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Estaba desesperada por salir del país.
A mediados de mayo, Pérez, una madre venezolana con dos hijos, ya no podía sobrevivir por sí misma en Chicago. Dependía de la caridad para alimentarse y tener un techo desde que su pareja había sido detenida por las autoridades de inmigración tras una parada de tráfico a principios de año.
Pérez, de 25 años, pensó que sería más seguro regresar a Venezuela con sus hijos en lugar de quedarse y correr riesgos. Su solicitud de asilo seguía pendiente y tenía un permiso para trabajar de manera legal; pero lo mismo ocurría con muchos otros venezolanos que estaban siendo detenidos en las calles y puestos bajo custodia. Las autoridades estaban arrestando a inmigrantes sin importar si habían seguido las reglas o no.
También había visto cómo el presidente Donald Trump señalaba a sus compatriotas, llamándolos pandilleros y terroristas, e incluso enviar a cientos de ellos a una prisión extranjera. Le aterraba la idea de ser detenida, deportada y, lo peor de todo, separada de su hija y de su hijo. Ellos eran la razón por la que la familia había llegado a Estados Unidos.
Entonces se enteró de la oferta de Trump de una salida segura y digna.
“Estamos facilitando al máximo que los extranjeros ilegales abandonen Estados Unidos”, dijo el presidente en un video de redes sociales en mayo, en el anuncio del lanzamiento del Proyecto Vuelta a Casa.
Habló de una aplicación móvil en la que “los ilegales pueden reservar un vuelo gratis a cualquier país extranjero”. Y ofreció otros incentivos: a los inmigrantes que cumplieran los requisitos no se les prohibiría volver de manera legal a Estados Unidos algún día, e incluso recibirían una “bono de salida” de $1,000. Creyendo las palabras del presidente, Pérez descargó la aplicación CBP Home y se registró para volver a Venezuela con sus dos hijos.
Pasaron meses. Deportaron a su pareja. En julio, Pérez dijo que recibió una llamada de alguien del programa CBP Home para decirle que a mediados de agosto tomaría un vuelo para salir del país. Comenzó a empacar.
Pero a medida que se acercaba la fecha de partida y los boletos de avión no llegaban, Pérez se puso nerviosa. Una y otra vez llamó al número gratuito que le habían proporcionado. Finalmente, alguien le devolvió la llamada para decirle que podría haber un retraso para conseguir los documentos necesarios para viajar a Venezuela.
Después volvió el silencio. Ninguna otra información, ningún boleto de avión. Pérez se registró en la aplicación de nuevo en agosto, y luego una tercera vez en septiembre, cuando aumentaron los arrestos de inmigrantes en Chicago.
Hoy, Pérez se siente atrapada en un país que no la quiere. Tiene miedo de salir de su apartamento, miedo de ser detenida y le quiten sus hijos. “Estoy con pánico, con miedo, viendo hacia todos lados”, dijo. “Yo lo que hice fue el registro que el presidente salió diciendo que era para retornar a nuestro país voluntariamente”.
La ofensiva migratoria del gobierno de Trump está logrando su efecto deseado: aterrorizar a la gente para que intente irse. Según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés), obtenidos por ProPublica, se han registrado aproximadamente 25,000 salidas de inmigrantes de todos los países a través de la aplicación CBP Home.
Los datos indican que de esas 25,000 salidas, poco más de la mitad regresaron a sus países con asistencia del DHS; casi todos los demás se inscribieron al programa pero terminaron retornando por su cuenta.
Y no solo se trata de CBP Home. Las solicitudes de salida voluntaria —una alternativa a la deportación concedida a algunos inmigrantes que se van por sus propios medios— se han disparado a niveles no vistos por lo menos desde el año 2000, hasta llegar a más de 34,000 desde que empezó el mandato de Trump, de acuerdo con datos de los tribunales de inmigración. (El número es más alto que en años anteriores, pero aún lejos de la cantidad de inmigrantes que la administración ha deportado durante 2025).
Pero para muchos recién llegados de Venezuela —posiblemente la comunidad más afectada por la administración Trump, y cuyo país se prepara ahora para la posibilidad de una invasión estadounidense— marcharse no ha sido tan sencillo como el presidente hizo parecer.
ProPublica entrevistó a una docena de venezolanos que dijeron que querían aceptar la oferta del gobierno estadounidense de un regreso seguro y fácil. Se inscribieron hace meses en la aplicación CBP Home y, al principio, se les asignaron fechas de salida. Pero después de que esas fechas pasaron, estos inmigrantes dijeron sentirse traicionados por lo que el presidente les había dicho.
Parte del problema está vinculado con la falta de relaciones diplomáticas entre Washington y Caracas. No existen servicios consulares para los venezolanos en Estados Unidos. Muchos de los cientos de miles de venezolanos que emigraron a Estados Unidos en años recientes en busca de asilo y otros alivios migratorios entraron sin pasaportes válidos, como Pérez. Sin embargo, para subirse a un avión y volver a Venezuela requieren de un documento especial de viaje conocido como “salvoconducto”, expedido por su gobierno.
Y las relaciones entre ambos países están empeorando. La administración Trump ha presionado para que se produzca un cambio de régimen en Venezuela, ha enviado buques de guerra al Caribe y, en las últimas semanas, ha hecho explotar cuatro barcos venezolanos que, según afirma, transportaban drogas a Estados Unidos. Preparándose para una invasión, el presidente venezolano Nicolás Maduro dijo que está dispuesto a declarar el estado de excepción para proteger a su país, lo que podría dificultar el regreso a casa de los venezolanos que se encuentran en el extranjero.
Los venezolanos que quieren salir de Estados Unidos describieron cómo los representantes de la CBP Home les aseguraron que la falta de pasaportes no sería un problema, y que el gobierno estadounidense les ayudaría a obtener los documentos de viaje necesarios. Ahora, si es que reciben una respuesta, les dicen que deben arreglárselas por sus propios medios.
La administración Trump estaba consciente desde un inicio de los posibles retos. En su proclamación de mayo, el presidente ordenó a los departamentos de Estado y de Seguridad “tomar todas las acciones apropiadas para permitir la rápida salida de los extranjeros ilegalmente en Estados Unidos y que actualmente carecen de documentos de viaje válidos de sus países de ciudadanía o nacionalidad”.
En un comunicado, un vocero del DHS afirmó que la agencia está trabajando con el Departamento de Estado “para obtener documentos de viaje para aquellos que carecen de un pasaje seguro. Hasta ahora, miles de venezolanos ya se han autodeportado utilizando la aplicación CBP Home”. El Departamento de Estado remitió preguntas al DHS.
Los registros internos del DHS obtenidos por ProPublica muestran casi 3,700 salidas de venezolanos a través de CBP Home hasta finales de septiembre. No está claro cuántos venezolanos han solicitado participar. El vocero del DHS dijo que la agencia no podía confirmar las cifras y no quiso decir si el programa está cumpliendo con las proyecciones. (Una comisión del Congreso ordenó a la agencia que publique informes mensuales que incluyan el número de salidas voluntarias por medio de la aplicación CBP Home, pero el DHS no lo ha hecho).
Se estima que 10,200 venezolanos han sido deportados entre febrero y principios de octubre, según los datos de vuelos de deportación rastreados por el ICE Flight Monitor, de la organización sin fines de lucro Human Rights First.
Muchas de las venezolanas entrevistadas por ProPublica son madres de niños pequeños que dicen haber decidido aceptar la oferta del presidente después de que expirara su permiso de trabajo, su estatus de protección temporal (TPS), o fueran deportados sus cónyuges. Pocas están dispuestas a regresar por tierra debido a los peligros que representan la violencia de los cárteles y los secuestros en México, peligros que muchas de ellas experimentaron cuando emigraron aquí.
Casi todos, como Pérez, pidieron no ser identificadas plenamente por miedo de atraer atención no deseada hacia sí mismas y las consecuencias de esa atención.
Antes de que se cumplieran sus fechas de salida, habían realizado todos los preparativos para partir: entregaron las llaves de sus apartamentos, sacaron a sus hijos de la escuela, enviaron sus pertenencias a Venezuela. Y con el paso de las semanas y los meses se han hundido aún más en la pobreza.
Pérez solicitó el retorno a Venezuela para ella y su familia por medio de la aplicación CBP Home, pero se ha quedado atrapada en un limbo en Chicago, sin un camino claro a seguir.
Credit:
Jamie Kelter Davis para ProPublica
En Los Ángeles, California, una familia de cuatro personas durmió durante semanas en su pequeño Toyota Echo para ahorrar en el alquiler mientras esperaban la fecha de su partida. Vendieron el coche y otras pertenencias para pagar los boletos de autobús de regreso por donde habían venido. Casi dos meses después de su regreso a Venezuela, dijeron que siguen esperando los bonos de salida de $1,000 con lo que esperaban empezar de nuevo en su país.
En Youngstown, Pensilvania, una madre de dos hijos dijo que no inscribió a su hijo de 8 años en la escuela este otoño porque creyó que para entonces ya se habrían ido. Recientemente, se mudó al apartamento de una amiga en Nueva York.
“No quiero estar más acá”, dijo la mujer entre sollozos. “¿Cómo hago para salir?”.
Varios abogados y defensores de inmigrantes dijeron a ProPublica que no confían en la aplicación CBP Home ni en las promesas de la administración Trump de ayudar a los inmigrantes a autodeportarse. El National Immigration Law Center (Centro Nacional de Leyes de Inmigración) publicó hace poco una guía en la que explica algunos de los riesgos potenciales de utilizar CBP Home, como la posibilidad de perder el derecho a obtener un visado en el futuro para aquellos que abandonen el país sin cerrar un caso judicial de inmigración. Algunos abogados dijeron que desaconsejan a sus clientes utilizar la aplicación.
Ruben Garcia, director de Annunciation House, una organización sin fines de lucro de El Paso que apoya a migrantes y refugiados, dijo que, en el clima actual, entiende por qué algunas personas podrían considerar la oferta de la administración de marcharse. Pero, añadió, la oferta debe estar respaldada por acciones.
“Si vas a decir que vas a hacer esto”, añadió Gacia, “más te vale asegurarte de qué sea cierto y de qué funcione”.
Emily, una inmigrante venezolana en Columbus, Ohio, sostiene su celular para mostrar el correo electrónico que le enviaron del programa de autodeportación de CBP Home.
Credit:
Maddie McGarvey para ProPublica
CBP Home reemplazó una aplicación anterior que la administración Biden había promovido para tratar de poner orden al creciente número de migrantes que intentaban entrar al país. Pérez y otros solicitantes de asilo usaron esa versión anterior, CBP One, para programar citas y acercarse a la frontera. Trump, quien hizo campaña con la promesa de deportaciones masivas, terminó esa opción en su primer día de regreso a la Casa Blanca.
En marzo, relanzó la aplicación con una nuevo nombre y una nueva función, que permitía a los inmigrantes alertar al gobierno de su intención de autodeportarse. Formó parte de una campaña publicitaria de $200 millones destinada a alentar a los inmigrantes a “Quedarse fuera y salir ahora”. Dos meses después, Trump presentó el Proyecto Vuelta a Casa y los incentivos adicionales de vuelos gratuitos y bonos de salida. La administración trasladó fondos del Departamento de Estado destinados a ayudar a refugiados que se reasentaban en Estados Unidos al DHS para pagar los vuelos y estipendios, según registros federales y reportes de noticias.
Funcionarios del DHS han mencionado la aplicación en docenas de comunicados de prensa sobre cambios de política y operaciones de cumplimiento. Por ejemplo, en el mismo anuncio de septiembre en el que el DHS ponía fin al TPS para venezolanos, los funcionarios alentaron a esos mismos venezolanos a irse utilizando la CBP Home. Y los inmigrantes que acuden a sus audiencias en la corte de inmigración ven carteles pegados en las paredes sobre los beneficios que podrían obtener si “se autodeportan con CBP Home en lugar de ser deportados por ICE”.
Emily y Deybis descargaron la aplicación en junio, cuando parecía que su vida en Estados Unidos se derrumbaba. Habían usado la aplicación anterior CBP One para acercarse a la frontera con sus dos hijos en enero de 2024, y se les permitió entrar al país con protecciones que debían durar dos años. Se establecieron en Dallas, Texas, solicitaron asilo y obtuvieron permisos de trabajo. Deybis encontró un trabajo en la lavandería de un hotel y Emily en un Chick-fil-A. Luego, esta primavera, la administración Trump puso fin a las protecciones para inmigrantes como ellas y canceló sus permisos de trabajo.
Perdieron sus empleos y ya no podían pagar el alquiler. En la pantalla de inicio azul celeste de la aplicación vieron un dibujo de un hombre y una mujer sonrientes tomados de la mano con un niño. “Déjanos ayudarte a salir del país con facilidad”, les decía otra pantalla en español. Aceptaron compartir la geolocalización de su teléfono, introdujeron información personal y cargaron selfis.
Pronto llegó un correo electrónico automatizado de “Project Homecoming Support” (soporte del Proyecto Vuelta a Casa) explicando que pronto serían contactados por alguien desde un número gratuito que les ayudaría a coordinar su viaje. A las pocas semanas, recibieron una llamada de una operadora desde ese número que se presentó en nombre del DHS.
Emily contó que dejó claro que la familia no tenía pasaportes venezolanos, pero le dijeron que eso no sería un problema, que el gobierno de Estados Unidos se haría cargo de conseguir los documentos necesarios. Dijo que el operador les dio una fecha de salida para el 1 de agosto y les indicó que esperaran a recibir sus boletos de avión por correo electrónico.
Emily y Deybis vendieron su coche y se mudaron con sus hijos a Columbus, Ohio, donde el sobrino de Deybis les dejó quedarse en el sótano de su apartamento, aún sin terminar, hasta su partida. Los boletos de avión nunca llegaron.
Luego, el sobrino fue detenido en un control de tráfico y deportado. Angustiados, Emily y Deybis dijeron que llamaron al número gratuito una y otra vez, dejaron mensajes que no fueron contestados. Emily presentó una nueva solicitud y envió más correos electrónicos.
A mediados de septiembre, recibieron un correo electrónico del “equipo de CBP Home” indicándoles que se pusieran en contacto con la embajada de Venezuela en México para obtener por su cuenta los documentos de viaje.
“Estamos trabajando muy duro en su caso”, les aseguraron en el correo electrónico.
Sin embargo, cuando llamaron a la embajada, el número estaba ocupado. Encontraron agencias de viajes que ofrecían proporcionar los documentos de viaje a cambio de un pago, pero el gobierno venezolano exige una fecha de llegada y una prueba de que se han comprado los boletos de avión. Emily y Deybis no pueden costearlos.
“Muchas gracias por su paciencia y comprendemos su frustración”, les respondieron en otro correo. “Espere nuevas instrucciones del DHS”.
Mientras esperan, les preocupa cómo sobrevivirán cuando llegue el invierno. La mayoría de los días, Deybis visita lugares de despensas de alimentos locales y busca artículos desechados en callejones y esquinas que puedan revender. Hace unas semanas, vendieron la cama de su hija para ayudar a pagar el alquiler.
"Para pasar necesidad aquí, es preferible estar en Venezuela, con nuestra familia", dijo.
Emily y Deybis comparten un departamento en un sótano en Columbus, Ohio, con sus dos hijos. No pueden trabajar y se han visto obligados a vender las pocas cosas que tienen para dar de comer a la familia.
Credit:
Maddie McGarvey para ProPublica
Pérez dijo que su hija era la principal motivación de la familia para venir; la niña había nacido con un defecto cardiaco y necesitaba una operación que no podían conseguir en Venezuela, donde los hospitales funcionan con cortes de electricidad y tienen una capacidad limitada para realizar cirugías avanzadas, sin mencionar la escasez de suministros.
“No queríamos un Sueño Americano, no queríamos casa ni lujo”, dijo Pérez, quien de joven tocó el violonchelo en una sinfónica juvenil de Caracas. “Queríamos que nuestra hija estuviera viva”.
Ella y su pareja hicieron el viaje a Estados Unidos en 2023, con su hija, entonces de 6 años, y su hijo de 4. Pérez pensó que lo hicieron "de la manera correcta", esperando durante semanas en México hasta conseguir una cita a través de CBP One para acercarse a la frontera. Después de ser procesados, la familia se dirigió a Chicago, una ciudad de la que habían escuchado que era un santuario para inmigrantes. Al principio se refugiaron dentro de una estación de policía, como lo hacían cientos de nuevas familias inmigrantes en ese momento. Pérez dijo que trabajadores médicos que visitaron la estación se enteraron de la condición de su hija y conectaron a la familia con un programa de atención caritativa de un hospital. La primavera siguiente, la frágil niñita de ojos oscuros recibió la operación que necesitaba.
A finales de 2024, la familia se mudó al sur de Florida, donde la pareja de Pérez encontró trabajo reconstruyendo casas dañadas por los huracanes. Luego, en febrero, fue arrestado por conducir sin licencia ni registro. Pasó alrededor de dos meses en la cárcel antes de ser transferido a custodia migratoria.
Pérez ya no se sentía segura en Florida. Regresó a Chicago con sus hijos.
A medida que pasan los meses sin una respuesta del programa CBP Home, Chicago tampoco se siente seguro. Este otoño, la administración Trump se enfocó en la ciudad para aplicación de leyes migratorias y envió a la Patrulla Fronteriza. Pérez descargó hace poco otra aplicación que le alerta sobre la presencia de agentes federales de inmigración cerca, y ve videos de otros inmigrantes siendo arrestados. Un día de septiembre, un agente de ICE disparó y mató a un inmigrante en un suburbio cercano. Pérez se pregunta si ella también podría morir.
En una tarde soleada de septiembre, Pérez miró por la calle frente a la escuela, en busca de vehículos sospechosos. Su hija, que ahora tiene 8 años, bajó primero las escaleras, con un lazo rosa y una amplia sonrisa. Su hijo, ahora de 6, con una camiseta de Spiderman y un yeso azul por un accidente en un patio de juegos, apareció después.
Comparten la ansiedad de su madre. De camino a casa, la hija de Pérez se inclinó sobre su hermano y lo regañó por hablar español en público. La niña dijo que su maestra le había advertido que los agentes federales podrían estar escuchando.
Eso le recordó a Pérez que ahora necesita salir de Estados Unidos, por la misma razón por la que vino: sus hijos. Planea registrarse una vez más en la aplicación CBP Home.
Pérez juega con sus dos hijos en Chicago. Su pareja fue deportada a inicios del verano pasado y ella se quedó sin el apoyo para sostener a su familia.
Credit:
Jamie Kelter Davis para ProPublica
Jeff Ernsthausen contribuyó con el análisis de datos. Traducción por Wendy Selene Pérez.
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ProPublica es un medio independiente y sin ánimo de lucro que produce periodismo de investigación en pro del interés público. Suscríbete para recibir nuestras historias en español por correo electrónico.
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Jeff Ernsthausen contribuyó con el análisis de datos. Traducción por Wendy Selene Pérez.
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