El esfuerzo multimillonario de Michael Bloomberg, LeBron James y otras celebridades para pagar las persistentes multas y honorarios judiciales de ex convictos de Florida podría lograr que casi 13,000 de ellos califiquen para votar en las elecciones del martes, según un análisis del Tampa Bay Times/Miami Herald y ProPublica.
Aunque el modesto aumento de ex convictos que reúnen los requisitos necesarios está muy por debajo de las expectativas, podría ser lo suficientemente grande como para marcar la diferencia en un estado clave en el que las encuestas indican que la contienda presidencial está de nuevo muy reñida.
Según el análisis del Times/Herald/ProPublica, en cuatro de los condados más grandes del estado -Hillsborough, Pinellas, Palm Beach y Polk- alrededor del 32%, o 1,518 de los 4,700 ex convictos a los que la organización sin fines de lucro Florida Rights Restoration Coalition (Coalición de Restauración de Derechos de Florida) les pagó sus multas y honorarios judiciales están registrados para votar en las próximas elecciones.
En todo el estado, donde la coalición utilizó las contribuciones de celebridades y otros donantes para pagar unos $27 millones de dólares en multas y cuotas de unos 40,000 ex convictos, esa tendencia podría traducirse en unos 12,800 votantes admisibles, si la proporción es consistente y no tienen otras deudas judiciales.
Los nuevos electores admisibles en los cuatro condados probablemente se inclinan hacia el candidato presidencial demócrata, el ex vicepresidente Joe Biden. En esos condados, por lo menos el 80% de los ex convictos cuyas multas y cuotas se pagaron no son blancos, incluyendo el 74% que son negros. Alrededor del 68% son demócratas registrados, según el análisis.
Una portavoz de Bloomberg no respondió a las solicitudes de comentarios enviadas por correo electrónico. La organización de James, More Than a Vote (Más que un Voto), tampoco respondió a las peticiones enviadas por correo electrónico.
El aumento en la cantidad de ex convictos que ahora tienen derecho a votar parece frenar un poco el esfuerzo de los republicanos por minimizar su participación. Después de que una iniciativa electoral les concediera el derecho de voto a los ex convictos, la legislatura dirigida por los republicanos impuso el requisito de que primero pagaran sus multas y deudas judiciales, una restricción que algunos críticos consideraron equivalente a la supresión de los electores.
Sin embargo, no está claro si aquellos a los que ayudó la Coalición llegarán a los centros de votación. Muchos todavía no saben que sus deudas judiciales ya están saldadas, y la Coalición no exige, ni siquiera pregunta, si las personas cuyas cuotas paga están registradas para votar.
“Queremos que las comunidades mejoren haciendo que se escuchen más voces, y cuanto antes se pueda reintegrar a las personas a la comunidad, mejor”, dijo Neil Volz, subdirector de la Coalición para la Restauración de los Derechos de Florida. “Si la gente decide participar en ese momento o no, eso es cosa suya”.
Volz informó que la organización se ha visto bombardeada por llamadas de ex convictos en busca de pago, y que tiene problemas para mantenerse al día con ese volumen de peticiones. A la par sigue notificando a la gente que sus multas y cuotas ya se pagaron.
“Estamos tratando de llegar a tantas personas como podamos”, aseguró Volz. “Si alguien está en la fila, seguiremos haciendo todo lo posible para comunicarnos con esa persona”.
Michael Simmons, de 45 años y residente de Riverview, cerca de Tampa, está tan decidido a votar que pagó todas las deudas judiciales de las que tenía conocimiento. Fue varias veces a la oficina del secretario municipal de Hillsborough para pagar casi $1,800 por cuatro casos por violaciones de tráfico, según muestran los recibos.
Sin embargo, hasta que un reportero lo llamó la semana anterior a las elecciones, no se había dado cuenta de que aún le debía al condado $1,140 por dos delitos graves: una violación de libertad condicional y por conducir con una licencia revocada. La Coalición para la Restauración de los Derechos de Florida pagó esas multas en agosto.
“No sabía nada al respecto”, dijo Simmons.
Votó anticipadamente, una semana antes de las elecciones.
Liquidación de deudas
Hace apenas dos años, parecía que las listas de electores de la Florida podrían expandirse significativamente después de que los residentes del estado aprobaron en las urnas una iniciativa histórica conocida como la Enmienda 4, que restableció el derecho al voto de los ex convictos.
Sin embargo, los legisladores republicanos y el gobernador Ron DeSantis adoptaron una postura de línea dura ante la Enmienda 4. La legislatura de 2019 ordenó que los ex convictos cumplieran “todas las condiciones” de sus sentencias antes de registrarse para votar, incluido el pago de los cientos o miles de dólares en honorarios y multas judiciales que se aplican a casi todas las condenas por delitos graves en el estado. También se requiere el pago de indemnizaciones.
Diecisiete ex convictos demandaron al estado y al gobernador por esa ley. Un juez federal inicialmente revocó las restricciones y permitió que votara la mayoría de los ex convictos con honorarios judiciales pendientes, pero esa decisión fue anulada por el Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito en septiembre. Los demandantes tienen hasta enero para decidir si apelan al Tribunal Supremo de Estados Unidos.
Es probable que la legislación haya obstaculizado el registro de los ex convictos. Si deben multas y honorarios, no se les impedirá votar el martes, pero podrían enfrentar cargos penales si lo hacen. Se calcula que entre 50,000 y 70,000 ex convictos se han registrado para votar desde que la Enmienda 4 entró en vigor a principios de 2019. La tasa fue inferior a la prevista por los defensores de la medida, que habían pronosticado que restablecería los derechos de voto de hasta 1.4 millones de residentes de Florida, y que tal vez entre el 10% y el 20% completaría el proceso de registro electoral.
Los esfuerzos de recaudación de fondos comenzaron poco después de que se impusieron las restricciones legislativas. Se invirtieron millones de dólares para ayudar a los ex convictos, gracias a una red de pequeñas donaciones de residentes de Florida y de grandes cheques de celebridades como los ídolos del baloncesto LeBron James y Michael Jordan, y la cantante Ariana Grande. Bloomberg, el exalcalde de la ciudad de Nueva York, también ayudó a recaudar $16 millones atrayendo a otros donantes.
Además de pagar las multas y cuotas de las personas que se comunicaron con la Coalición, el grupo pidió a los secretarios municipales que proporcionaran los nombres de las personas con deudas pendientes por debajo de cierto límite. En el condado de Hillsborough, originalmente solicitaron los nombres de las personas que debían a los tribunales $1,000 dólares o menos, y luego aumentaron el límite a $2,600 a medida que llegaron más contribuciones. En un caso la persona ya había fallecido, pero la Coalición pagó las deudas sin saberlo, según muestran los registros. Varios parecen haberse mudado fuera del estado.
Los líderes republicanos del estado trataron de anular los pagos. En septiembre, a petición de DeSantis, Ashley Moody, la fiscal general del estado, le pidió a la policía estatal y al FBI que investigaran si el plan era un incentivo ilegal para votar, después de que The Washington Post informara que Bloomberg quería ayudar a pagar las multas y honorarios para que los ex convictos pudieran votar contra el presidente Donald Trump. Después de que Moody pidió una investigación, la Coalición recibió amenazas de los supremacistas blancos.
La policía estatal dijo la semana pasada que la petición de Moody es una “averiguación preliminar” y no ha sido elevada a investigación. La oficina del FBI en Tampa declaró que no confirma ni niega las investigaciones en curso.
La portavoz de Moody dijo que la fiscal general “hace remisiones de posibles violaciones de la ley” a las autoridades, entre ellas el caso de los correos electrónicos enviados a los residentes de Florida la semana pasada amenazando con “ir tras ellos” si no votan por Trump. Los funcionarios federales culparon después a Irán por el envío de los correos electrónicos.
Expectativas moderadas
Para determinar cuántos ex convictos que recientemente han cumplido los requisitos están registrados para votar, el Times/Herald/ProPublica solicitó información de los 10 condados más grandes del estado para obtener una lista de las personas cuyas multas y cuotas fueron pagadas por la Coalición para la Restauración de los Derechos de Florida.
Cuatro de esos condados proporcionaron suficiente información detallada sobre los acusados para compararlos con las listas de registro de electores. Los otros condados no proporcionaron la información o no dieron suficientes detalles sobre las multas y honorarios que se pagaron como para poder determinar la situación de los electores.
El análisis más reciente reveló que el 12% de las personas cuyas deudas judiciales fueron saldadas se habían inscrito para votar desde que la Enmienda 4 entró en vigor. Esa es una tasa de registro 50% más alta que el 8% de los ex convictos en general que se creyó que calificarían en virtud de la nueva ley.
No está claro por qué los datos muestran que la mayoría de los nuevos ex convictos calificados se registraron para votar antes de que la iniciativa de votación entrara en vigor. Algunos de ellos pueden haber estado entre los 150,000 a los que el exgobernador Charlie Crist les concedió el derecho a votar. Por otra parte, otras personas pueden haberse registrado para votar antes de ser condenadas por un delito grave, o pueden haber sido eliminadas de las listas y volverse a registrar, pero los archivos estatales siguen incluyéndolas con la fecha inicial de registro.
Los hallazgos subrayan la dificultad de lograr que los ex convictos participen en el proceso político.
“No es tan sencillo como pagar sus obligaciones financieras”, opinó Dan Smith, un profesor de ciencias políticas de la Universidad de Florida que ha estado estudiando el tema. “Estas personas todavía tienen que pasar por el proceso de registrarse”.
El presidente de la coalición, Desmond Meade, cuyos derechos de voto fueron restaurados en virtud de la Enmienda 4, dijo que el programa ha tenido otros beneficios, como ayudar a los ex convictos a recuperar sus licencias de conducir. Cerca de 2 millones de residentes de Florida tienen licencias suspendidas por no pagar honorarios y multas judiciales.
Los donativos también ayudaron a aumentar los presupuestos de los tribunales después de la pandemia, agregó. Puso como ejemplo al condado de Brevard, donde el secretario de justicia Scott Ellis había apelado a la comisión del condado para obtener fondos adicionales a fin de mantener la oficina en funcionamiento.
“Logramos ir al condado de Brevard y entregarles un cheque por $551,000”, dijo Meade. “Todos los contribuyentes de Florida se están beneficiando de nuestros esfuerzos”.
Los funcionarios de Brevard aún no han proporcionado la información de pago de deudas solicitada por el Times/Herald/ProPublica, pero Ellis calificó de “fantástico” el programa de la Coalición.
“No hay duda de que esa cantidad de dinero ayuda a todos los secretarios municipales”, dijo.
Con la mirada en el futuro
Simmons dijo que siguió los esfuerzos de la Coalición para persuadir a los residentes de Florida de votar por la Enmienda 4 y para recaudar dinero con el fin de ayudar a la gente a pagar sus deudas judiciales.
Contó que se registró para votar el 8 de enero de 2019, el día en que entró en vigor la Enmienda 4, y que ha votado tres veces desde que se le restablecieron sus derechos, creyendo que había pagado todas sus multas y deudas. Agregó que está agradecido por la ayuda de la coalición.
“Lo que la Coalición para la Restauración de los Derechos ha hecho por la gente, lo sepan o no, es algo grandioso”, indicó. “Casi me siento mal, porque no la necesitaba [la ayuda] y la recibí. Pero el que la necesite, espero que la aprecie”.
Una mujer de Tampa, quien pidió no ser identificada, dijo que se acercó a la Coalición para pagar sus deudas, pero no recibió respuesta.
Se rió cuando un periodista le dijo que los registros muestran que la coalición le pagó una deuda judicial de $645 el 12 de octubre. No tenía conocimiento del pago, pero dijo que aun así no votará, a pesar de estar registrada, porque tiene una deuda adicional de $106,000 en multas relacionadas con una condena anterior por tráfico de drogas.
“Francamente, no estoy segura de para qué servirá pagar $645”, dijo.
