Un juez de la Corte de Menores del Condado de Cook tomó un paso el jueves hacia otorgar la tutela de dos niños a sus padres de acogida en un caso que ha incrementado la preocupación sobre los servicios que brindan los oficiales de bienestar infantil de Illinois a familias latinas hispanohablantes.
El Juez Peter Vilkelis determinó que los padres de acogida deberían de convertirse en los guardianes permanentes de los dos hijos mayores de Jorge Matías, quien fue deportado el otoño pasado a su Guatemala natal.
La disposición probablemente no será finalizada hasta principios del año que viene.
ProPublica Illinois cubrió extensivamente el caso en junio como parte de una investigación que encontró que el Departamento de Servicios para Niños y Familias de Illinois (DCFS por sus siglas en inglés) repetidamente fracasó en prestar servicios a familias hispanohablantes y en cumplir un decreto jurídico federal de 1977 conocido como Burgos.
Matias había sido persuadido para ceder sus derechos que bajo la orden judicial habrían exigido que sus hijos fueran colocados en un hogar donde se hablara español, su lengua materna, según determinaron funcionarios estatales.
En su lugar, los niños—ahora de 5 y casi 2 años—fueron enviados a un hogar de acogida donde no se hablaba ni español ni inglés. Los padres de acogida hablaban a los niños en su eslovaco natal, que el DCFS concluyó el año pasado era el idioma primario del niño mayor. Con el paso del tiempo, Matías fue incapaz de comunicarse con el niño, quien ahora habla algo de inglés.
“El señor Matías fue perjudicado desde el principio cuando intentó formar una conexión emocional con su hijo basada solo en necesidades lingüísticas,” los funcionarios de la agencia escribieron en un informe el verano pasado.
Matías cumplió con numerosos requisitos para ganar la tutela, incluyendo visitas, terapia y años de pruebas de detección de drogas. Pero el caso fue demorado a causa de sus dificultades conectando con su hijo y su relación persistente con la madre del hijo, quien lucha con una adicción a la heroína.
Los niños fueron puestos bajo custodia del DCFS después de que nacieron con drogas en sus sistemas. Un tercer menor, una niña de seis meses, probablemente seguirá viviendo en Chicago con el tío y la tía de Matías.
Matías, que nunca ha sido acusado de abuso o negligencia, ha intentado que los tres niños fueran enviados a vivir con él en Guatemala.
“Quiero a mis hijos aquí conmigo,” dijo en una entrevista telefónica el jueves. “Esto ha sido mi prioridad.”
ProPublica Illinois fue excluida de asistir a las audiencias debido a la preocupación por la privacidad de los niños. Los padres de acogida, quienes han llegado a querer a los niños y se han interesado por la adopción, han declinado repetidamente peticiones de entrevistas. Los abogados que representan a los niños y al estado se negaron a hacer comentarios el jueves después de la audiencia.
La abogada de Matías, Victoria Almeida, dijo que fue “un día triste para el Señor Matías y para todos los latinos, incluidos los niños que están en el sistema judicial para menores.”
Cuando agentes de inmigración detuvieron a Matías el año pasado, había estado viviendo ilegalmente en los Estados Unidos durante más de una década. Matías, que no tiene un historial criminal, fue abordado en la calle por agentes que buscaban a otra persona, según oficiales federales.
Su detención, y consiguiente deportación, sucedieron mientras oficiales del DCFS investigaban violaciones de la orden Burgos y demoras en su caso. La inspectora general de la agencia determinó más tarde que hubo un patrón de discriminación contra Matías y concluyó que fue alentado a renunciar a sus derechos garantizados por el decreto Burgos.
La investigación de ProPublica Illinois encontró unas 300 infracciones potenciales de Burgos desde 2005; este número, sin embargo, es seguramente un subestimado, dados los repetidos fallos de la agencia a través de las décadas al documentar adecuadamente las razas, etnias y preferencias lingüísticas de las familias.
Como respuesta a la investigación, legisladores de Illinois exigieron que DCFS mejorara los servicios para familias hispanohablantes, diciendo que el asunto es crítico a causa del aumento del miedo entre inmigrantes indocumentados de interactuar con agencias gubernamentales.
El director en funciones del DCFS, Marc Smith, se comprometió a contratar a más trabajadores bilingües, reclutar familias adicionales de acogida hispanohablantes y mejorar la tecnología para hacer un seguimiento más eficaz de si los hijos de padres hispanohablantes son asignados a hogares de acogida donde la lengua es hablada.
Un portavoz del DCFS dijo el jueves que la agencia estaba haciendo progreso en esas reformas. La agencia ha añadido 31 empleados bilingües desde el verano pasado, justo por debajo de la ley de Illinois que exige 194 trabajadores bilingües, y está restableciendo las reuniones trimestrales entre esos empleados con la coordinadora del DCFS para la orden Burgos.
“DCFS continua priorizando el reclutamiento de padres de acogida, incluyendo padres de acogida hispanohablantes,” añadió el portavoz.
Mientras tanto, el Fondo de Defensa Legal y Educacional Mexicoamericano (MALDEF por sus siglas en inglés), un grupo nacional de derechos civiles que representa a familias en litigio sobre el decreto Burgos, fueron a corte por la primera vez en casi una década para presentarse formalmente en el caso la semana en que se publicó la investigación de ProPublica Illinois.
El litigio sobre Burgos había estado inactivo—olvidado en “algún tipo de agujero negro,” como dijo un antiguo monitor de la corte—durante tanto tiempo que el último juez federal asignado al caso está en estatus de emérito y ya no preside casos regularmente. En junio, el caso fue asignado a otro juez.
Oficiales de MALDEF dijeron previamente que habían intentado en varios puntos durante muchos años obtener información del estado que les permitiera ver si el DCFS estaba cumpliendo sus obligaciones bajo el decreto Burgos. Dijeron que nunca recibieron la información que necesitaban, lo que quiere decir que por años ningún grupo independiente ha vigilado si el DCFS está cumpliendo con la orden judicial.
Esta semana, abogados de MALDEF pidieron información otra vez, su primera comunicación sobre el decreto Burgos con funcionarios del estado desde 2012.
Una portavoz para la oficina del fiscal general de Illinois, que representa al DCFS en el litigio de Burgos, dijo que la oficina está revisando la solicitud de MALDEF en archivos y datos.
DCFS ha insistido que las infracciones a Burgos no son generalizadas y que su promedio de cumplimento es aproximadamente del 92%. Este promedio, sin embargo, no tiene en cuenta casos en que padres como Matías cedieron efectivamente sus derechos al señalar que prefieren recibir servicios en inglés en el formulario de determinación lingüístico del departamento.
La representante estatal Delia Ramírez, una demócrata de Chicago, dijo que va a pedir un informe al DCFS sobre cuántas familias ceden sus derechos.
“¿Si un padre cede ese derecho, están haciéndolo porque, de hecho, creen que no hay ninguna necesidad de tener un asistente social hispanohablante en el caso,” preguntó, “o es porque se sienten forzados a ceder sus derechos?”
Matías había dicho a los trabajadores de Children’s Home and Aid (Ayuda y Hogar para Niños), la agencia privada que manejó el caso de su familia por años, que le costaba mucho hablar inglés. Fue solo después de que su asistenta social anglohablante le aseguró que ella le conseguiría los servicios que necesitaba en español que él cedió sus derechos, según muestran los archivos. Matías después le dijo al DCFS que había inicialmente pedido servicios en español pero fue informado que escoger inglés como su idioma primario iba a acelerar el caso.
Todavía el año pasado, archivos del DCFS dejaban claro que el español era su primera lengua “a pesar que lo diga o no diga un formulario de determinación lingüística.”
Esta semana, Matías dijo que está investigando la posibilidad de conseguir un visado para reunirse con sus hijos en otro país. No espera poder volver a Estados Unidos.
Ve a su hija de seis meses casi cada día en llamadas por video a sus parientes en Chicago. Su tía acerca el teléfono a la cara de la niña, y Matías dijo que la escucha hacer ruidos.
Dijo que se comunica con los dos hijos mayores un par de veces a la semana. Recuerda la última vez que les abrazó, solo días antes de su detención el año pasado por autoridades de inmigración.
Su hijo “me dijo, ‘Papi, no te vayas.’ Me pidió quedarme,” Matías dijo. “Pensé que iba a verlo en unos pocos días.”
