Al finalizar el pasado lunes, el gobierno estadounidense deportó a una testigo crucial de una investigación en curso relacionada con alegatos de agresión y hostigamiento sexual en un centro de detención de inmigración de El Paso, Texas, dijeron los abogados de la testigo.
La mujer, de 35 años, estuvo detenida en esas instalaciones supervisadas por la oficina de Cumplimiento de Inmigración y Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE), durante aproximadamente un año. También informó a sus abogados que en ese lugar existe “un patrón y una práctica” de abuso y que los guardias la agredieron sexualmente en forma sistemática (y también a otras detenidas), en áreas fuera de la vista de las cámaras de seguridad.
De acuerdo con la queja que presentó ante las autoridades del orden público, varios guardias la besaron “por la fuerza” y por lo menos uno de ellos le tocó sus partes íntimas, a menudo cuando regresaba de la unidad de atención médica a su dormitorio.
Indicó que uno de los guardias le había dicho que “si se portaba bien, él la ayudaría a que la dejaran salir”.
La Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional, inició una investigación de las acusaciones después de que ProPublica y The Texas Tribune las revelaran por primera vez el mes pasado. Desde entonces, por lo menos otras dos mujeres presentaron alegatos de agravios similares.
Los abogados de esta mujer indicaron que el inspector general solicitó que ICE no la deportara, y que el FBI la había entrevistado de manera extensa. Los abogados también enviaron una queja a la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito Oeste de Texas, así como a la Oficina del Fiscal del Condado de El Paso, para advertir que se podría efectuar una investigación penal al respecto.
Esas dependencias del gobierno no contestaron inmediatamente las solicitudes de comentarios.
Jeanette Harper, portavoz de la oficina del FBI en El Paso, dijo que las políticas de la agencia le impiden hacer comentarios acerca de una investigación que sigue en curso. Asimismo, señaló que, en estos momentos, el encargado de los alegatos en cuestión es el Inspector General de Departamento de Justicia, dependencia que supervisa las acusaciones relacionadas con los derechos civiles. Esa otra oficina no devolvió inmediatamente la llamada que se hizo para pedir comentarios.
El viernes pasado, los abogados presentaron una petición de hábeas corpus ante un tribunal federal, para solicitar que la mujer fuera puesta en libertad bajo supervisión y permaneciera en un albergue de inmigrantes en El Paso.
En una entrevista, también indicaron que, después de haberlos acusado, tanto los guardias como los reclusos le habían hecho comentarios intimidantes a la mujer y que ella se sentía insegura.
Los abogados añadieron que la mujer acompañó a los investigadores en un recorrido por las instalaciones para mostrarles los lugares donde ocurrieron los agravios, los cuales quedaban fuera de las cámaras de seguridad. Poco después repitió lo que uno de los guardias le había dicho: “tienes que cuidarte”.
“Todos saben lo que sucedió y eso hizo que las cosas se volvieran muy difíciles para ella”, dijo su abogada, Linda Corchado.
Los abogados añadieron que tres días después de haberse presentado la petición de hábeas corpus, el inspector general del DHS revirtió su postura inicial y le informó a ICE que podía deportar a la mujer, añadiendo que, si era necesario, los investigadores la entrevistarían por teléfono estando ella en México.
La transportaron pocas horas después, aunque ella haya dicho que temía que la persiguieran los carteles de narcotraficantes de ese lugar. Las declaraciones que presentó ante el gobierno estadounidense dicen que un alto miembro de un cartel la agredió sexualmente y la amenazó cuando lo denunció ante la policía.
El gobierno “permitió que deportaran a la testigo más importante”, dijo Corchado. “ Ahora, ¿cómo podemos tomar en serio esta investigación, o incluso pretender que haya sido formal desde un principio?
Ranjana Natarajan, quien dirige la Clínica de Derechos Civiles de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas en Austin y presentó la petición de hábeas corpus, indicó en un correo electrónico que la decisión del gobierno era “extremadamente decepcionante”.
La mujer renunció a su derecho de apelar su deportación en julio, mucho antes de que los alegatos se dieran a conocer al público. El mes pasado, durante una entrevista con ProPublica, comentó que temía que la diferenciaran en el centro de detención por haber denunciado el abuso.
En agosto, sus abogados presentaron una solicitud ante ICE pidiendo que esa dependencia no la expulsara y que la dejaran en libertad hasta que se completara la investigación. La interesada también reunía los requisitos para obtener la calidad migratoria legal conocida como visa U, la cual corresponde a inmigrantes que fueron víctimas de un crimen.
En cambio, el gobierno la deportó.
“Esperamos que el gobierno no abandone su investigación de los alegatos alarmantes e indignantes de conducta sexual indebida en el centro de detención de El Paso”, dijo Natarajan.
ProPublica y The Tribune no revelan la identidad de la mujer deportada debido a que indicó haber sido víctima de agresión sexual. En repetidas ocasiones, contó la misma narración a reporteros, abogados e investigadores, e identificó a los oficiales que abusaron de ella y de otras detenidas.
Dijo también que cuando se quejó con un capitán, él no la tomó en cuenta. El oficial que la agredió desapareció brevemente de su área en el centro de detención, para regresar después “cada vez más agresivo e intimidante”. La mujer informó a sus abogados que, incluso la semana pasada, ese mismo oficial seguía trabajando en el área de las instalaciones donde estuvo ella.
De acuerdo con su queja, “ha vivido en pánico constante de que él pueda hacer algo en su contra nuevamente”.
En los alegatos desglosados por esa mujer y otras dos detenidas en su petición, también mencionaron a un teniente que fue ascendido incluso después de que ellas se quejaron. Las detenidas informaron a sus abogados que por lo menos otra mujer fue deportada después de haber sido agredida sexualmente por un guardia.
Una portavoz de ICE dijo que esos alegatos serían investigados, incluso por su Oficina de Responsabilidad Profesional. La dependencia tiene “cero tolerancia” con el abuso, escribió en un correo electrónico el mes pasado. “Al corroborarse, se toman las medidas adecuadas”.
Una portavoz de Global Precision Systems, subsidiaria de Bering Straits Native Corporation, la corporación que contrató ICE para administrar las instalaciones de El Paso, indicó que ella no podía dar comentarios acerca de un asunto judicial pendiente.
Los alegatos en El Paso son el ejemplo más reciente de las quejas de abuso sexual relacionadas con reclusorios administrados por ICE, donde, en 2019, estuvieron detenidos diariamente un promedio de 50 mil inmigrantes en todo el país. La mayoría son operados por contratistas a expensas de los contribuyentes de impuestos.
Otra mujer también dijo que fue hostigada repetidamente cuando estuvo en el centro de detención de El Paso, y que los guardias seguían comunicándose con ella aún después de haber quedado en libertad.
En una entrevista telefónica, esta persona informó a ProPublica y a The Tribune que los oficiales animaban a las detenidas a apuntarse para recibir ansiolíticos, ya que ellos supervisaban la repartición de medicamentos por las noches y tenían acceso a un área cerrada, fuera de la vista de las cámaras de seguridad.
“La mayoría de las mujeres allá tienen miedo de hablar”, dijo. “No se sabe lo que puedan hacer”.
