ProPublica es una redacción sin fines de lucro que investiga los abusos del poder. Esta historia se publicó originalmente en nuestro boletín Dispatches. Suscríbase para recibir las notas de nuestros periodistas.
En los primeros días del segundo mandato del presidente Donald Trump, pasé unas semanas observando la corte de inmigración en Chicago, para tener una idea de cómo estaban cambiando las cosas. Una tarde de marzo, el caso de un venezolano de 27 años, solicitante de asilo, llamó mi atención.
Alberto Jesús Rodríguez Parra miraba directo a la cámara durante su audiencia virtual de fianza. Tenía puesta la camisa color naranja que se les entrega a los reclusos en una cárcel en Laredo, Texas, y audífonos para escuchar los procedimientos por medio de un intérprete.
Más de un año atrás, Rodríguez había sido condenado por hurto en tiendas de los suburbios en Chicago. Pero después de eso parecía que su vida se había encarrilado. Encontró un trabajo en el estadio de béisbol, Wrigley Field, enviaba dinero a su madre en Venezuela, e iba al gimnasio y a la iglesia con su novia. Tiempo después, en noviembre, las autoridades federales lo detuvieron en su apartamento al sur de Chicago, y lo acusaron de pertenecer a la pandilla venezolana Tren de Aragua.
“¿Alguno de sus tatuajes está relacionado con pandillas?”, le preguntó su abogado en la audiencia, mientras revisaba las pruebas presentadas contra él en un informe de Inmigración y Control de Aduanas. “No”, respondió Rodríguez, cuyos tatuajes incluyen un ángel que sostiene una pistola en la mano, un lobo y una rosa. En algún momento, se levantó la camisa para mostrar los nombres de sus padres tatuados en el pecho.
Le preguntaron sobre un video de TikTok en el que aparece bailando al ritmo de un clip de un audio en el que alguien grita: “¡Te va a agarrar el Tren de Aragua!”, seguido de un ritmo de baile. El clip de audio ha sido compartido unas 60,000 veces en TikTok. Es popular entre los venezolanos para burlarse del estereotipo de que toda la gente de su país es un malandro. Rodríguez mostró cara de incredulidad ante la idea de que esa fuera la evidencia en su contra.
Ese día, la jueza no tocó las acusaciones de afiliación a pandillas, pero le negó a Rodríguez la libertad bajo fianza y citó la condena por el delito menor de hurto. Le recordó que su audiencia final sería el 20 de marzo, a tan solo 10 días. Si le concedía el asilo, sería un hombre libre y podría continuar su vida en Estados Unidos.
Le compartí a mis editores y colegas lo que había escuchado e hice planes para asistir a la próxima audiencia. Vi potencial para el tipo de historia narrativa complicada que me gusta. Aquí había un joven inmigrante que sí, había venido ilegalmente al país, pero se había entregado a las autoridades fronterizas en busca de asilo. Sí, tenía antecedentes penales, pero por delito no violento. Y sí, tenía tatuajes, pero también los tienen las simpáticas madres blancas estadounidenses de mi club de lectura. Yo estaba segura de que había integrantes del Tren de Aragua en Estados Unidos, pero si este era el tipo de prueba que tenía el gobierno, me costaba creer que fuera una “invasión”, como afirma Trump. Le pedí una entrevista al abogado de Rodríguez y comencé a solicitar registros policiales y judiciales.
Cinco días después, el 15 de marzo, la administración Trump expulsó a más de 230 hombres venezolanos a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, un país en el que muchos de ellos nunca habían puesto un pie. Trump los tachó de terroristas y pandilleros. Pasarían unos días hasta que se hicieran públicos los nombres de los detenidos. Quizás por ingenuidad, no se me ocurrió que Rodríguez pudiera estar en ese grupo. Entonces entré a su audiencia final y escuché a su abogado decir que no sabía adónde lo había llevado el gobierno. El abogado sonaba cansado y derrotado. Más tarde, me diría que apenas había dormido, temeroso de que Rodríguez apareciera muerto. En la audiencia, le suplicó por información a una abogada del gobierno: “Por el bien de la familia de mi cliente, ¿sabe por casualidad a qué país lo enviaron?”. Ella le respondió que tampoco sabía.
Me quedé atónita. Conozco las historias de líderes autoritarios que hacen desaparecer a la gente que no les gusta en América Latina, la parte del mundo de la que proviene mi familia. Quería pensar que eso no ocurría en este país. Pero lo que acababa de ver me resultaba incómodamente similar.
En cuanto terminó la audiencia, me puse al teléfono con mis colegas Mica Rosenberg y Perla Trevizo, quienes cubren el tema de inmigración. Hace poco escribieron sobre cómo el gobierno de Estados Unidos envió a otros hombres venezolanos a Guantánamo. Hablamos acerca de lo que debíamos hacer con lo que acababa de escuchar. Mica contactó a una fuente en el gobierno federal que confirmó, casi de inmediato, que Rodríguez estaba entre los hombres que nuestro país había enviado a El Salvador.
De pronto, la noticia me pareció más real e íntima. Uno de los hombres enviados a una brutal prisión en El Salvador ahora tenía un nombre, una cara, y una historia que yo había escuchado de su propia boca. No pude dejar de pensar en él.
Como organización de noticias decidimos poner recursos significativos para investigar quiénes eran realmente estos hombres y qué les había sucedido. Para ello, trajimos a muchos talentosos periodistas de ProPublica para ayudar a recopilar registros, examinar cuentas de las redes sociales, analizar datos judiciales y encontrar a sus familias. Nos asociamos con un grupo de periodistas venezolanos de Alianza Rebelde Investiga y Cazadores de Fake News, que también estaban comenzando a rastrear información sobre los deportados.
Hablamos con familiares y abogados de los más de 100 hombres y obtuvimos registros internos del gobierno que refutan las afirmaciones de la administración Trump de que todos los hombres son “monstruos”, “criminales enfermos” y “lo peor de lo peor”. También publicamos una historia sobre cómo, en general, los hombres no se estaban escondiendo de las autoridades federales de inmigración. Estaban en el sistema. Muchos tenían casos de asilo abiertos, como Rodríguez, y estaban esperando su día de audiencia en la corte antes de ser llevados y encarcelados en Centroamérica.
El 18 de julio —después de que había escrito el primer borrador de esta nota— empezamos a escuchar rumores de un posible intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Venezuela. Ese mismo día por la tarde, los hombres fueron sido liberados. Habíamos estado trabajando en un recuento, caso por caso, de los venezolanos que habían estado recluidos en El Salvador. Aunque habían sido liberados, documentar quiénes eran y cómo se vieron atrapados en esta redada seguía siendo importante, incluso esencial, al igual que el impacto de su encarcelamiento.
El resultado es una base de datos que publicamos la semana pasada e incluye los perfiles de 238 de los hombres que Trump deportó a la prisión salvadoreña.
Desde el momento en que supe del regreso de estos hombres a Venezuela, pensé en Rodríguez. Había estado en mi mente desde que me embarqué en este proyecto. Mantuve contacto con su madre durante todo el fin de semana, a la espera de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro los procesara y los entregara a sus familiares.
Finalmente, un día de la semana pasada, Rodríguez partió a casa. Hablamos esa misma tarde. Me dijo que sentía alivio de estar en casa con su familia, pero también se sentía traumatizado. Me dijo que quería que el mundo supiera lo que había sucedido en la prisión salvadoreña: palizas diarias, humillación, abuso psicológico. “Todo lo que pasé fue sin una razón. No me merecía esto”.
El gobierno salvadoreño niega haber maltratado a los presos venezolanos.
Preguntamos a la administración Trump cuáles son las pruebas contra Rodríguez. Y esta es la declaración completa: "Albert Jesús Rodríguez Parra es un extranjero ilegal de Venezuela y miembro de la pandilla Tren de Aragua. Cruzó ilegalmente la frontera el 22 de abril de 2023, bajo la administración Biden”.
Mientras Rodríguez estaba encarcelado en El Salvador y nadie sabía qué iba a pasar con él, la corte de inmigración seguía retrasando las audiencias de su caso de asilo. Tras meses de aplazamientos, el 28 de julio entró a una audiencia virtual desde Venezuela. “Dios mío, me alegro mucho de verlo”, le dijo la jueza Samia Naseem, quien recordó claramente su caso.
El abogado de Rodríguez dijo que su cliente había sido torturado y maltratado en El Salvador. “Ni siquiera puedo describir a esta corte por lo que pasó”, dijo. “Está recibiendo ayuda psicológica, y esa es mi prioridad”.
Fue una breve audiencia, quizá de cinco minutos. El abogado de Rodríguez mencionó su participación en una demanda en curso contra la administración Trump por la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar venezolanos. La abogada del gobierno no habló mucho, salvo cuestionar por qué a Rodríguez se le permitía comparecer de manera virtual desde Venezuela debido a los “problemas de seguridad” en ese país.
Por último, la jueza dijo que cerraría el caso administrativamente. Mientras, el litigio sigue en curso. “Si con suerte puede volver a Estados Unidos, agendaremos el caso”, anunció la jueza.
Naseem se volvió hacia Rodríguez, que estaba en silencio y con una expresión seria. “No tienes que preocuparte por volver a presentarte hasta que esto se resuelva”, le dijo. Él asintió y, poco después, se desconectó.
Tenemos la intención de seguir informando sobre lo ocurrido y pronto publicaremos otra historia con las experiencias de Rodríguez y los hombres dentro de la prisión salvadoreña. Por favor, póngase en contacto con nosotros si tiene información que compartir.
Traducción por Wendy Selene Pérez.
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Traducción por Wendy Selene Pérez.
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