Solo cinco días después de llegar a los Estados Unidos, un menor hondureño de 15 años se despertó en su refugio de inmigrantes en Tucson, Arizona, una mañana en el 2015 para encontrar a un trabajador social de jóvenes en su habitación, haciéndole cosquillas en el pecho y el estómago.
Cuando le preguntó al hombre, de 46 años, qué estaba haciendo, el hombre se fue. Pero regresó dos veces más, frotando el pene del adolescente a través de su ropa y luego tratando de alcanzar debajo de sus boxers. “Sé lo que quieres, puedo darte todo lo que necesitas”, dijo el trabajador, que luego fue declarado culpable de abuso sexual.
En 2017, un joven de 17 años de Honduras se estaba recuperando de una cirugía en el refugio cuando se despertó y encontró a un miembro del personal de pie junto a su cama. “Lo tienes muy grande”, dijo el hombre, refiriéndose al pene del adolescente. Días después, ese mismo empleado rozó al adolescente con su mano mientras jugaba videojuegos. Cuando el miembro del personal se le acercó nuevamente, el niño se encerró en un baño.
Y en enero de este año, un guardia de seguridad en el refugio encontró notas en la chaqueta de un menor que sugerían una relación inapropiada con un miembro del personal.
Sacados de informes policiales, incidentes como estos en el refugio Tucson de Southwest Key brindan una imagen de lo que en general se ha ocultado al público y a los miembros del Congreso — una visión, sin color de la política, de incidentes problemáticos dentro de las instalaciones que albergan a niños inmigrantes.
Utilizando las leyes estatales de registros públicos, ProPublica ha obtenido informes policiales y registros de llamadas sobre más de 70 de los aproximadamente 100 refugios para jóvenes inmigrantes gestionados por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (conocida como ORR en inglés) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EEUU (conocido como HHS en inglés). Si bien no es una evaluación exhaustiva de las condiciones en estos refugios, los registros cuestionan la afirmación de la administración Trump de que los refugios son lugares seguros para los niños. Los informes documentan cientos de denuncias de delitos sexuales, peleas y niños desaparecidos.
La práctica recientemente descontinuada de separar a los niños de sus padres ha empujado a los refugios juveniles a la atención nacional. Pero, con poco escrutinio público, han cuidado durante mucho tiempo a miles de niños inmigrantes, la mayoría de ellos adolescentes, aunque el año pasado el 17 por ciento eran menores de 13 años. En un día cualquiera, los albergues en 17 estados de todo el país albergan a unos 10,000 adolescentes.
Las más de 1,000 páginas de reportes policiales y registros detallan incidentes que datan de la oleada de menores no acompañados de Centroamérica en 2014 durante la administración de Obama. Pero los defensores de los inmigrantes, psicólogos y funcionarios que anteriormente supervisaron los refugios dicen que las duras políticas nuevas de la administración Trump solo han aumentado las presiones sobre las instalaciones, que a menudo están en apuros para proporcionar personal adecuado a los niños que sufren traumas incalculables y que ahora existen en una limbo legal que podría moldear el resto de sus vidas.
“Si eres un depredador, es una mina de oro”, dijo Lisa Fortuna, directora de psiquiatría infantil y adolescente del Boston Medical Center. “Tienes pleno acceso y luego tienes niños que ya han tenido esta historia de ser víctimas”.
Southwest Key no discutió incidentes específicos, pero dijo en un comunicado que la compañía tiene una política estricta de abuso y negligencia y toma cada alegación en serio. HHS declinó las solicitudes de ProPublica para entrevistar al director del programa de reasentamiento de refugiados, Scott Lloyd. La agencia emitió un comunicado diciendo que “trata su responsabilidad por cada niño con el máximo cuidado” y tiene una “política de tolerancia cero para todas las formas de abuso sexual o comportamiento inapropiado” en los refugios.
Pero los informes recopilados por ProPublica hasta el momento muestran que en los últimos cinco años, la policía ha respondido al menos 125 llamadas denunciando ofensas sexuales en albergues que sirven principalmente a niños inmigrantes. Ese número no incluye otras 200 llamadas de más de una docena de refugios que también se ocupan de jóvenes en riesgo que residen en los EEUU. Los registros de llamadas de esas instalaciones no distinguen qué informes se refieren a los inmigrantes no acompañados y cuáles a otros jóvenes alojados en la propiedad.
Los psicólogos que han trabajado con jóvenes inmigrantes dijeron que es probable que los registros no hagan un recuento completo de los problemas porque es posible que muchos niños no denuncien el abuso por temor a afectar sus casos de inmigración.
No está claro si alguno de los niños mencionados como víctimas en los informes fueron separados de sus padres en la frontera, pero los informes incluyen varios niños de hasta 6 años. El gobierno se enfrentó a una fecha límite el jueves para reunir a los casi 3,000 niños que fueron separados de sus padres. Pero la administración le dijo a la corte que más de 700 de esos niños permanecen en albergues o en casas de acogida porque sus padres ya han sido deportados o han sido considerados no elegibles para la reunificación por varias razones.
No todos los informes revelan abuso. Los refugios están obligados a informar cualquier alegato sexual a la policía y muchos informes detallan incidentes menores y jugueteo que son comunes en las escuelas estadounidenses. Por ejemplo, el Refugio Internacional de Niños BCFS en Harlingen, Texas, llamó a la policía en febrero después de que un menor ingresara en la habitación de otro y frotara una pequeña pelota de poliestireno en el trasero del menor.
Y, una vez que están seguros en los refugios, algunos niños inmigrantes denuncian ataques que ocurrieron no en los refugios, sino en sus países de origen. En noviembre pasado, una niña de 14 años que se alojaba en un refugio en Irvington, Nueva York, le dijo al personal que había sido violada en Honduras por un hombre que ahora estaba bajo custodia de inmigración.
Pero los informes muestran que las acusaciones de abuso del personal y las relaciones inapropiadas que ocurrieron en Tucson no son aisladas. En febrero, una trabajadora social de jóvenes de 24 años de KidsPeace en Bethlehem, Pensilvania, fue puesta en licencia administrativa después de besar a un adolescente en la lavandería. Hace poco más de un año, un miembro del personal de 21 años fue acusado de besar a una niña de 16 años en el pasillo. El refugio del BCFS en Harlingen fue redactado por los reguladores estatales en 2017 después de que un miembro del personal voló a Nueva York para visitar a un ex residente. Y en un refugio de Southwest Key en las afueras de San Diego, según muestran los informes, una empleada que había sido acusada de besar a un joven, renunció tras ser confrontada con información de que el adolescente tenía la cuenta de Snapchat de la mujer escrita en un papel.
KidsPeace no discutió asuntos de personal, pero dijo que “la seguridad y el bienestar de nuestros clientes jóvenes son nuestra principal prioridad”.
Los informes también revelan docenas de incidentes de manoseos indeseables y exhibición obscena entre niños y adolescentes en las instalaciones. Algunos niños que huían de las amenazas y la violencia en sus países de origen llegaron a los Estados Unidos solo para ser colocados en refugios donde enfrentan peligros similares. En marzo, un niño de 15 años en el refugio Southwest Key en Tucson informó que su compañero de habitación levantó sus piernas mientras intentaba dormir, hizo movimientos de empujón y dijo: “Te voy a violar”. Y a fines de 2016, un niño de 15 años en KidsPeace le dijo a la policía que otro niño lo había forzado a tener sexo oral. Después de una investigación, un niño fue transferido a una instalación más segura. (KidsPeace dijo que no discutiría información específica sobre niños bajo su cuidado).
Si bien es difícil obtener un recuento completo, los informes policiales muestran que los niños desaparecen o huyen de los refugios aproximadamente una vez a la semana. Varios albergues han visto un aumento significante de personas desaparecidas y llamadas sobre incidentes de fugas desde el comienzo de 2018. St. PJ’s Children’s Home en San Antonio, que se ocupa principalmente de niños inmigrantes, ha tenido 26 llamadas de ese tipo en la primera mitad del año, según los registros, en comparación con 14 en todo el año pasado y nueve en 2016.
St. PJ’s Children’s Home no respondió a llamadas para hacer comentarios.
Los informes policiales también plantean preguntas sobre cómo Southwest Key, el mayor operador de albergues para inmigrantes, se encarga de tales incidentes. En el caso de abuso sexual que involucró al miembro del personal de 46 años de edad, la policía había obtenido imágenes de vigilancia editadas, pero luego buscó una versión completa sin editar. Southwest Key, sin embargo, había grabado sobre la cinta original. Y en otro caso, la policía notó que Southwest Key se negó a dar a los oficiales registros de una investigación interna.
El CEO de Southwest Key, Juan Sánchez, declinó una entrevista. La organización sin fines de lucro con sede en Texas ha recibido más de $1.3 mil millones en subvenciones federales y contratos en los últimos cinco años por los refugios y otros servicios. Jeff Eller, un portavoz, dijo: “Cooperamos con todas las investigaciones”.
Los funcionarios del gobierno y los defensores dicen que la mayoría de los refugios juveniles de inmigrantes nunca tuvieron la intención de albergar a los niños a largo plazo. Pero en las últimas semanas, la duración promedio de la estadía ha aumentado a 57 días comparado a 34 días hace solo dos años.
Maria Cancian, subsecretaria adjunta de políticas de la Administración para Niños y Familias de HHS desde 2015 hasta 2016, dijo que típicamente los refugios solo alojaban a niños inmigrantes durante el “período de luna de miel” cuando llegaban por primera vez a EEUU.
“Los niños no tenían la oportunidad de aburrirse y ponerse malhumorados”, dijo. “Mientras más tiempo estén allí los niños, más problemas tendrán y más oportunidades habrá para que las relaciones evolucionen de una manera más desafiante”.
Cancian, quien sirvió bajo el presidente Obama, dijo que los refugios estaban bien administrados cuando ella estaba allí. “Pero se atiende a 65,000 niños en un año”, dijo, “va a haber algunos incidentes malos”.
La red de albergues financiados con fondos federales surgió después de que HHS asumió la responsabilidad de cuidar a los niños no acompañados que llegaban a la frontera en 2003. Durante la mayor parte de su existencia, los refugios recibieron poca atención y prestaron servicio a menos de 8,000 niños al año. Pero en 2014, ese número aumentó a casi 60,000 cuando una cantidad enorme de adolescentes que huían de la violencia de las pandillas en Guatemala, Honduras y El Salvador buscaron asilo en los EEUU.
Los refugios — cuyos operadores recibieron $4 billones en los últimos cinco años — se diseñaron como estaciones temporales, donde los recién llegados podían aclimatarse mientras el personal trataba de localizar a familiares que pudieran atenderlos mientras sus casos de inmigración pasaban por los tribunales.
En la actualidad hay aproximadamente 100 refugios diseminados desde Seattle hasta los suburbios de Nueva York, pero se concentran en Texas y Arizona. Van desde moteles antiguos hasta casas independientes, desde un Walmart convertido a una antigua propiedad en medio de mansiones, donde en un día reciente se podía ver a un venado brincando por sus jardines frondosos.
Los niños llegan con una gran cantidad de necesidades, dijo Nayeli Chavez-Dueñas, una psicóloga clínica que ayudó a desarrollar pautas de albergue en nombre de la Asociación Nacional de Psicología Latina.
Muchos niños han sufrido eventos traumáticos en sus países de origen, están desesperados por estabilidad después de un largo viaje y tienen poco conocimiento de las leyes estadounidenses, todo lo que los hace particularmente vulnerables.
“Cuando un perpetrador está tratando de elegir a una víctima, está eligiendo a alguien que cree que es menos probable que denuncie el abuso”, dijo Chavez-Dueñas. “Los niños y jóvenes que vienen de fuera del país, que no tienen estatus legal aquí, que no hablan inglés, que no tienen acceso a abogados o personas que pueden protegerlos — podrían pensar que nadie les creerá”.
En el fondo de sus mentes, dijo ella, está el temor de que al hablar pueda dañar su caso de inmigración.
El trabajador que fue condenado por abusar sexualmente del niño en Tucson no es el único empleado del refugio que enfrenta cargos criminales. El año pasado, de acuerdo con los registros judiciales, una trabajadora de cuidado juvenil en un albergue de Homestead, Florida, fue sentenciada a 10 años de prisión después de que ella envió fotos de sí misma desnuda a un niño de 15 años que había dejado recientemente el refugio y le solicitó sexo. En 2012, un administrador de casos en un albergue de Fullerton, California, fue condenado por abusar sexualmente de varios adolescentes cuando entraban a su oficina para hacer llamadas regulares a familiares, según muestran los registros judiciales.
Los refugios deben completar verificaciones de antecedentes que cumplan tanto con los estándares federales como con los requisitos de licencias estatales. Son supervisados por un sistema superpuesto de reguladores que ostensiblemente proporciona muchas herramientas para llevarlas a cabo. Cuando ocurren incidentes, se requieren refugios para alertar a la policía y a la ORR. También tienen que notificar a las agencias estatales que autorizan las instalaciones de cuidado de niños.
Bob Carey, quien fue director de ORR desde 2015 hasta 2017, dijo que cada semana leía un montón de informes de incidentes significativos presentados por los refugios, resumiendo todo desde problemas de conducta hasta alegatos de sexo entre el personal y los menores. Viéndolos durante varios años, dijo, no hubo muchos incidentes graves que se destacaron.
“Cuando estuve allí, la abrumadora mayoría de lo que se informó fue de un niño golpeando el trasero de otro niño en la línea de la cafetería”, dijo. “Pero quiere asegurarse de que cuando ocurra un incidente más grave, la gente sepa qué hacer”.
Cuando hubo problemas serios, dijo, la agencia iniciaría una investigación que podría resultar en “acciones correctivas”, que van desde una mayor supervisión hasta la rescisión de la subvención. El personal de campo asignado a las regiones donde se encuentran los refugios puede hacer visitas no anunciadas de día o de noche. En Texas, los funcionarios que otorgan licencias también pueden emitir multas, ordenar refugios para realizar cambios y, en última instancia, revocar la licencia de operación de un refugio. Pero en práctica, las herramientas más duras rara vez se han utilizado.
El monitoreo de los refugios puede ser extremadamente difícil ya que el número de niños no acompañados puede fluctuar de un año al otro.
El aumento y la caída significa que los refugios están en un constante estado de flujo, lo que dificulta la retención y capacitación del personal. La primavera pasada, Southwest Key despidió a casi 1,000 empleados — solo para tener que aumentar varios meses después. Los empleados actuales y anteriores describen un ambiente estresante donde los trabajadores sociales sobrecargados y mal pagados hacen lo mejor que pueden con poca capacitación para manejar a los niños en crisis.
“Es realmente difícil imaginar lo difícil que es aumentar rápidamente la atención adecuada para los niños”, dijo Cancian. “Cuantas más personas tengan que traer rápidamente y con menos experiencia en su personal, habrán más desafíos para mantener los estándares”.
En respuesta a la afluencia en 2014, Carey y otros funcionarios desarrollaron un plan para reestructurar la ORR para mejorar la supervisión del programa de menores no acompañados aumentando el personal y la supervisión, trasladando a los empleados de campo a las regiones donde habían surgido nuevos refugios e intentando resolver antiguos problemas de datos. El plan comenzó a tomar forma a finales de 2016.
Pero no está claro qué sucedió cuando la administración Trump se hizo cargo e inició una congelación de las contrataciones. Una portavoz de HHS solo diría que el plan “nunca fue implementado por la última administración” y que “hoy en día, las operaciones se revisan y se mejoran constantemente de forma continua”.
Varios informes policiales obtenidos por ProPublica plantean preguntas acerca de cómo los incidentes graves fueron manejados por los albergues.
En un caso en Tucson en 2015, dos empleadas dijeron a los gerentes que un supervisor de mantenimiento las había manoseado, tratado de llevar a una de ellas a una habitación, y luego haciendo un gesto sexual con una escoba. Cuando no se tomó ninguna medida, un asistente jefe de turno notificó a la policía.
Los empleados le dijeron a la policía que el subdirector del programa dijo que había perdido una de las declaraciones de las mujeres, mientras que otro gerente les dijo que “dejaran el tema a un lado”. El subdirector le dijo a la policía que la empresa realizó una clase sobre acoso sexual y suspendió al supervisor de mantenimiento mientras investigaba, pero no pudo probar o refutar las acusaciones porque el supervisor las negó. Cuando un detective de la policía pidió copias de las declaraciones de los empleados, según los registros policiales, un abogado de Southwest Key se negó a proporcionarlas.
Según el informe de la policía, los empleados dijeron que temían que si el supervisor de mantenimiento “les estuviera haciendo esto a las empleadas, quién puede decir que no está haciendo esto o aun peor, a los cientos de refugiadas que se quedan en el centro”. El hombre tenía acceso completo al edificio, le dijeron a la policía, y los menores podrían dudar en hablar.
Los informes también muestran que cuando ocurrieron toques inapropiados o abusos entre los residentes en el refugio de Tucson, el personal y la policía muchas veces dejaron en manos de las víctimas menores la decisión de presentar cargos contra otros niños.
El proceso para reportar e investigar incidentes también fue inconsistente en otros refugios.
Un ex empleado de KidsPeace en Pensilvania dijo que los miembros del personal frecuentemente asistían a las entrevistas policiales de los residentes que denunciaban mala conducta, lo que podría crear un conflicto de intereses. El portavoz de KidsPeace, Bob Martin, dijo que las interacciones de la agencia con la policía y otras entidades gubernamentales se realizan “escrupulosamente” para garantizar que ni el bienestar personal de los niños ni sus derechos legales se pongan en riesgo mientras estén bajo nuestro cuidado “.
En un refugio de Southwest Key en Conroe, Texas, en mayo, un niño le dijo a un trabajador de cuidado de menores que su consejero de salud mental le rozó los hombros, se frotó el brazo y acarició su rostro mientras miraba por las persianas “como si estuviera revisando para ver si alguien venía”. El consejero de salud mental comenzó a desabrocharse los pantalones, pero se detuvo, según el informe de la policía.
El niño más tarde repitió la historia a un trabajador estatal de bienestar infantil. El consejero de salud mental fue suspendido durante la investigación. Pero una entrevista forense más formal no tuvo lugar hasta seis días después del incidente.
En ese momento, según el informe policial, el niño “no protestó por ningún delito penal” y el caso fue cerrado.
Esperar seis días para una entrevista forense no es inusual, dijo David Palmiter, un profesor de psicología de la Universidad Marywood que ha realizado entrevistas forenses a niños maltratados. Pero señaló que la entrevista debería hacerse más temprano que tarde.
“Todo, desde la confusión legítima hasta algún cálculo de cuáles podrían ser las consecuencias o si agradarían o perjudicarían a los adultos a su alrededor podría afectar al niño”, dijo. “Puede haber una serie de razones por las que la historia cambia”.
Una gran parte de la presión actual sobre los refugios proviene de una serie de cambios realizados por la administración Trump en la forma en que maneja a los menores no acompañados, dicen los defensores de los inmigrantes.
Como parte de un acuerdo de intercambio de información, la ORR ahora debe proporcionar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (conocido como ICE en inglés) nombres de patrocinadores potenciales, fechas de nacimiento, domicilios y huellas dactilares para que ICE pueda obtener información del historial criminal y de inmigración del patrocinador, generalmente un familiar, y todos los miembros adultos del hogar del patrocinador.
Las autoridades dicen que se están haciendo estas investigaciones para proteger a los niños. En un caso hace unos años, la agencia involuntariamente entregó a los adolescentes a una red de contrabando que los obligó a trabajar en una granja de huevos para pagar sus deudas.
Pero los defensores de los inmigrantes dicen que la política está disuadiendo a los miembros de la familia que a menudo son indocumentados de presentarse, dejando a los niños languidecer en refugios donde pueden estar cada vez más desesperados.
Los informes policiales detallan llamadas repetidas sobre fugitivos.
“No sería tan difícil para los niños huir de estas instalaciones si realmente quisieran”, dijo Carey, el ex director de ORR. “Pero esperaban reunirse bastante pronto con un padre o patrocinador. Eso no creó un gran incentivo para que intentaran huir “.
A medida que la duración de la estadía aumenta con la menor probabilidad de que los patrocinadores se presentan, dijo, “eso podría crear un incentivo para partir voluntariamente”.
Para muchos de los adolescentes, que tal vez ya huyeron de las pandillas en sus países de origen, así como para los depredadores a lo largo de la ruta y la Patrulla Fronteriza, salir corriendo de los refugios no es sorprendente.
En febrero, un recién llegado al refugio Tucson de Southwest Key, a quien el personal y el ICE creían que era mayor de lo que decía, saltó desde el balcón de un segundo piso hacia el estacionamiento, subió a un poste de luz y saltó sobre la cerca.
En Lincoln Hall Boys Haven en los suburbios de Nueva York, cuatro niños desaparecieron en 2016 después de ser llevados a una clínica para recibir radiografías y otros tratamientos médicos. El verano pasado, dos niños que estaban esperando su deportación en el refugio Southwest Key en Conroe, Texas, despegaron corriendo mientras un grupo grande de estudiantes eran escoltados a clase.
De acuerdo con la guía de políticas de ORR, el personal de la agencia debe evaluar si un niño es un “riesgo de fuga” al decidir si ubicarlo en un entorno más seguro.
Pero en la mayoría de las instalaciones, no se puede obligar a los niños a que se quedan por la fuerza.
“No somos un centro de detención”, dijo Eller, portavoz de Southwest Key. “Si un niño deja la propiedad, no podemos obligarlos a quedarse, pero hablamos con ellos y trabajamos con la policía para garantizar su continua seguridad”.
Los registros judiciales describen al adolescente hondureño con las iniciales M.A.C. Quien había cruzado la frontera en McAllen, Texas, y lo llevaron a las instalaciones de Southwest Key en Tucson, donde le dijeron que los trabajadores sociales lo ayudarían a reunirse con su padre en Carolina del Sur. Había estado en los EEUU solo cinco días y al día siguiente iba a cumplir 16 años.
En las oscuras horas de la mañana de ese sábado, un hombre que M.A.C conocía solo como Oscar entró a su habitación, vistió una camiseta del suroeste que decía “Amo mi trabajo”.
Oscar Trujillo, de 46 años, fue una de las primeras personas que M.A.C. conoció cuando llegó a la instalación el viernes 10 de abril de 2015. Consideraba a Oscar como un adulto en quien podía confiar.
De pie junto a la cama del niño, Trujillo levantó la manta de M.A.C. y comenzó a hacerle cosquillas en el pecho y el estómago, según las transcripciones de su juicio de 2017. El niño testificó que estaba confundido, pero no gritó ni se alejó porque veía a Trujillo como un adulto y un maestro.
MAC. no sabía que Trujillo ya había violado una de las reglas más importantes de Southwest Key al entrar solo en la habitación del niño.
“Eso es algo que se inculca en nuestras mentes el primer día”, dijo Jeff Cotton, un ex empleado de Southwest Key que fue supervisor de turno el día que Trujillo ingresó en la habitación del niño. “No estés solo con estos niños porque podría haber un caso en el que te acusen y si te acusan, quieres tener un testigo”.
Trujillo salió de la habitación del niño, pero regresó poco tiempo después y levantó la manta del niño nuevamente. Volvió a hacer cosquillas, pero esta vez también frotó el pene de M.A.C. a través de su ropa, según muestran los registros judiciales. El chico movió la mano de Trujillo.
“Sé lo que quieres, puedo darte todo lo que necesites”, le dijo Trujillo al niño, según los registros policiales.
Trujillo salió de la habitación y nuevamente regresó poco tiempo después. Las cámaras de vigilancia atraparon a Trujillo entrando y saliendo de la habitación de M.A.C. cada vez solo. En su tercer viaje a la habitación del niño, Trujillo intentó levantar los calzoncillos del niño y deslizar su mano en la ropa interior del niño, de acuerdo con los registros del juicio.
Esta vez M.A.C. se alejó. Trujillo le pidió al niño que no se lo dijera a nadie o de lo contrario su trabajo podría estar en riesgo, según los registros. El niño, sintiéndose violado y confundido, se vistió y se puso de pie en la cola de la cafetería.
“Me sentí incómodo por todo lo que sucedió”, M.A.C. le dijo a un jurado el año pasado. “Sabía que era algo que no debería estar ocurriendo en un lugar como ese, y sabía que tenía que decirle algo a alguien sobre eso, porque era algo serio. Entonces pedí hablar con mi consejero de salud mental”.
Después de que M.A.C. fue entrevistado por la policía y un psicólogo, Trujillo fue arrestado y nunca regresó a las instalaciones de Southwest Key.
Trujillo no pudo ser contactado para esta historia, pero en la corte testificó que entró y salió de la habitación de M.A.C. para darle artículos de aseo personal y enseñarle cómo hacer su cama. Los abogados de Trujillo también alegaron que M.A.C. preparó el reclamo de abuso para convertirse en un candidato para una visa U, lo que permite a los inmigrantes que son víctimas de crímenes permanecer en el país.
El jurado no estaba convencido. Trujillo fue declarado culpable de un cargo de abuso sexual y sentenciado a tres años de libertad condicional.
“Es difícil para mí imaginar que los niños y jóvenes que vienen de otros países llegan aquí e intentan jugar con el sistema y solicitar cosas que incluso personas que han estado aquí durante años no conocen”, dijo Chavez-Dueñas, el psicólogo clínico, que también es profesor asociado en la Chicago School of Psicología Profesional.
Arthur Evans, director ejecutivo de la Asociación Estadounidense de Psicología, dijo que los problemas revelados en los registros policiales y judiciales son de esperar dadas las “necesidades muy importantes” de los niños y la falta de capacitación especializada del personal. Su organización ha ofrecido la experiencia de sus miembros para ayudar a las instalaciones.
Con una falta de coincidencia en cuanto a las necesidades y la capacidad, dijo: “Es más probable que los niños huyan. Es más probable que tenga incidentes de abuso sexual y físico “.
Tal resultado, dijo Evans, “no es sorprendente”.
