Mariam Elba contribuyó a este reportaje.
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La incapacidad de la policía para comunicarse con inmigrantes que no hablan inglés ha creado problemas durante mucho tiempo, a veces con consecuencias trágicas. Estos obstáculos pueden impedir que las víctimas del crimen pidan auxilio a las fuerzas policiales y dificultan el trabajo de los investigadores para resolver los delitos.
Pero como parte de una iniciativa de la administración Biden, el Departamento de Justicia federal está presionando a los organismos de seguridad para que mejoren los servicios de ayuda a la gente que no habla inglés bien.
La semana pasada, por ejemplo, la Oficina del Sheriff del Condado King en el estado de Washington acordó designar un gerente para un programa de acceso a idiomas, limitar el uso de niños y otra gente que no está cualificada para ejercer como intérpretes a situaciones estrechamente definidas, y desarrollar un programa de entrenamiento y un procedimiento de denuncias.
En diciembre de 2022, el Departamento de Justicia llegó a un acuerdo para tomar medidas similares con la ciudad y el condado de Denver y con el Departamento de Policía allí como respuesta a las quejas de que oficiales de policía no habían proporcionado ayuda lingüística a los residentes que hablan birmano y rohinyá, incluso durante las detenciones.
Y en el Condado de Dane en Wisconsin, el Departamento de Justicia ahora está trabajando con la oficina del sheriff para crear la primera política escrita sobre cómo responder a incidentes que involucran a gente con un conocimiento limitado del inglés.
Este hecho surge después de la publicación de un reportaje de ProPublica el año pasado sobre una investigación defectuosa de la muerte de un niño nicaragüense en una granja lechera en el condado.
Una vocera del Departamento de Justicia declinó hacer comentarios sobre su trabajo en el Condado de Dane, pero refirió a las reporteras a su iniciativa de acceso lingüístico para los organismos de seguridad lanzada en diciembre de 2022. Como parte de esa iniciativa, las agencias policiales pueden conseguir ayuda para mejorar su forma de responder a la gente con poco dominio del inglés, incluida asistencia técnica, recursos y capacitación.
“Hemos visto que un fallo en proporcionar este tipo de acceso significativo puede enfriar las denuncias de crímenes, dejar a las víctimas y los testigos con [limitado dominio del inglés] vulnerables a investigaciones defectuosas y hasta detenciones injustas, y amenazar la seguridad tanto de los policías como del público en general,” escribió Kristen Clarke, la asistente del fiscal general en la división de derechos civiles del Departamento de Justicia, en una carta a las agencias policiales en diciembre.
Por mandato de la Ley de Derechos Civiles federal, se prohíbe a las agencias que reciben fondos federales discriminar a la gente por su nacionalidad de origen; como resultado, se exige que proporcionen asistencia significativa a la gente con limitado dominio del inglés.
ProPublica descubrió que, por causa de la barrera lingüística, la Oficina del Sheriff del Condado de Dane concluyó erróneamente que el padre del niño, José Maria Rodríguez Uriarte, estaba manejando la máquina agrícola que mató a Jefferson, que tenía 8 años. La agente del sheriff que interrogó a Rodríguez hizo un error gramatical en español que contribuyó a que malentendiera lo que había pasado.
Se decretó que la muerte de Jefferson fue un accidente, pero se culpó públicamente a Rodríguez.
En el momento de la muerte de Jefferson, la oficina del sheriff carecía de políticas escritas sobre qué tenían que hacer los agentes cuando se encontraban con personas que hablaban otro idioma que no era inglés o cuándo deberían pedir un intérprete. La oficina del sheriff también confiaba en el criterio de los empleados que autoevaluaban su propia capacidad en idiomas extranjeros.
Como práctica general—aunque no era una norma—se supone que los agentes de policía preguntan si alguno de sus colegas habla aquel idioma y, si no hay nadie disponible, pedir ayuda a otras agencias, la oficina del sheriff ha dicho previamente. La noche en que murió Jefferson, la agente que interrogó al padre del niño era la única funcionaria del Condado de Dane que había informado hablar algo de español.
Como respuesta a nuestras conclusiones, la oficina del sheriff dijo que su objetivo es llevar a cabo investigaciones completas y veraces, y que agradecería cualquier nueva información de algún testigo u otra persona que quisiera personarse.
Después de la publicación de nuestro reportaje, la oficina del sheriff preparó un borrador de una propuesta sobre una política de cómo responder a incidentes que involucran a residentes con limitado conocimiento del inglés. Establece un proceso de exámenes para determinar el nivel de conocimiento de idiomas extranjeros de los empleados, establece las pautas de cómo los agentes pueden identificar el idioma que habla una persona, y se compromete a proporcionar entrenamiento para que los empleados sepan cuándo y cómo acceder a intérpretes profesionales.
Elise Shaffer, una vocera de la oficina del sheriff, dijo a ProPublica en un correo electrónico que la política propuesta fue creada en base a los criterios del Departamento de Justicia federal y se escribió “antes de cualquier consulta del Departamento de Justicia.” Schaffer dijo que el borrador de la política se “entregó al Departamento de Justicia para que aporten sus comentarios y cualquier recomendación que puedan tener.”
En nuestra investigación en Wisconsin, descubrimos que los trabajadores agrícolas rutinariamente se encuentran con barreras lingüísticas en sus interacciones con los organismos de seguridad. Los archivos revelaron que los policías y los agentes de oficinas del sheriff que responden a incidentes en las granjas frecuentemente se apoyan en los supervisores de los obreros, en parientes y a veces hasta en niños para traducir. Durante los controles de tráfico, los agentes rutinariamente consultan a Google Translate en sus teléfonos en vez de intérpretes profesionales.
Mariah Hennen, la gerente de programas del Farmworker Project (Proyecto de Trabajadores Agrícolas) en Legal Action of Wisconsin (Acción Legal de Wisconsin), una agencia sin fines de lucro, dijo que las brechas lingüísticas pueden resultar en serias consecuencias para los obreros agrícolas inmigrantes cuando son víctimas de crímenes.
“Los trabajadores de las granjas quieren poder denunciar lo que les ha pasado,” dijo. “Pero a menudo no son capaces de hacerlo cuando no pueden comunicarse claramente con las agencias policiales.”
Rodríguez dijo que su experiencia lo ha llevado a creer que, porque es inmigrante, las autoridades no se preocupaban en averiguar qué le había pasado a su hijo. “Era un hispano, con mucha más razón a ellos no les interesó hacer un mejor trabajo,” dijo en una entrevista reciente.
Dijo que espera que la atención federal al acceso lingüístico en el Condado de Dane ayude a otros inmigrantes en sus interacciones con la policía.
“Al ya mejorar, entonces la policía, cuando le toque enfrentar un caso de esos, cuando se sientan más obligados, van a tratar de hacer mejor sus trabajos,” dijo.
Mariam Elba contribuyó a este reportaje.
ProPublica es un medio independiente y sin ánimo de lucro que produce periodismo de investigación en pro del interés público. Suscríbete para recibir nuestras historias en español por correo electrónico.
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Mariam Elba contribuyó a este reportaje.
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