Este reportaje incluye detalles gráficos de alegatos de abuso sexual de menores.
Un cuidador de jóvenes empleado por Southwest Key fue imputado por once delitos después de que las autoridades lo acusaran del abuso sexual de por lo menos ocho niños inmigrantes no acompañados a lo largo de casi un año en uno de los albergues de la empresa en Mesa, Arizona, de acuerdo con las actas del tribunal federal.
Los alegatos en contra de Levian D. Pacheco, quien es VIH positivo, incluyen que sometió a sexo oral a dos de los adolescentes y que trató de forzarse sobre uno de ellos para penetrarlo por el ano. Los demás seis adolescentes, de entre 15 y 17 años, dijeron que Pacheco los había toqueteado sobre la ropa. Según la petición presentada ante el tribunal para establecer el caso de la fiscalía, se alega que todos los incidentes ocurrieron entre agosto de 2016 y julio de 2017.
El caso, investigado inicialmente por la policía local, procede actualmente en el Juzgado de Distrito de EE.UU. en Phoenix. Pacheco trabajó en el albergue Casa Kokopelli de Southwest Key, uno de los ocho operados en Arizona por la empresa desde mayo de 2016.
Los registros muestran que en 2017, el Departamento de Servicios de Salubridad de Arizona citó a Casa Kokopelli por no haber completado todas las investigaciones de antecedentes, incluidas las huellas digitales, para asegurarse de que sus empleados no habían cometido delitos de índole sexual o de otro tipo. Pacheco trabajó casi cuatro meses sin haberse completado su investigación de antecedentes según los documentos y lo mencionado por un funcionario de la agencia. Los registros no mostraron arrestos previos ni condenas por delitos sexuales, dijeron.
Pacheco, de 25 años de edad, fue acusado formalmente en agosto de 2017 tras haber sido investigado por oficiales del orden público y la oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Hasta el momento los cargos impuestos incluyen ocho de contacto sexual abusivo con un menor bajo tutela y tres cargos de actos sexuales con un menor bajo tutela. Fue imposible localizar a Pacheco para obtener sus comentarios, aunque él negó los cargos en los documentos judiciales. Pacheco se encuentra actualmente bajo custodia del Alguacil Federal de los Estados Unidos. Benjamín Good, su abogado defensor público federal, dijo que “espera con interés defender al Sr. Pacheco ante el juzgado”.
Funcionarios de la administración de Trump han aseverado repetidamente que los albergues son lugares seguros, y hasta divertidos, para los chicos. Sin embargo ha ido aumentando el escrutinio intenso de los albergues sufragados con fondos federales y operados por empresas privadas desde que la administración separó unos tres mil niños de sus padres en la frontera, enviándolos a refugios y casas de acogida en todo el país. La semana pasada ProPublica informó que la policía de todo el país ha atendido cientos de llamadas con reportes de delitos sexuales en albergues que atienden a niños inmigrantes. Una de esas llamadas ocasionó que fuera condenado de abuso sexual uno de los trabajadores de un albergue en Tucson.
Ahora surgen más documentos con incidentes supuestos en Arizona y relacionados con Southwest Key, el operador más grande de albergues de jóvenes inmigrantes a nivel nacional.
ProPublica descubrió el caso de Pacheco solo cuando trató de encontrar información adicional de una vaga referencia sobre un caso de abuso sexual en los registros de las inspecciones en Arizona. Los funcionarios federales sabían del caso cuando contestaron preguntas de ProPublica la semana pasada y también al describir las condiciones de los albergues ante el Congreso, pero no lo mencionaron.
Aparte del caso de Pacheco, se detectaron otros dos relacionados con abuso en albergues de Southwest Key.
El martes, Fernando Magaz Negrete, empleado de las instalaciones de Southwest Key en Phoenix, fue arrestado bajo el alegato de que abusó sexualmente de una niña de catorce años al besarla y frotarle el seno y la entrepierna, de acuerdo con los medios noticiosos de esa ciudad. Y, The Nation reportó el viernes que el pasado junio una niña de seis años separada de su madre fue supuestamente toqueteada por un niño en otro de los locales de Southwest Key, esta vez en Glendale, Arizona.
En otras instalaciones de Southwest Key, los informes policiales y los registros de llamadas de los últimos cinco años enumeran relaciones indebidas con el personal, docenas de menores escapados, contacto sexual entre niños en los albergues y otros alegatos de abuso sexual de parte de los empleados. En uno de los casos ProPublica encontró que un cuidador de jóvenes en Tucson, de 46 años, fue condenado por acariciar a un chico de 15 años quien había llegado a los Estados Unidos tan solo cinco días antes.
A través de un mensaje de correo electrónico, Kenneth Wolfe, vocero del HHS, dijo que la agencia emitió una orden para cesar de colocar a menores no acompañados en el albergue Casa Kokopelli y para trasladar a quienes ya estuvieran allí. El vocero se rehusó a decir cuando se dictó ese cese de colocación.
“Estos son niños vulnerables en circunstancias difíciles y la Oficina de Reasentamiento de Refugiados de la Administración del HHS para Menores y Familias aborda nuestra obligación para con cada menor con el mayor de los cuidados”, dijo. “Se toma en serio cualquier alegato de abuso o negligencia”.
Al responder las indagaciones de ProPublica, Jeff Eller, vocero de Southwest Key, informó por correo electrónico que no podía comentar acerca de casos específicos. Cuando se le preguntó cómo era posible que los supuestos actos de Pacheco no hayan sido detectados durante once meses, Eller no respondió directamente, sino que dijo: “Cualquier empleado acusado de abuso es suspendido inmediatamente y se llama a las autoridades del orden público. Eso fue lo que hicimos en este caso”. Eller dijo que los alegatos también se hicieron del conocimiento de la Oficina Federal de Reasentamiento de Refugiados encargada de supervisar el sistema de albergues, así como de la agencia estatal correspondiente.
Como respuesta a lo dicho acerca de cómo podría la empresa garantizarle al público que los niños se encuentran seguros en sus instalaciones, Eller escribió: “Consideramos que la premisa de su pregunta no es honrosa”.
“Cundo suceden estos casos, nosotros notificamos a las autoridades del orden público y a las agencias estatales”, dijo. “Cuando los menores llegan a las instalaciones educamos a cada uno a nuestro cargo acerca de su derecho de no sufrir abuso o negligencia dentro de este programa y en este país. El mensaje se les repite durante el tiempo que permanezcan en nuestros albergues”.
En los últimos cinco años, la empresa texana sin fines de lucro ha recibido más de US$1.3 miles de millones de dólares en fondos federales para albergues y otros servicios, cantidad que incluye más de US$500 millones en lo que va de este año.
Esta semana, ante los numerosos informes sobre las problemáticas en instalaciones sufragadas con fondos federales, el Senador Charles Grassley, R-Iowa y la Senadora Dianne Feinstein, D-California, solicitaron que el Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. investigara los alegatos de abuso sexual y físico en los albergues.
“Estos alegatos demuestran que existe un patrón extenso de abuso lo cual justifica una investigación detallada sobre las reclamaciones, abarcando, incluso, el proceso y el procedimiento con los cuales se contratan, capacitan y autorizan los guardias o el personal”, comunicaron los Senadores al Inspector General por medio de un oficio.
El pasado jueves, HHS mencionó que el año pasado operadores de albergues notificaron al FBI acerca de 264 alegatos de abuso sexual. Aunque estos pueden ser incidentes que van desde “tocar las nalgas” hasta agravio sexual, la agencia dijo que 53 de los alegatos tuvieron que ver con un adulto. La agencia no mencionó cuántos alegatos tuvieron fundamentos ni cuántos constituyeron agravios más graves.
Las actas de los tribunales federales muestran que los funcionarios del albergue de Southwest Key en Mesa no captaron que Pacheco abusó de los niños durante meses, y que no fue sino hasta que uno de ellos lo divulgara el verano pasado que se descubrió la amplitud de los alegatos en su contra.
Los funcionarios del albergue se enteraron de que Pacheco había posiblemente abusado a un niño en las instalaciones cuando un adolescente identificado en el acta judicial como “John Doe 1” informó a uno de los maestros que un miembro del personal había entrado a su habitación temprano por la mañana del 24 de julio de 2017, y que le había tocado el cuerpo, incluso el pene, por sobre la ropa. El adolescente luego le comentó el incidente a su compañero de cuarto, y ese chico, conocido como “John Doe 2” le dijo que el mismo empleado lo había tocado de manera similar.
Inicialmente, el segundo adolescente negó el incidente cuando fue cuestionado por el personal. Horas después, les dijo que Pacheco había entrado a su habitación temprano una mañana, cosquilleándolo y tocando sus “partes privadas”.
Pacheco fue expulsado de las instalaciones y las autoridades del orden público entablaron una investigación, muestran los antecedentes.
Al día siguiente, el 25 de julio, un tercer adolescente le comentó a uno de los consejeros del albergue que había escuchado acerca del despido de Pacheco por haber tocado a otros chicos indebidamente. El adolescente le dijo al consejero que Pacheco también lo había toqueteado a él y que sabía de tres otros chicos que habían sido abusados por Pacheco. Ese chico luego le diría a un “entrevistador forense” que Pacheco lo había manoseado dos veces.
Las autoridades locales del orden público y el personal del albergue captaron a esos tres adolescentes y a dos más. Estos también revelaron que Pacheco había abusado de ellos.
El cuarto adolescente mencionado en las actas del juzgado informó que Pacheco lo había tocado por encima del pantalón de pijama en algún momento en junio o julio de 2017.
Un quinto, quien fuera trasladado de Casa Kokopelli a otra instalación en Arizona, dijo que estaba cepillándose los dientes y que, cuando abrió la puerta del baño encontró a Pacheco allí con papel sanitario en las manos. Según las actas, el chico dijo que Pacheco luego le tocó el pene por encima de la ropa.
Un sexto adolescente informó que Pacheco abrió la puerta de la ducha cuando se estaba bañando para mirarlo, aunque no lo tocó. De acuerdo también con las actas judiciales, ese mismo chico informó posteriormente a los trabajadores sociales que en otra ocasión, al cambiarse de ropa después de un partido de futbol, Pacheco entró a su habitación diciéndole “mi amor, ya llegué”. Pacheco luego le agarró el pene al muchacho, dijo él. Pacheco se rio y le dijo al chico que “lo tenía grande”, mencionan las actas.
El séptimo adolescente, “John Doe 7” es la misma víctima cuyos alegatos fueron brevemente mencionados en el reportaje de ProPublica la semana pasada. El chico estuvo en las instalaciones de Mesa y fue trasladado a Tucson, donde reveló los alegatos de abuso a los funcionarios. El adolescente dijo que se recuperaba de una cirugía a principios de junio de 2017 y estaba adormilado debido a los medicamentos para el dolor cuando despertó y vio a Pacheco en su habitación. Pacheco le dijo al chico que tenía “uno grande”. El adolescente mencionó que pudo darse cuenta de que Pacheco “había eyaculado sobre sí mismo”, según las actas judiciales.
También les comentó a los funcionarios que en otra ocasión jugaba videojuegos cuando Pacheco entró al cuarto y le dijo que sacara el pene. El chico se rehusó y Pacheco se lo agarró por encima de los pantalones, según lo mencionado en el acta judicial. El adolescente dijo que en un tercer incidente Pacheco lo empujó sobre la cama, le bajó los pantalones y los calzoncillos y comenzó a frotarle el pene. El chico dijo que trató de empujar a Pacheco para alejarlo pero que no pudo debido a su lesión y a la cirugía. Pacheco se metió el pene del chico en la boca, dicen las actas judiciales.
El octavo menor alegó que Pacheco entro en su habitación y lo despertó al hacer ruido con las persianas. Pacheco le dijo al chico que “iba a chupárselo”, de acuerdo con las actas judiciales. Mencionó que Pacheco le bajó los pantalones y le puso la boca en el pene tres veces. El chico describió otra ocasión en la que Pacheco entró a su cuarto cerca de la medianoche, se bajó sus propios pantalones y se quitó los calzoncillos, diciéndole al muchacho que quería que él le metiera el pene en el “trasero”, o sea, a Pacheco, según el acta judicial.
Pacheco luego trató de forzar el pene del chico en su propio ano, pero el menor lo empujó y amenazó con reportarlo, según el acta.
Las actas judiciales también informan que, cuando fue arrestado, Pacheco divulgó que es VIH positivo. Los funcionarios del Centro del Suroeste para VIH/SIDA educaron a los muchachos acerca del VIH y su transmisión, y un “par” de los ocho chicos pidieron una prueba de detección, mencionan las actas. No ha quedado claro cuáles fueron los resultados.
Cinco de los ocho adolescentes, quienes son parte de las acusaciones de abuso sexual en contra de Pacheco, negaron o no divulgaron el alegato cuando los entrevistadores o el personal del albergue hablaron con ellos por primera vez.
Nayeli Chávez-Dueñas, psicóloga clínica quien ayudó a elaborar las pautas del albergue a nombre de National Latina/o Psychological Association (Asociación Nacional de Psicología para Latinos/Latinas) dijo que no le sorprendía que el supuesto abuso durara tanto tiempo “ya que muchos de estos chicos están aterrorizados”. Muchos de ellos han vivido abuso sexual y violencia física, dijo, y en los albergues enfrentan mucha incertidumbre.
“Entonces, cuando tenemos adultos encargados de cuidar a estos chicos tan vulnerables”, comenta Chávez-Dueñas “estos saben que los menores temen tanto por su seguridad que es poco probable que los delaten”.
Se programa que el juicio de Pacheco inicie el 28 de agosto.
