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A mediados de abril, el presidente Donald Trump se sentó en el Despacho Oval con el presidente Nayib Bukele de El Salvador para celebrar una nueva asociación. Habían llegado recientemente a un acuerdo extraordinario por el cual El Salvador aceptaba encarcelar en una prisión de máxima seguridad a cientos de inmigrantes venezolanos que la administración Trump había catalogado como criminales violentos, aunque pocos habían sido condenados por tal tipo de crímenes. Estados Unidos también mandó de vuelta a migrantes acusados de ser miembros de la notoria pandilla salvadoreña MS-13, que tanto Estados Unidos como El Salvador han designado como una organización terrorista.
La presidencia de Bukele ha sido definida por su exitosa campaña de mano dura contra la MS-13. Ha encarcelado a decenas de miles de presuntos pandilleros y ha transformado una de las naciones más peligrosas del hemisferio en una de las más seguras. Aunque grupos de derechos humanos han criticado sus tácticas, Bukele sigue siendo extremadamente popular en El Salvador.
Durante su reunión en la Casa Blanca, Trump alabó a su huésped como “un presidente magnífico”. Apretó la mano de Bukele y dijo, “Apreciamos trabajar con usted porque usted quiere parar el crimen y nosotros también”.
Una larga investigación estadounidense de la MS-13 ha descubierto pruebas que no concuerdan con la reputación de Bukele como un luchador contra el crimen. La investigación, que empezó como un intento de desmantelar el liderazgo de la pandilla, se expandió para enfocarse en si el gobierno de Bukele había hecho un pacto secreto con la MS-13 en los primeros años de su presidencia.
Nuevos datos sobre la investigación recabados por ProPublica revelan que altos funcionarios del gobierno de Bukele impidieron repetidamente el trabajo de una fuerza de tarea de Estados Unidos que buscaba pruebas de posible conducta ilegal del presidente salvadoreño y su entorno.
Aliados de Bukele bloquearon secretamente las extradiciones de jefes de la pandilla que agentes estadounidenses consideraban que podían ser testigos de las negociaciones y persiguieron a los funcionarios de la justicia salvadoreños que ayudaron a la fuerza de tarea, según entrevistas exclusivas con funcionarios actuales y antiguos de Estados Unidos y El Salvador, documentos internos recién obtenidos y archivos judiciales de los dos países.
En un hecho que no ha sido reportado previamente, agentes federales llegaron a sospechar que Bukele y personas de su entorno habían desviado fondos de ayuda de Estados Unidos a los jefes de la pandilla como parte del supuesto pacto para darles dinero y poder a cambio de votos y una reducción en la tasa de homicidios. En 2021, agentes estadounidenses prepararon una solicitud para revisar las cuentas bancarias en EEUU de figuras políticas salvadoreñas en busca de pruebas de lavado de dinero relacionadas con el sospechado desvío de fondos estadounidenses. La lista de nombres creada por los agentes incluyó a Bukele y a otros 14 funcionarios de alto rango y parientes.
“Información obtenida a través de la investigación ha revelado que los individuos que figuran en este alegato están profundamente involucrados con la MS-13 y están lavando fondos de negocios ilícitos en los cuales está implicada la MS-13”, escribieron los agentes. Las personas en la lista “también se cree que han financiado a la MS-13 para que apoyara campañas políticas y la MS-13 ha recibido fondos políticos”.
No se conoce el resultado de la solicitud, pero su existencia muestra que la investigación estadounidense se había expandido para examinar las sospechas de corrupción en altos niveles del gobierno de Bukele.
La Joint Task Force Vulcan (Fuerza Conjunta de Tarea Vulcan), un equipo multiagencias federal creado a pedido de Trump en 2019, lideró la investigación. Agentes encontraron evidencias de que el gobierno de Bukele intentó encubrir el pacto al bloquear las extradiciones de líderes de la pandilla que se enfrentaban a cargos en EEUU que incluyen homicidios de ciudadanos estadounidenses y conspiración para asesinar a un agente del FBI.
Adicionalmente, los funcionarios estadounidenses ayudaron al menos a ocho de sus homólogos de las fuerzas de seguridad y la justicia salvadoreños a huir del país y reubicarse en Estados Unidos o en otro lugar porque temían represalias por parte de su propio gobierno, dijeron funcionarios de Estados Unidos antiguos y actuales.
Ha estado claro desde el principio lo que Trump quiere de El Salvador: un aliado que aceptara, e incluso encarcelara, a los deportados. Lo que ha estado menos claro es lo que Bukele podría querer de Estados Unidos. Al cerrar el acuerdo con Bukele, Trump realmente ha socavado la investigación Vulcan y ha protegido a Bukele contra un escrutinio adicional, dijeron antiguos y actuales funcionarios estadounidenses.
Veteranos del equipo de Vulcan están “preocupados que todo su trabajo, los millones de dólares que se gastaron, los viajes por todo Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, México, que eso será debilitado por razones políticas”, dijo un funcionario estadounidense familiarizado con la investigación.
La fuerza de tarea trabajó estrechamente con la fiscalía nacional de El Salvador, cuyos fiscales compartieron evidencias de su propia investigación sobre las negociaciones con la pandilla y la sospechada corrupción en el gobierno de Bukele, según actuales y antiguos funcionarios de EEUU y El Salvador.
“Había buena información sobre la corrupción entre la pandilla y la administración de Bukele”, dijo Christopher Musto, un ex alto oficial de Homeland Security Investigations (Investigaciones de Seguridad Nacional, o HSI por sus siglas en inglés), que trabajó en Vulcan, sobre la investigación salvadoreña. “Era un gran caso”.
En mayo de 2021, la mayoría legislativa de Bukele en el Congreso destituyó al fiscal general y a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que supervisa los pedidos de extradición. Durante los siguientes siete meses, magistrados recién instalados revirtieron o frenaron seis solicitudes de extradición de altos jefes de la pandilla buscados en Estados Unidos, según entrevistas y documentos.
“La gente de Bukele venía a la Corte Suprema y decía que bajo ninguna circunstancia vamos a extraditar a los líderes de la MS-13”, dijo el funcionario estadounidense familiarizado con la investigación. “Demorar, interferir, socavar, haga lo que tenga que hacer”.
Altos funcionarios de Bukele ayudaron a un líder de la M-13 que tenía pendiente una orden de extradición a fugarse de la prisión, según documentos judiciales, funcionarios estadounidenses e informes de prensa salvadoreños. Al menos otros tres altos jefes de la pandilla fueron liberados de la custodia salvadoreña después de que Estados Unidos presentara las solicitudes para su extradición, según documentos del Departamento de Justicia.
Reportajes publicados en Estados Unidos y El Salvador han informado también sobre acusaciones de que Bukele ha solicitado el retorno de varios jefes de la MS-13 para evitar, presuntamente, que den testimonios en los tribunales de Estados Unidos sobre el pacto. A pesar del rechazo del gobierno de Bukele a extraditar a jefes pandilleros a los Estados Unidos, en marzo la administración Trump deportó a un líder de la MS-13 acusado de terrorismo. El Departamento de Justicia actualmente intenta retirar cargos contra un segundo líder, lo que permitiría devolverlo a El Salvador, según documentos judiciales recién presentados.
El Departamento de Justicia declinó comentar sobre las preguntas que ProPublica le envió. El Departamento de Estado remitió las preguntas al Departamento de Justicia.
Una vocera de la Casa Blanca tampoco respondió a las preguntas detalladas.
“El presidente Trump está comprometido a cumplir las promesas que le hizo al pueblo estadounidense y quitar de en medio a los criminales peligrosos y los terroristas ilegales que representen una amenaza para el público estadounidense”, dijo Abigail Jackson, una vocera de la Casa Blanca. “Estamos agradecidos por la colaboración del presidente Bukele”.
Bukele, el Ministerio de Relaciones Exteriores salvadoreño y la Corte Suprema de Justicia de El Salvador no respondieron a las listas de preguntas. Bukele ha negado repetidamente haber hecho algún acuerdo con la MS-13. La deportación de miembros de la MS-13 a El Salvador por la administración Trump, dijo Bukele en X, permitirá a las fuerzas de seguridad desmantelar la pandilla.
“Esto nos ayudará a finalizar tareas de inteligencia y perseguir a los últimos restos de la MS-13, incluidos sus integrantes pasados y nuevos, el dinero, las armas, las drogas, escondites, colaboradores y patrocinadores”, dijo.
El presidente Donald Trump y Nayib Bukele, presidente de El Salvador, durante una reunión en el Despacho Oval en abril de 2025.
Credit:
Al Drago/The Washington Post/Getty Images
“Solamente el miedo” Bukele fue elegido presidente de El Salvador en febrero de 2019, con la promesa de luchar contra la corrupción política enquistada en el país y la violencia omnipresente de las pandillas, que describió como “uno de los mayores desafíos” que enfrenta la nación.
Durante su primer mandato, Trump también convirtió a la MS-13 en un enemigo de alto perfil, llamándola “probablemente la más cruel, la peor pandilla del mundo.” En agosto de 2019, el Fiscal General William P. Barr creó la Joint Task Force Vulcan (Fuerza Conjunta de Tarea Vulcan), que incluía a fiscales federales, agentes del FBI, HSI, DEA y otras agencias. La meta: erradicar a la MS-13.
Durante décadas, la MS-13 ha desafiado a las fuerzas de seguridad en las Américas con su amplio alcance, violencia extrema y cultura compleja. Las iniciales significan “Mara Salvatrucha.” “Mara” significa multitud, mientras que “salvatrucha” hace referencia a un salvadoreño astuto, según entrevistas y un informe académico. El número representa la decimotercera letra del alfabeto, la M, en homenaje a la Mexican Mafia, la poderosa pandilla de las prisiones del sur de California.
La MS-13 surgió en la década de los ochenta en Los Ángeles entre jóvenes salvadoreños cuyas familias se habían escapado de una sangrienta guerra civil. La pandilla se expandió por toda la diáspora y, cuando Estados Unidos empezó a llenar aviones de convictos para deportar a principios de los 90, echó raíces en El Salvador. Aunque la mayoría de los líderes estaban cumpliendo penas en El Salvador, un consejo carcelario de 14 jefes, conocidos como “la Ranfla”, usaban teléfonos celulares para gestionar en detalle las actividades criminales en ciudades de Estados Unidos a miles de kilómetros de distancia.
La pandilla desarrolló una reputación por torturar, brutalizar y desmembrar a sus víctimas. Barr la ha llamado un “culto de la muerte” en la cual la violencia es más importante que la riqueza.
“Era como una muy violenta organización familiar a la cual todos los primos y primos segundos quieren pertenecer”, dijo Carlos Ortiz, quien fue el agregado de HSI en El Salvador desde 2018 a 2024. “Dinero mínimo, comparada a otras. Aunque es una organización, gran parte es solamente el miedo. El miedo que tiene el resto de la pandilla a los jefes de alto rango, eso es lo que la propulsa”.
Entrenados con armas militares, la MS-13 combatió con las fuerzas de seguridad de El Salvador, conquistó barrios y generó una de las peores tasas de homicidios del mundo, lo que impulsó un éxodo de migrantes parecido al de los años 80. La Corte Suprema de Justicia de El Salvador designó a la pandilla como organización terrorista en 2015.
La fuerza de tarea Vulcan tenía aproximadamente 30 integrantes, que incluía fiscales, agentes y analistas. Su director, John J. Durham, era un fiscal federal en el Distrito Este de Nueva York que había pasado una década persiguiendo a “clicas” (grupos) de la MS-13 en Long Island. Fiscales y agentes trabajaban desde sus bases a través del país y viajaban a México y Centroamérica.
Uno de los investigadores fundadores, el agente del FBI de Newark Daniel Brunner, hablaba un español fluido y había trabajado contra las pandillas durante siete años. Se convirtió en un especialista itinerante que proporcionaba conocimiento, inteligencia de comunicaciones interceptadas y transcripciones judiciales, a veces en persona y a veces a distancia.
“Nuestra idea era que Vulcan era como un SEAL Team 6 (equipo comando de élite de la Marina de Guerra), que entraba para ayudar a los diferentes distritos a armar casos,” dijo Brunner, que ahora está jubilado, en una entrevista.
Vulcan se construyó sobre la larga presencia y la extensa influencia de Estados Unidos en El Salvador, donde la embajada durante tiempo ha entrenado y financiado a las agencias de seguridad y justicia. Agentes del FBI y otros trabajaban como asesores dentro de unidades antipandillas y de homicidios de la policía y cooperaban con equipos de fiscales liderados por el Fiscal General Raúl Melara.
El equipo de tarea de EEUU modeló su estrategia en las que se habían usado contra los carteles mexicanos y la narcoguerrilla colombiana: quebrar el poder de los mandos de la MS-13 al extraditarlos para enfrentarse a juicio y prisión en Estados Unidos.
El 14 de enero de 2021, seis días antes del fin de la primera administración Trump, Durham y el director de la FBI Christopher Wray estuvieron presentes cuando el Fiscal General en funciones, Jeffrey A. Rosen, anunció “la acusación penal más amplia y de alto alcance contra la MS-13 y su estructura de mando y control en la historia de Estados Unidos.”
Los fiscales acusaron a los 14 integrantes del consejo de liderazgo de crímenes mayores, incluida una conspiración para apoyar y financiar el narcoterrorismo. Durante más de dos décadas, la Ranfla supervisó una red criminal en Estados Unidos, México y Centroamérica que autorizó los asesinatos de estadounidenses y traficó con drogas y armas, según el escrito de acusación federal.
El escrito de acusación contenía un cargo sorprendente: los jefes de la MS-13 habían tomado la medida extraordinaria de dar una orden, o “luz verde”, para asesinar a un agente del FBI que trabajaba con investigadores locales en El Salvador. Funcionarios de la embajada se dieron cuenta de la amenaza y evacuaron al agente del país, según entrevistas.
Es altamente inusual que los grupos criminales latinoamericanos pongan en la mira a un agente de Estados Unidos – han aprendido que invita a una respuesta contundente de las fuerzas de seguridad. El complot de asesinato era una señal de que la agresiva campaña de Estados Unidos había alarmado a los jefes de la pandilla, según funcionarios actuales y antiguos.
Familia y amigos asisten al entierro de Justin Llivicura en 2017 en Long Island, New York. Justin, un estudiante de secundaria de 16 años, fue uno de los cuatro jóvenes asesinados en un parque por pandilleros de la MS-13.
Credit:
Andrew Lichtenstein/Corbis via Getty Images
Vulcan a la caza En conversaciones con funcionarios estadounidenses Bukele, como presidente electo, prometió cooperar y dio la bienvenida al apoyo de Estados Unidos contra las pandillas y la corrupción, incluso en su propio partido, Nuevas Ideas, según funcionarios actuales y antiguos de EEUU.
En un evento de prensa sobre Vulcan en 2020, Trump aseguró que en el pasado El Salvador “no cooperó en absoluto con Estados Unidos”, pero ahora se había convertido en un socio fuerte en seguridad.
Pero ya habían salido informes de prensa alegando que Bukele había llegado a acuerdos con las pandillas cuando era alcalde de San Salvador. Investigadores de Vulcan rápidamente encontraron evidencias de que los altos funcionarios del nuevo presidente estaban negociando un nuevo pacto con jefes pandilleros, según entrevistas.
Durante más de una década, el control de las calles que ejercía la MS-13 la habían convertido en una fuerza política. Podría facilitar votos, desatar violencia o imponer orden. Una serie de políticos habían organizado reuniones con líderes de pandillas para solicitar apoyo político y reducir la violencia a cambio de mejoras en las condiciones carcelarias y beneficios como prostitutas y televisiones de pantalla grande.
El gobierno de Bukele adoptó una estrategia de negociación más sofisticada, según funcionarios estadounidenses y salvadoreños actuales y antiguos. Durante reuniones secretas en prisiones y otros lugares, los emisarios del presidente ofrecieron a los cabecillas de la MS-13 poder político e incentivos financieros a cambio de bajar la tasa de homicidios y fomentar el apoyo para el partido Nuevas Ideas, según actuales y antiguos funcionarios estadounidenses y salvadoreños y documentos judiciales.
El negociador jefe era Carlos Marroquín, un ex rapero y confidente del presidente. Bukele lo había nombrado director de un nuevo programa del Ministerio de Justicia conocido como “Reconstrucción del Tejido Social” que operaba en comunidades empobrecidas.
Marroquín prometió a la Ranfla un papel central en el desarrollo del programa, el control de centros juveniles de barrio, poder sobre territorio urbano y otros beneficios financieros y políticos, según actuales y antiguos funcionarios estadounidenses y salvadoreños, documentos judiciales y sanciones hechas por el Departamento del Tesoro. Algunos informantes e interceptaciones de comunicaciones indicaron que algunos de los recursos que iban a la MS-13 provenían de la ayuda gubernamental estadounidense, una violación de las leyes de Estados Unidos, según entrevistas y documentos.
“El dinero iba de nosotros, de USAID, a este grupo del tejido social”, dijo un ex funcionario de la ley federal. “Se supone que tenían que construir cosas y adquirir capacidades y aprender. Servía para financiar a las pandillas”.
Vulcan también obtuvo información de dos funcionarios salvadoreños de alto nivel que estaban involucrados en las conversaciones secretas con la MS-13. Los funcionarios dieron a los agentes estadounidenses información interna sobre las negociaciones las cuales, dijeron, eran dirigidas por Bukele, según entrevistas.
La acumulación de pruebas sobre el pacto con las pandillas y las sospechas de uso indebido de fondos estadounidenses incentivaron a la fuerza de tarea a ampliar su enfoque inicial y centrarse en la presunta corrupción en el gobierno de Bukele, dijeron actuales y antiguos funcionarios estadounidenses.
En abril de 2021, agentes federales prepararon una lista de salvadoreños para un escrutinio financiero del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Bukele era uno de los 15 nombres. También estaban Marroquín; Osiris Luna, el director del sistema de prisiones nacional y otro supuesto organizador de las reuniones con las pandillas; Martha Carolina Recinos, la jefa de gabinete del presidente; y otras figuras políticas y sus parientes. La solicitud pidió al Departamento del Tesoro buscar posibles transacciones ilícitas en cualquier cuenta bancaria que tuvieran en Estados Unidos las personas en la lista, según documentos vistos por ProPublica.
La fuerza de tarea de Vulcan buscaba evidencias en bancos de Estados Unidos de lavado de dinero relacionado con la desviación de fondos de USAID a través del pacto con la pandilla, según mostraron los documentos. Agentes explicaron que la fuerza de tarea había “descubierto información sobre como miembros de la MS-13 están en contacto cercano con personas políticamente expuestas en El Salvador”, en referencia a figuras gubernamentales prominentes.
“Se cree que los individuos incluidos en esta solicitud lavaron los fondos de USAID”, según la solicitud que ha visto ProPublica, y esos individuos estaban bajo sospecha de “favorecer, apoyar y promocionar a la MS-13 a través de sus puestos oficiales”.
La solicitud para el rastreo de bancos estadounidenses, que se hace bajo la sección 314A del Patriot Act (Acto Patriota), requiere que los investigadores muestren que hay sospecha razonable en vez de causa probable, la cual es un estándar más alto. El resultado de la solicitud es desconocido. El Departamento del Tesoro declinó hacer comentarios. Los fiscales de Estados Unidos no han acusado públicamente a Bukele y a los otros de crímenes relacionados con fondos de USAID.
Mientras los investigadores de EEUU avanzaban en esta dirección política, obtuvieron valiosa información de los fiscales salvadoreños que iban hacia adelante con su propia investigación de las pandillas y la administración de Bukele.
La indagación, conocida como Operación Catedral, era tan ambiciosa y sensible como la de Estados Unidos. Los investigadores habían documentado los acuerdos carcelarios secretos con la MS-13 y los esfuerzos oficiales para encubrirse. También siguieron pistas que destaparon una supuesta corrupción generalizada que envolvía los programas de ayuda para el COVID-19 del país, según actuales y antiguos funcionarios salvadoreños y documentos. Las tensiones políticas aumentaron a medida que los fiscales salvadoreños apuntaban al entorno del presidente y ordenaban registros de las oficinas del gobierno. En un incidente, fiscales se enfrentaron con policías que trataban de frenar el registro del Ministerio de Salud.
También fue en abril de 2021 cuando una delegación liderada por el Fiscal General Melara vino a Washington a reunirse con jefes de la Fuerza Conjunta de Tarea Vulcan y otros altos funcionarios estadounidenses. Los fiscales explicaron su caso contra figuras de alto nivel en el gobierno de Bukele. La “impresionante” presentación, dijo un antiguo funcionario federal de seguridad de Estados Unidos, se basó en videos, interceptaciones telefónicas y otras pruebas que mostraban que Marroquín, el director de prisiones Luna y otros habían organizado clandestinamente las entradas y salidas de las prisiones de los negociadores del gobierno y los jefes de la pandilla, introdujeron teléfonos de contrabando, y destruyeron registros de las visitas a prisión.
“Melara estaba muy nervioso a causa del nivel tan alto de la gente que investigaba", dijo un ex funcionario federal de seguridad de Estados Unidos.
Melara declinó hacer comentarios, diciendo que no habla de su trabajo como fiscal general.
El director de prisiones de El Salvador, Osiris Luna, a la derecha, habla en un recinto de la policía en San Salvador, El Salvador, en noviembre de 2021.
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Rodrigo Sura/EPA-EFE/Shutterstock
Interferencia El 1 de mayo de 2021, poco después de la reunión de Melara y su equipo con investigadores de EEUU, la legislatura salvadoreña, controlada por Bukele, votó a favor de destituir al fiscal general y cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
La purga suponía un paso decisivo de Bukele para centralizar el poder. Recibió condenas internacionales. En El Salvador, los críticos denunciaron las acciones del presidente como “un autogolpe”. En su página de Twitter, Bukele empezó a llamarse el “dictador más cool del mundo mundial”.
Para Vulcan, las expulsiones marcaron un giro dramático en su investigación. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se habían mostrado dispuestos a aprobar algunas extradiciones. Melara había sido un aliado útil que había prometido, según un informe de prensa, hacer “todo lo necesario” para extraditar a los integrantes de la Ranfla, muchos de los cuales estaban bajo custodia en El Salvador. Pero pronto quedó claro que al gobierno ya no le interesaba entregar a altos jefes de la pandilla.
“Los fiscales posteriores no querían trabajar con nosotros”, dijo Musto, el ex oficial de HSI. “No nos cerraron las puertas, pero todas las cosas que teníamos en posición para ir adelante y conseguir traer a gente de vuelta [a Estados Unidos] se ralentizaron a paso de tortuga”.
El primer choque tuvo que ver con Armando Melgar Díaz, acusado de ser un líder de la MS-13 que actuaba como intermediario entre las pandillas en Estados Unidos y los cabecillas en El Salvador. Melgar, conocido como “Blue”, había ordenado el secuestro de una familia en Oklahoma que debía $145,000 a las pandillas, recaudaba dinero de una red de narcotráfico que operaba en restaurantes de Maryland y Virginia y estuvo involucrado en asesinatos en los Estados Unidos, según una acusación federal y entrevistas con funcionarios de EEUU. Fue el primer integrante de la MS-13 acusado bajo leyes de terrorismo.
La recién constituida Corte Suprema votó la aprobación de la extradición de Melgar, pero después revirtió su decisión y anunció que el asunto requería un análisis adicional. Más tarde, el nuevo fiscal general de Bukele pidió que se detuviera la extradición. La razón: Estados Unidos no había garantizado que no iba a pedir la pena de muerte o la prision perpetua, condenas que no se permiten bajo la ley salvadoreña.
La justificación no tenía ningún sentido para los fiscales de Vulcan. El Departamento de Justicia ya había prometido que no iba a pedir tales castigos contra Melgar, según archivos y entrevistas. Funcionarios estadounidenses y salvadoreños atribuyeron la revocación repentina al temor a que Melgar podría vincular a Bukele y su gobierno al pacto con la MS-13.
“Melgar Díaz iba a ser el caso de prueba”, dijo Musto. “Iba a ser una victoria fácil para Vulcan”.
Información obtenida por agentes estadounidenses incluye acusaciones de que el asesor judicial de Bukele, Conan Castro-Ramírez, llamó a uno de los nuevos magistrados de la Corte Suprema y le dijo que encontrara la manera de parar la extradición de Melgar, según entrevistas. Cuando el juez objetó y dijo que la extradición ya estaba aprobada, Castro, presuntamente, le ordenó que la revirtiera. “Para eso te pusimos ahí”, dijo, según las entrevistas.
El Departamento de Estado sancionó a Castro por su papel en ayudar a la “destitución inapropiada” de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general. Castro no respondió a los intentos de contactar con él.
Una corte salvadoreña sentenció a Melgar a 39 años de prisión por conspiración para cometer un homicidio, entre otros crímenes. Poco después, las solicitudes para la extradición de otros jefes de la pandilla se toparon con obstáculos.
“Bukele y su gobierno utilizan el aparato entero del estado para evitar la extradición de esta gente", dijo una persona con conocimiento del sistema judicial de El Salvador en una entrevista reciente.
Miguel Ángel Flores Durel, un magistrado de la Corte Suprema recién designado, quien supuestamente había sido abogado de un alto jefe de la MS-13, se aseguró de que las solicitudes nunca fueran aprobadas, según la persona con conocimiento del sistema judicial de El Salvador. Flores aleccionó a sus colegas para “no trabajar en absoluto en las extradiciones”, dijo la misma persona.
En julio de 2022, El Salvador aceptó extraditar a dos miembros de bajo rango de la MS-13 acusados por los asesinatos de inmigrantes salvadoreños en Long Island en 2016 y 2017 durante los cuales las víctimas fueron masacradas con hachas y machetes. La Corte Suprema también aprobó el regreso de salvadoreños no afiliados a la pandilla acusados de crímenes en Estados Unidos, como asesinato.
Esto fue una estrategia deliberada, dijo la mencionada persona. Flores dijo que El Salvador tenía que hacer algunas extradiciones para “calmar” a los funcionarios estadounidenses, quienes se quejaban de la falta de cooperación con Vulcan, dijo la persona. (Flores murió en 2023.)
No funcionó. La extradición de otros criminales por la Corte Suprema de Justicia alineada con Bukele solo resaltó la falta de cooperación con los pedidos para la extradición de los cabecillas de la MS-13.
“Nunca nos dijeron oficialmente que no iba a pasar, pero se hizo imposible”, dijo Brunner, el ex agente del FBI.
En octubre de 2022, el nuevo fiscal general de Bukele anunció que los criminales tendrían que cumplir sus sentencias primero en El Salvador antes de ser enviados a Estados Unidos, una interpretación del tratado de extradición del país que difiere de la anterior Corte Suprema.
“No vamos a enviar salvadoreños sin que previamente paguen los delitos que han cometido” en El Salvador, dijo Rodolfo Delgado.
Amenazas y obstáculos La interferencia del gobierno Bukele con la investigación estadounidense fue más allá de bloquear extradiciones.
Altos aliados de Bukele también llevaron a cabo una campaña de acoso e intimidación contra los funcionarios salvadoreños que habían investigado corrupción y ayudado a la fuerza de tarea Vulcan, según entrevistas con funcionarios estadounidenses y salvadoreños actuales y antiguos.
El gobierno amenazó con arrestar a los funcionarios y mandó patrullas policiales a sus casas, según actuales y antiguos funcionarios estadounidenses y salvadoreños. Al menos ocho funcionarios salvadoreños de las fuerzas de seguridad y la justicia huyeron de El Salvador a Estados Unidos y otros destinos. Vulcan les proporcionó dinero para viajar, clases de idiomas, viviendas y ayuda para obtener estatus legal de inmigración y encontrar empleos. En un caso, un funcionario de la embajada de Estados Unidos escoltó a un fiscal salvadoreño fuera del país porque oficiales estadounidenses creían que su vida corría peligro, según un oficial conocedor del incidente.
El gobierno salvadoreño también debilitó las “vetted units”, o unidades especialmente seleccionadas de la policía, que habían trabajado con el FBI y otras agencias de EEUU, según actuales y antiguos funcionarios de Estados Unidos.
Los aliados de Bukele no pararon allí. Presuntamente ayudaron a fugarse o salir de prisión al menos a cuatro integrantes de la Ranfla buscados por Vulcan con cargos por haber cometido crímenes en EEUU, según entrevistas, documentos judiciales y reportajes periodísticos.
Elmer Canales-Rivera, alias “Crook de Hollywood", era uno de los miembros de la Ranfla más buscados. Había sido encarcelado por varios asesinatos en El Salvador, entre ellos un caso en que supuestamente ayudó a sofocar y ahogar en insecticida a un pandillero que desobedeció órdenes. En los Estados Unidos los fiscales le habían acusado de haber orquestado asesinatos y secuestros a través de la nación durante más de 20 años.
En noviembre de 2021, Canales se fugó de la prisión. El Faro, un prominente medio periodístico, y otros medios salvadoreños publicaron artículos que detallaban como Marroquín escoltó a Canales fuera de la prisión. Los artículos incluyen llamadas grabadas entre pandilleros y una persona identificada como Marroquín quien hablaba de su papel en la fuga, además de fotos de funcionarios que trataban aparentemente de eliminar registros carcelarios para esconder su presencia en la prisión.
Canales fue capturado en México y entregado a las autoridades estadounidenses. Está actualmente en prisión esperando juicio. Se ha declarado no culpable de los cargos contra él.
Jefes de la pandilla MS-13 leen el periodico despues de una conferencia de prensa en el Centro Penal La Esperanza en San Salvador, El Salvador, el 18 de mayo de 2013. A la derecha está Elmer Canales-Rivera, conocido como “Crook de Hollywood”, quien se fugó de una prisión con la ayuda, presuntamente, de altos funcionarios salvadoreños en 2021.
Credit:
Jose Cabezas/AFP via Getty Images
Durante los siguientes meses, otros tres líderes de la MS-13 desaparecieron de prisiones salvadoreñas lo que motivó a Durham, el director de la fuerza de tarea, a expresar su preocupación en una carta al juez que supervisaba los casos en New York. Durante el tiempo en que la administración de Bukele había recibido las solicitudes de extradición y los avisos de Interpol, escribió, la mayoría de los jefes habían estado bajo custodia. Los medios salvadoreños más tarde informaron que la Corte Suprema del país había formalmente denegado los pedidos de extradición de los tres hombres.
La purga de la Corte Suprema de Justicia y los fiscales, el bloqueo de las extradiciones y la desaparición de los pandilleros de la MS-13 marcaron un deterioro importante en las relaciones entre Bukele y la administración del presidente Joe Biden. Las agencias a través del gobierno empezaron a buscar formas de presionar a El Salvador para cooperar.
La embajadora en funciones, Jean Manes, anunció una “pausa” en las relaciones con El Salvador y se fue del país. Manes, una diplomática veterana que había servido anteriormente en El Salvador, había presionado a Bukele en público y en privado, había criticado las demoras en las extradiciones y su liderazgo más y más autoritario, según funcionarios del Departamento de Estado.
“¿Qué vemos ahora? Es un deterioro de la democracia,” dijo Manes poco antes de su partida.
En diciembre de 2021, el Departamento del Tesoro impuso sanciones a tres allegados de Bukele, Luna, Marroquin y Recinos. Les impidió hacer transacciones financieras en los Estados Unidos por presunta corrupción. Ninguno de ellos respondió a las preguntas que se enviaron a un vocero de Bukele.
No obstante, antiguos integrantes de la fuerza de tarea dijeron que creían que la administración Biden trató a Vulcan como una prioridad menor y recortó sus recursos. Dijeron que funcionarios de Biden veían a la fuerza de tarea como una iniciativa de Trump y querían enfocarse en otros objetivos de seguridad, como el tráfico de personas.
“Nada más entrar la administración Biden, nos ralentizaron”, dijo Brunner. “Había mucha más burocracia que teníamos que navegar”. Antiguos funcionarios de Biden negaron que fuera así.
Cualquier tregua que podía haber existido entre el gobierno salvadoreño y la MS-13 colapsó en marzo de 2022. El país se hundió en el caos. Durante un periodo de tres días, unas 80 personas murieron por violencia relacionada con las pandillas.
Bukele reaccionó con fuerza. Declaró el “estado de excepción” nacional que suspendía las protecciones de la constitución. La policía empezó a detener a miles de personas acusadas de ser pandilleros y otros. Bukele anunció la construcción de la mega cárcel conocida como CECOT.
Las políticas resultaron ser muy populares. Las tasas de asesinatos cayeron dramáticamente, aunque los defensores de los derechos humanos criticaron la pérdida de libertades civiles. Bukele rechazó sus quejas.
“Algunos dicen que hemos encarcelado a miles, pero en realidad hemos liberado a millones", ha dicho, una aseveración que repitió con Trump en el Despacho Oval.
El giro A pesar del duro tratamiento a los pandilleros, se estima que 14,500 personas están encarcelados ahora en CECOT, una cosa no cambió: el gobierno de Bukele mantuvo el rechazo a extraditar a altos jefes de la MS-13 a Estados Unidos.
Las razones por la supuesta protección de Bukele a los líderes de la pandilla, en contraste con su persecución desenfrenada de los de bajo rango, es un tema de especulación tanto en Estados Unidos como en El Salvador. Una posible explicación según actuales y antiguos funcionarios estadounidenses y salvadoreños: Bukele sabe que Vulcan recopiló pruebas que podrían resultar en acusaciones penales y daños políticos. Los cabecillas encarcelados son testigos potenciales de su pacto con la MS-13, mientras los pandilleros callejeros de El Salvador no lo son.
Policías escoltan a presuntos pandilleros venezolanos y salvadoreños después de ser deportados de los Estados Unidos para ser encarcelados en la mega prisión CECOT de El Salvador.
Credit:
El Salvador Press Presidency Office/Anadolu via Getty Images
En febrero de 2023, el Departamento de Justicia reveló un escrito de acusación contra otro grupo de jefes, la mayoría de los cuales operaba a un nivel por debajo de la Ranfla y retransmitía sus directrices a los pandilleros de las calles. Los 13 sospechosos fueron acusados de terrorismo y tráfico de drogas, entre otros cargos.
Estados Unidos anunció que iba a “explorar opciones para su extradición con el gobierno de El Salvador". El Departamento de Justicia declinó comentar si se había realizado alguna de tales solicitudes.
Al presentar los cargos, los fiscales hicieron sus denuncias públicas más fuertes hasta el momento sobre los acuerdos entre el gobierno de Bukele y las pandillas. Sin nombrar al presidente o a sus aliados, los fiscales alegaron que los cabecillas de la MS-13 acordaron usar su extensa influencia política para generar votos para los candidatos del partido Nuevas Ideas de Bukele en las elecciones legislativas de 2021.
Los jefes de la pandilla también “acordaron reducir el número de asesinatos públicos en El Salvador, lo que beneficiaba políticamente al gobierno de El Salvador porque creaba la percepción de que el gobierno reducía la tasa de homicidios”, dijo el escrito de acusación.
Como parte del acuerdo, los altos líderes de la MS-13 pusieron como condición al gobierno de Bukele que rechazara extraditarlos, según el escrito de acusación. Esta supuesta condición parece seguir en vigor. Hasta la fecha, ninguna de las solicitudes de extradición de más de una docena de pandilleros de alto nivel han sido aprobadas.
En vista de los obstáculos, Vulcan se apoyó cada vez más en la ayuda del gobierno mexicano. Durante los últimos cuatro años, las autoridades mexicanas han capturado a nueve de los 27 jefes de la MS-13 nombrados en las acusaciones y los han deportado a Estados Unidos, donde fueron arrestados. Este año, fiscales han obtenido declaraciones de culpabilidad por cargos de terrorismo de dos jefes de rango inferior, incluido uno que los fiscales dijeron que habia ayudado a implementar el acuerdo entre la administracion Bukele y la pandilla. Los hombres están esperando sus sentencias.
Desde que Trump asumió la presidencia este año, su administración ha reorientado la misión de Vulcan a enfocarse también en Tren de Aragua, la pandilla venezolana que el presidente ha puesto en el foco de atención.
Recientemente ha surgido un acontecimiento destacable relacionado con la MS-13. Después de más de cinco años liderando la fuerza de tarea Vulcan, Durham escribió cartas al juez que supervisaba los casos para pedirle que retirara los cargos contra dos cabecillas de la pandilla en Estados Unidos y autorizara su deportación a El Salvador. Las cartas fueron fechadas el 11 de marzo y el 1 de abril, semanas después de que la administración Trump empezó a negociar el acuerdo de deportación masiva con el gobierno de Bukele.
A César Humberto López Larios, un integrante de la Ranfla conocido como “Greñas”, se le retiraron los cargos y fue devuelto a El Salvador con más de 250 venezolanos y salvadoreños enviados a CECOT, como parte de la deportación masiva de migrantes de la administración Trump, el 15 de marzo. López, identificado en reportajes de prensa, aparece en un video de sofisticada producción subido a X por Bukele, en el cual está arrodillado en la prisión con la cabeza rapada. Lopez se había declarado no culpable de los cargos contra él.
Después, en abril, Durham pidió retirar los cargos por terrorismo contra un prisionero de rango inferior de la MS-13, Vladimir Antonio Arévalo-Chávez, alias “Vampiro”, según archivos judiciales revelados recientemente. Sus abogados defensores tratan de paralizar la solicitud para que les de tiempo para pelear contra su deportación a El Salvador. Se ha declarado no culpable.
Durham reconoció en cartas al juez que las pruebas contra los dos hombres son “fuertes.” Después de gastar millones en un operativo que involucró a investigadores y fiscales de Estados Unidos, El Salvador y otras naciones, Vulcan había acumulado un caudal de evidencias para encarcelar a los cabecillas de la MS-13 que habían dirigido los asesinatos, las violaciones y las palizas de ciudadanos estadounidenses. Los fiscales dijeron a los abogados de la defensa que tenían más de 92,903 páginas de material legal, incluidas 600 páginas de transcripciones de interceptaciones telefónicas, 21 cajas de documentos de fiscales de El Salvador, y 11 gigabytes de archivos de audio.
Durham dijo que los fiscales abandonaban su persecución de los casos “debido a asuntos de geopolítica y seguridad nacional.”
Fue como una extradición al revés. Trump le daba a Bukele el tipo de criminales de alto nivel que los Estados Unidos nunca había recibido de El Salvador.
Durante las negociaciones sobre el uso de la prisión de El Salvador, funcionarios de Trump acordaron pagar unos $6 millones por la custodia de los hombres deportados y aceptaron también otra exigencia.
Bukele tuvo un pedido específico, según Milena Mayorga, su embajadora en Estados Unidos.
“Quiero que me mande las cabecillas de pandilleros que están en Estados Unidos”, dijo Mayorga al citar las palabras que Bukele le dijo al Secretario de Estado Marco Rubio.
Para Bukele, según dijo la embajadora en una entrevista, era “un tema de honor”.
Mica Rosenberg contribuyó como reportera y Doris Burke contribuyó con investigación.
Traducción por Carmen Méndez.
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ProPublica es un medio independiente y sin ánimo de lucro que produce periodismo de investigación en pro del interés público. Suscríbete para recibir nuestras historias en español por correo electrónico.
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