido, aunque la legislatura de Florida lo consideró ante al recuento prolongado del 2000. Y no hay ninguna señal de que las legislaturas se estén moviendo en esta dirección. En Pennsylvania, por ejemplo, los líderes de la mayoría republicana de ambas cámaras han desautorizado ese tipo de intervención. Los legisladores republicanos de Michigan, Wisconsin y Pennsylvania han anunciado investigaciones sobre las elecciones presidenciales en sus estados, pero, aunque estas investigaciones pueden servir de pretexto para impulsar leyes de votación más restrictivas, no hay razón todavía para creer que sean una excusa para intervenir y anular una elección presuntamente ilegítima.
Aun así, vale la pena tener en cuenta -como parecería que al menos algunos en la órbita de Trump están haciendo- que el margen para trastadas aumenta si un estado corre el riesgo de no cumplir, o incumple, con la fecha límite del 8 de diciembre. Si es el tipo de escenario por el que apuestan Trump y sus aliados, esa es la fecha que tienen en la mira.
