ProPublica es un medio independiente y sin ánimo de lucro que produce periodismo de investigación en pro del interés público. Suscríbete para recibir nuestras historias en español por correo electrónico. Este artículo se publica conjuntamente con El Diario.
Los fiscales más experimentados en uno de los condados más grandes de Nueva York sabían desde hace años que las condenas por conducir ebrio de los automovilistas hispanohablantes habrían estado contaminadas por pruebas defectuosas. Pero la Oficina del Fiscal del Distrito de Westchester no investigó hasta que los abogados defensores se comunicaron con la unidad que revisa las condenas injustas.
Desde al menos 2014 y hasta 2018, según indican los registros, los agentes de la policía del estado de Nueva York dieron a algunos conductores instrucciones mal traducidas sobre lo que significa rechazar una prueba de alcohol en sangre. Expertos legales, incluidos tres exfiscales en Westchester, indicaron a ProPublica que esas instrucciones incorrectas, cuando menos, confundirían o engañarían a los conductores y habrían presionado a algunos de ellos a tomar una decisión que resultó en graves consecuencias.
Los fiscales de Westchester fueron alertados al respecto en al menos tras ocasiones, en 2018, 2019 y 2021, según se indica en los registros.
“Estas son personas condenadas injustamente”, dijo Joseph Margulies, profesor de derecho y gobierno en la Universidad Cornell. Margulies y otros dijeron que la oficina del fiscal de distrito, actualmente dirigida por Miriam Rocah, quien fue elegida en 2020, debió haber estado investigando todos los casos que pueden haber incluido los formularios desde que los fiscales se dieron cuenta de las instrucciones defectuosas.
Rocah rechazó las solicitudes para discutir qué pasos está tomando para solucionar el problema. Jin Whang, portavoz, dijo que en febrero de 2022 la unidad de revisión de condenas de la oficina recibió de la policía una lista de 263 arrestos por Conducir en Estado de Ebriedad (DWI). “Todavía estamos revisando cuidadosamente los documentos”, dijo Whang, reconociendo que el progreso ha sido lento debido al poco personal de la unidad y otras prioridades más urgentes, agravadas por los registros policiales enredados. Whang añadió que los fiscales decidieron recientemente, ante los cuestionamientos de ProPublica, que considerarán avanzar para anular sentencias.
Cuando un conductor sospechoso de estar ebrio se niega a someterse a una prueba química de alcohol en su sistema, la policía de Nueva York, como en muchos otros lugares, está obligada por ley a explicar que se le suspenderá la licencia al conductor, independientemente de que se le declare culpable o no, y que su negativa puede ser utilizada como prueba en su contra. Por lo general, una prueba química mide la cantidad de alcohol en el aliento, la sangre o la orina de una persona.
Pero algunos policías estatales en Westchester les indicaron a los conductores de habla hispana algo diferente. Los oficiales de la Tropa K les dieron a esos automovilistas una hoja de papel que describía una negativa como equivalente a ser declarado culpable por conducir ebrio. Les indicaron a los conductores que las autoridades “los castigarán como culpables” por no someterse la prueba —lo cual es una desviación significativa de la ley actual, que establece únicamente que la negativa puede usarse como evidencia en su contra. La advertencia también afirmaba falsamente que los oficiales “van a examinar su sangre”, en lugar de solicitar que los conductores se sometan a la prueba, que a menudo es un alcoholímetro.
ProPublica consultó con autoridades legales y de habla hispana en cinco universidades, quienes dijeron que la advertencia mal traducida tenía varios pasajes sumamente defectuosos.
“Parece que realmente están obligando un 'sí'”, dijo Amber Baylor, profesora de derecho en la Universidad Columbia que revisó algunos de los registros. Baylor dijo que los conductores inmigrantes pueden sentirse especialmente susceptibles a ese tipo de presión dadas las posibles consecuencias: “perder súbitamente su empleo, no contar con un sustento, ser separados de su familia o perder la posibilidad de permanecer en el país”.
En una declaración por correo electrónico, Beau Duffy, portavoz de la policía estatal, dijo que el formulario “no era un documento oficial creado, distribuido o aprobado” por la agencia, lo cual significa que no puede ser rastreado fácilmente en los registros del departamento. Duffy dijo que no sabía cuándo se usó por primera vez la advertencia en español o de dónde provino, pero señaló que ya no está en circulación.
“Creemos que se utilizaron sólo en el Condado Westchester”, señaló Duffy, y agregó que la policía estatal actualmente no emite advertencias de rechazo por escrito en español. La agencia les indicó a los oficiales que no hablan español que usen un servicio de traducción telefónica contratado por el departamento.
No está claro cuántos conductores se han visto afectados. Para tener un contexto, el año pasado la policía estatal arrestó en Westchester a por lo menos 56 automovilistas hispanos bajo cargos de conducir en estado de ebriedad, y 79 en 2021, según datos de la corte estatal. (El estado no mantiene registros judiciales locales de años anteriores). Los datos no indican si esos conductores sólo hablaban español o no. En Westchester, aproximadamente 65,000 adultos hablan español y poco o nada de inglés, según estimaciones de la Oficina del Censo de EEUU.
Whang dijo que los fiscales no consideraron que fuera justo calificar de injustas todas las condenas relacionadas con el formulario mal traducido.
Pero el contenido de alcohol en la sangre suele ser el eje de los enjuiciamientos exitosos. Los expertos legales compararon la advertencia previa a la prueba con una advertencia Miranda, que permite a los sospechosos tomar decisiones informadas. “Es por eso que tenemos un proceso”, dijo Margulies, de la Universidad Cornell.
Whang dijo que la unidad de revisión de condenas, que Rocah creó poco después de asumir el cargo, se enteró por primera vez sobre el problema de la traducción a finales de octubre de 2021, cuando los abogados defensores de Legal Aid Society pidieron ayuda para obtener una lista de casos de DWI potencialmente afectados de la Tropa K.
La unidad recibió información sobre unos 260 arrestos realizados entre 2010 y 2019 y hasta la fecha ha revisado 44 de ellos, según Whang, todos los cuales resultaron en una condena. Cinco de esos 44 casos involucraron el formulario mal traducido. Los fiscales aún no han notificado a los abogados en esos casos. Pero Whang dijo que la oficina del fiscal del distrito tiene la intención de emitir las notificaciones y proponer un “curso de acción correctivo” una vez que la unidad de revisión de condenas haya revisado los casos restantes.
Whang señaló que en la unidad hay sólo tres abogados, la cual es independiente del resto de la oficina y generalmente se enfoca en casos de mala praxis flagrante y aquellos en los que alguien puede ser exonerado por nueva evidencia, incluido el ADN.
En noviembre de 2018, el abogado defensor de un automovilista hispano acusado de conducir en estado de ebriedad descubrió las advertencias mal traducidas y se lo hizo saber a Livia Rodríguez, quien era asistente principal del fiscal de distrito en ese momento y aún ocupa ese cargo. Rodríguez le dijo a un juez que pensaba que los problemas eran válidos y propuso cargos reducidos, según una transcripción de la audiencia.
No está claro si en ese momento Rodríguez alertó a sus superiores o a la policía estatal. Rodríguez rechazó una solicitud de entrevista de ProPublica y dirigió las preguntas a Whang, quien señaló que no tenía comentarios sobre cómo Rodríguez manejó la situación en ese momento.
Los formularios defectuosos aparecieron durante una audiencia en 2019 como parte de otro de los procesamientos de Rodríguez. El abogado defensor James Timko se percato del lenguaje incorrecto y le dijo a la corte que la negativa de su cliente debería ser inadmisible. “La policía ha ‘enturbiado las aguas’ al proporcionarle al acusado una declaración lamentablemente ingenua, inexacta y afirmativamente engañosa”, escribió en un expediente judicial.
En una entrevista con ProPublica, Timko dijo: “Fue un desastre”.
Aún así, el juez permitió que la negativa del conductor fuera considerada como evidencia porque, dijo, él entendía el inglés lo suficientemente bien durante su arresto en 2017 que no importaba si la advertencia en español era defectuosa.
Timko envió un correo electrónico a Michael Borrelli, el coordinador de DWI del fiscal de distrito en ese momento, y dijo que el fallo del juez probablemente se revocaría en la apelación porque las advertencias de rechazo estaban muy mal traducidas. Borelli estuvo de acuerdo y ofreció cargos menos graves.
“Era muy inexacta”, dijo Borrelli en una entrevista. "Incluso alguien con un cuarto grado de español hubiera dicho, '¿Qué?'".
Borrelli señaló que le indicó al personal de la policía estatal que nunca más quería que se usaran esos formularios. (Duffy, de la policía estatal, dijo que el departamento no tenía documentación de esa conversación y no pudo encontrar a nadie que la recordara). “Estoy seguro de que lo informé a la cadena de mando y estoy seguro de que recibí órdenes”, agregó Borrelli, pero no recordó ningún esfuerzo interno en la oficina del fiscal del distrito para analizar casos anteriores que pudieron haber sido afectados.
Whang tampoco estaba al tanto de tal esfuerzo en ese momento. “No podemos hablar por la toma de decisiones —el por qué o el cómo— antes de esta administración”, dijo, y señaló que Rocah asumió el cargo a principios de 2021.
Pasaron dos años antes de que el problema surgiera por tercera ocasión. Katie Wasserman, abogada defensora de Legal Aid en Westchester, le dijo al tribunal en julio de 2021 que la policía estatal le había dado una traducción incorrecta a otro conductor en un caso que se remontaba a años atrás. Duffy le dijo a ProPublica que para entonces el uso de los formularios ya estaba descontinuado.
“La Oficina del Fiscal de Distrito está al tanto de la advertencia incorrecta, ya que se documentó que fueron informados al respecto en al menos dos ocasiones en 2018 y luego nuevamente en 2019”, escribió Wasserman en la presentación. El conductor no tenía la información correcta cuando decidió rechazar la prueba, argumentó Wasserman, por lo que no se debió permitir que su negativa se usara en su contra durante las negociaciones de declaración de culpabilidad.
“Nunca hubiera tomado la decisión de declararme culpable de un delito menor”, escribió el conductor en una declaración jurada, quien tiene otras condenas por conducir ebrio. Escribió que temía ser deportado y ser separado permanentemente de su familia como resultado de la condena.
En los meses siguientes, altos funcionarios de la oficina del fiscal del distrito realizaron una serie de reuniones sobre cómo manejar el problema. Whang dijo que la unidad de revisión de condenas no se enteró del problema hasta que Wasserman llamó a la jefa de la división, Anastasia Heeger, a finales de octubre, para pedir ayuda para obtener información de la policía estatal sobre otros casos afectados por los formularios inadecuados. “Después de que [Heeger] recibió la llamada, inmediatamente dijo: ‘Sí, me uniré a ti'”, dijo Whang.
Wasserman dijo en una entrevista que ha pasado demasiado tiempo desde entonces y que algo sustancial ya debería haber ocurrido. “Simplemente no es una prioridad”, dijo Wasserman. “La verdad es que lo han dejado de lado”.
Traducido por Octavio López.
ProPublica es un medio independiente y sin ánimo de lucro que produce periodismo de investigación en pro del interés público. Suscríbete para recibir nuestras historias en español por correo electrónico. Este artículo se publica conjuntamente con El Diario.
Read in English.
ProPublica es un medio independiente y sin ánimo de lucro que produce periodismo de investigación en pro del interés público. Suscríbete para recibir nuestras historias en español por correo electrónico. Este artículo se publica conjuntamente con El Diario.
Traducido por Octavio López.
Traducido por Octavio López.
