Josh Kaplan contribuyo como reportero. Alex Mierjeski y Gabriel Sandoval contribuyeron investigación.
Traducción por Carmen Méndez.
Eva Bonilla se enfurece cuando piensa en como los votantes latinos son tratados por la estructura de poder republicana en Texas. A los 74 años, esta dueña de un pequeño negocio observó como la legislatura republicana pasó una serie de medidas como una ley sobre el documento de identidad del votante que creyó que haría más difícil a los latinos votar o presentarse para puestos electorales.
Hace dos años, cuando era la líder de un grupo de mujeres hispanas en Fort Worth, decidió contraatacar. La Legislatura Republicana acababa de imponer nuevos mapas electorales que dividían las comunidades latinas y lo hacía aún más difícil para ellos elegir candidatos de su gusto. Así que Bonilla se unió a otros votantes de grupos minoritarios como demandantes en una querella federal alegando que había discriminación intencional en el plan de rediseño electoral de 2021.
“Quería ver que se hacía lo correcto, y esto simplemente no es correcto,” dijo.
Entonces, Bonilla esperó.
En 2022, una elección vino y se fue con los distritos electorales todavía basados en los mapas impugnados. Ahora, la querella ha logrado una dudosa distinción: de las 87 denuncias civiles puestas contra los planes de redistribución de distritos congresales y legislativos en toda la nación en 2021, es la que ha durado más tiempo sin tener un juicio. Con otra elección acercándose, ni siquiera se ha fijado una fecha para juicio.
¿La razón? Líderes republicanos reclamaron sus derechos para bloquear los intercambios más rutinarios de los pleitos civiles, resistiéndose a entregar documentos, presentar información legal o someterse a declaraciones — aplastando, de hecho, el intento de Bonilla de descubrir cómo se diseñaron los mapas de 2021. Los legisladores han hecho esto con el uso riguroso de dos tipos de privilegio legal: el más conocido como privilegio de abogado-cliente, y lo que se conoce como privilegio legislativo, que permite a los representantes elegidos de legislaturas estatales deliberar en privado.
Mientras el caso de Texas se prolonga, legislaturas a través del país siguen planteando nuevas y amplias reivindicaciones de privilegio para mantener sus mapas electorales como están e impedir que el público se entere de como hicieron sus decisiones y por qué.
Los legisladores de Texas no se toparon con esas tácticas sin ayuda. Un grupo nacional republicano de rediseño de distritos electorales ayudó a los legisladores republicanos de Texas a formarse para encarar las denuncias civiles y recaudar fondos para pagar los costes legales. Los legisladores también pasaron una nueva ley para proteger aún más sus deliberaciones. Además, colocaron a un operador político externo en la nómina estatal para que el privilegio legislativo pudiera blindar sus actividades. Finalmente, contaron con diseñadores de mapas electorales republicanos que trabajaban para bufetes de abogados, lo que permitió a los legisladores defender que los mapas eran “consejos legales.”
Durante todo ese periodo, los legisladores tejanos han sostenido que no discriminan contra los votantes latinos.
En Louisiana, North Dakota y otros lugares, los republicanos han resistido a las impugnaciones a sus mapas con el argumento de privilegio legal. En Washington, los demócratas han hecho lo mismo. Expertos legales dicen que el uso creciente de privilegio priva a los querellantes de información clave. Para tener éxito en los juzgados, los querellantes en muchos casos tienen que demostrar que los legisladores tenían la intención de discriminar. Sin acceso, explicó el profesor de la Escuela de Derecho de Harvard, Nicholas Stephanopolous, se hace “muy difícil probar la intencionalidad aun cuando estuvo realmente presente.”
El concepto de privilegio legislativo se protege bajo la cláusula de discurso y debate de la Constitución de los Estados Unidos, y 43 estados lo han incluido en sus constituciones. Concebido originalmente para proteger a los legisladores de ser perseguidos penal o civilmente por declaraciones realizadas en la cámara, se ha expandido para abarcar las comunicaciones profesionales de los legisladores. En teoría, proporcionar tal protección permitía conversaciones francas.
Pero en el pasado, la gente que quería escrudiñar las actividades de una legislatura tenían otra vía, aunque más estrecha, para saber lo que ocurría: podían solicitar la apertura de archivos para acceder a las interacciones de los legisladores con terceros, como consultores u operadores políticos. En Texas y otros sitios, los republicanos han logrado proteger hasta estas interacciones que antes eran públicas.
Jueces conservadores en la Quinta Corte de Apelaciones, que cubre varios estados incluyendo Texas, y la Corte del Octavo Circuito, que cubre las dos Dakotas, han apoyado recientemente a legislaturas estatales que han utilizado argumentos de privilegio ampliado para impedir el acceso público. Recientemente, los republicanos en Arizona apelaron al Noveno Circuito para blindar sus deliberaciones.
Hace tiempo que las batallas partidistas han sido una constante en el rediseño de distritos legislativos, proceso que ocurre cada diez años. Pero mientras más estados arman sus nuevos mapas fuera de la vista del público, las peleas terminan en largos casos judiciales, con consecuencias enormes para los votantes. Los procesos civiles tardan tanto tiempo en resolverse que seis estados celebraron sus elecciones en 2022 con mapas que habían sido declarados ilegales por tribunales de instancias inferiores, según un análisis reciente por el Democracy Docket (Expediente de la Democracia), un sitio web progresista que monitorea los casos legales sobre el rediseño de distritos. Siguen esperando una resolución. Los casos civiles contra mapas electorales en siete estados adicionales todavía esperaban acción judicial cuando se llevaron a cabo las elecciones.
El Partido Republicano de Texas empezó su tarea de rediseño del mapa electoral mientras el estado experimentaba un cambio demográfico significativo. Hoy en día, hay un número levemente más grande de latinos que de blancos no hispanos en el estado, y ellos y otras minorías representan casi la totalidad del crecimiento de la población en la última década, según datos del censo. Muchos de estos nuevos residentes probablemente votarán al partido Demócrata. Gracias a un agresivo rediseño de distritos, sin embargo, los republicanos han podido mantener el control de la legislatura, todos los cargos estatales importantes y la delegación congresista federal del estado.
Y se hicieron con uno de los dos nuevos escaños en el Congreso adquiridos por el aumento de la población.
“Realmente no se puede deshacer una elección. No puedes volver en el tiempo y cambiar la composición de la legislatura de Texas de 2022,” dijo Yurij Rudensky, un asesor senior del Democracy Program (Programa de la Democracia) en el Centro Brennan para la Justicia, un instituto legal no partidista. El centro representa a un grupo separado de querellantes pertenecientes a minorías que están impugnando los mapas del estado. El Departamento de Justicia se ha unido a los querellantes. “Así que el uso discriminatorio de distritos corta el corazón de nuestra democracia.”
Para reconstruir la forma en que los republicanos de Texas congelaron la batalla legal sobre los distritos rediseñados, ProPublica utilizó archivos judiciales federales en seis estados además de entrevistas con expertos, votantes y antiguos funcionarios estatales. En conjunto, presentan la narrativa más completa hasta hoy de como legisladores estatales maniataron a la oposición y escondieron sus actividades.
Keith Gaddie, un ex consultor bipartidista de litigios, dijo que, en su experiencia, los legisladores mantienen en secreto sus métodos cuando están agresivamente manipulando el proceso con fines políticos. “Cuanto más grande es la manipulación, menos es la información que se puede proveer sobre el proceso,” dijo. “Es un asunto bien sucio.”
El PlanFaltaban dos años para el rediseño de distritos electorales en Texas cuando líderes del National Republican Redistricting Trust (Fundación Nacional Republicana para el Rediseño de Distritos Electorales, o NRRT por sus siglas en inglés) viajaron a Houston para una sesión informativa junto a una piscina de partidarios del Partido Republicano.
Establecido en 2017 para contrarrestar una operación de rediseño de distritos electorales parecida del Partido Demócrata, La NRRT y su afiliada sin fines de lucro, Fair Lines America, tenían muchos vínculos con Texas. Los líderes más altos incluían al poderoso tejano Karl Rove, un ex oficial de la Casa Blanca y veterano asesor de gobernadores de Texas.
En el evento de clausura en 2019 en un suburbio de Houston, el executivo del partido Republicano de Texas, James Dickey, socializó con militantes del partido para charlar sobre los dos o tres puestos en el Congreso que tendrían que conseguir como resultado del boom en la población estatal, según cuentas en las redes sociales y entrevistas. Un joven simpatizante se tomó selfis con gente influyente de Washington como James “Trey” Trainor, un abogado cuya nominación a la Federal Election Commission (Comisión Federal Electoral) por el Presidente Donald Trump estaba siendo bloqueada por demócratas a causa de sus críticas a las leyes de financiación de campañas electorales. En Instagram, el simpatizante lo describió como una útil sesión sobre las “amenazas y oportunidades que representa el rediseño de distritos.”
El director ejecutivo de la NRRT es Adam Kincaid, un antiguo estratega del Comité Nacional Republicano. Kincaid se había convertido en la voz conservadora de referencia sobre el rediseño de distritos dentro del partido. En poco tiempo, iba a asumir un papel de primera línea en el diseño del mapa electoral de Texas. Kincaid declinó hacer comentarios sobre su trabajo en Texas “debido a litigios pendientes.”
Durante un podcast del partido, Kincaid había alentado a los republicanos a contrarrestar lo que el describía como el plan demócrata de “litigar hasta que sea azul” (el color tradicionalmente asociado con el Partido Demócrata.) La NRRT distribuyó una lista de puntos de análisis que avanzaban el argumento de que “los demócratas están sentados cómodamente contando el dinero con el que piensan pagar a sus abogados para financiar su estrategia de litigios interminables,” según un documento conseguido por American Oversight, un órgano de control político.
Durante el podcast, Kincaid dijo que la NRRT, que no tiene que revelar las identidades de sus donantes, mandaría recursos a los estados que enfrentaban impugnaciones. Separadamente, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbot, promocionó un “super PAC” (súper comité de presión para el apoyo de causas políticas ) que recaudó fondos para contratar a expertos en rediseño de distritos y asesores legales y consiguió $500,000 en solo un día.
Texas llevaba empantanado en pleitos sobre los derechos de voto por casi una década. Grupos que representaban a votantes latinos y negros habían demandado después del censo de 2010 también, con alegaciones similares a las de hoy. Entonces, una corte judicial de distrito rechazó el mapa del estado y determinó que grandes partes de él sufrían de manipulación racial inconstitucional y ordenó que los mapas fueran rediseñados. Los republicanos intentaron hacer valer el privilegio legislativo en relación a los correos electrónicos internos, pero los jueces rechazaron los argumentos y ordenaron la divulgación de los documentos.
Los correos electrónicos expusieron como los empleados del Partido Republicano planeaban el diseño de los mapas para maximizar la influencia republicana en las zonas latinas, o tal y como un operador dijo: “Óptima Fuerza Votante Hispana Republicana.”
Un abogado del estado descartó su plan, usando una especie de jerga española, como “No Bueno.” Les advirtió que no dejaran un rastro documental. La corte dictaminó que hubo intención discriminatoria.
El estado apeló. Finalmente, la Corte Suprema de los Estados Unidos en 2018 revirtió la decisión de la corte baja y falló a favor de los republicanos en un veredicto de 5-4.
Después de la situación bochornosa de 2010, los líderes del partido Republicano prometieron que esta vez iba a ver transparencia. Pero tomaron el rumbo opuesto, dijo Glenn Smith, un autor y reportero de Houston y consultor demócrata veterano: “Esconde los más posible.”
Un líder en el periodo antes del rediseño de distritos de 2021 era el representante estatal republicano Phil King, un abogado que ha sido un abanderado de temas de libertad religiosa y de temas relacionados con la segunda enmienda de la Constitución. King presidió el Comité de Rediseño de Distritos y creó un tutorial para los miembros en 2019 con la participación estelar de Ryan Bangert, un político de línea dura nombrado por el fiscal general republicano Ken Paxton. Era obvio, dijo un participante, que King estaba “anticipadamente intentando cerciorarse de que los miembros cubrían su rastro.”
En su presentación, Bangert abordó lo que llamaba “señales de alarma,” según una grabación de la reunión. Mientras los jueces habían interpretado de formas distintas el concepto de privilegio, en general no se aplicaba si se compartía información con terceras partes exteriores como lobistas. “Sean muy cuidadosos,” dijo, con los tuits o las conversaciones en bares. Ahora, Bangert asesora a un grupo legal conservador. Su portavoz dijo que no tuvo más participación en el rediseño de distritos.
King era la persona ideal para liderar la lucha. Había sido la estrella en 2019 en dos sesiones del American Legislative Exchange Council (Consejo de Intercambio Legislativo Americano), un grupo conservador de legisladores estatales, lobistas y ejecutivos que trabaja para formular y difundir legislación conservadora. King, un miembro de la junta nacional del consejo, habló en un panel que presentó un manual sobre los desafíos del rediseño de distritos. Trazar mapas que favorecen al Partido Republicano mientras se preserva los derechos de las minorías era complicado, los líderes del partido dijeron durante las sesiones.
La estratega republicana Cleta Mitchell, quien después tuvo un papel prominente en el intento de Trump de negar los resultados de las elecciones de 2020, trabajó con el comité de rediseño del consejo. Moderó el panel de King durante la convención anual, diciendo sarcásticamente al público que se les enseñaría “como manipular políticamente el diseño de distritos.” La revista Slate, que publicó audios filtrados, dijo que los ponentes alentaron la idea de “destrozar posibles pruebas.”
Sin embargo, los legisladores no quisieron apoyarse únicamente en su propio criterio. En mayo de 2019, un miembro republicano de la cámara de representantes de Fort Worth utilizó una propuesta de ley de asuntos burocráticos rutinarios para montar un ataque frontal sobre los archivos abiertos. Insertó una provisión en la ley que cerraba el acceso del público a los archivos internos de rediseño de distritos. Se aprobó antes de que los defensores de la transparencia se dieran cuenta.
La propuesta de ley blindó las comunicaciones de los legisladores con sus empleados, hasta los interinos, y también con contratistas externos a quienes normalmente se consideraba como terceras entidades. Otras legislaturas han adoptado medidas parecidas. Florida ha hecho una exención para los documentos de rediseño de distritos en su Sunshine Law (ley Luz del Sol) desde 1993, y la legislatura dominada por republicanos de Carolina del Norte recientemente enterró una exención similar en su ley para el presupuesto de 625 páginas. La legislatura dominada por demócratas de Washington se enfrenta a un pleito judicial por utilizar un agujero en la constitución estatal para excluir a los legisladores de las peticiones de archivos abiertos relacionados con el rediseño de distritos.
Además de aprobar la ley, los republicanos de Texas juntaron a pesos pesados de la jurisprudencia que, a su vez, reclutaron a subcontratistas que podían trabajar bajo la protección del privilegio de abogado y cliente. La Casa de Representantes estatal pagó más de $1 millón a Butler Snow LLP, que contrató a un demógrafo basado en Virginia para diseñar mapas para la Casa de Representantes estatal. (Los contratos fueron obtenidos por American Oversight a través de una petición de apertura de archivos enviada antes de que la ley se aprobara.)
Después, para los escaños del congreso nacional, 22 miembros republicanos de la Legislatura de Texas contrataron a Chris Gober, ex asesor legal general para el Partido Republicano estatal. No es inusual que los estados o los miembros contraten asesoría legal externa. Pero lo que Gober hizo después fue contratar a la NRRT, un actor externo, pagando solo $5,000 al grupo. Esto consiguió los servicios de diseño de mapas de Kincaid, según la declaración jurada de Gober. Dijo que Kincaid “manejaba el ratón” en la computadora que diseñaba mapas del congreso.
Gober dijo que no es experto en el software de rediseño y contrata a subcontratistas para trabajar bajo su dirección. “Este arreglo—y nuestra declaración de privilegio de abogado y cliente—no difiere en absoluto de las otras circunstancias en que nuestra empresa emplea a subcontratistas,” dijo.
En el caso de Texas, el abogado de la NRRT Jason Torchinsky argumentó que Kincaid no tendría que dar una declaración jurada porque “impediría discusiones plenas y honestas” entre la NRRT y sus socios. Después de un año de pleitos, un juez ordenó a Kincaid responder a preguntas y se ha fijado una declaración jurada para principios de noviembre.
Torchinsky mismo se ha convertido en una figura clave en la ayuda a los republicanos con la reconfiguración de distritos. En 2022, ayudó a crear un nuevo mapa congresista para la oficina del Gobernador Ron DeSantis. El plan del gobernador, el cual enfrenta una querella federal, disminuyó el poder de los votantes negros. Torchinsky no respondió a repetidas peticiones para comentarios.
Trabajando Desde AdentroMientras Kinkaid se enfocaba en trazar un mapa para los escaños del Congreso del estado, el diseñador de mapas republicano Adam Foltz llegó de Wisconsin en 2021 para ayudar al proyecto local. Para entonces, el representante estatal Republicano Todd Hunter había reemplazado a King como presidente del comité de rediseño de distritos de la cámara. Hunter tenía un pasado dudoso: jueces en 2011 lo habían criticado por diseñar mapas que menoscababan a los latinos, según el Texas Tribune. Hunter dio un trabajo estatal a Foltz con un sueldo anual de $120,000, según el Tribune, y disfrutaba de un acceso de tan alto nivel que demócratas notaron su vehículo aparcado en un acceso especial para miembros. Foltz, cuyo trabajo también era cubierto por el paraguas de privilegio, cobró un sueldo estatal aun después de que el rediseño de mapas concluyera, y recientemente recibió un aumento por coste de vida de $6,000.
Foltz tenía un acuerdo similar en Wisconsin, un estado que los abogados citan a menudo como un paradigma del secretismo gubernamental indebido y litigios prolongados en su ciclo de rediseño de distritos en 2010. Desde su trabajo en un bufete de abogados privado, Foltz diseñó mapas que fueron rechazados más tarde, según informes de prensa local. Foltz mantuvo un salario anual de $50,000 del empleo del estado durante el pleito legal. Más tarde dio un testimonio que un panel jurídico calificó de “casi irrisorio.” Foltz declinó hacer comentarios, citando el litigio en curso. La oficina de Hunter no respondió.
La deposición de Foltz en el caso de Texas permanece sellada por orden del tribunal. Sigue argumentando que tiene privilegio legislativo para impedir el acceso a su trabajo en el diseño de mapas al Departamento de Justicia federal, que se ha juntando a los querellantes que impugnan los mapas.
ConsecuenciasLa contienda también se extendió hasta el Senado de Texas. Un rediseño de distritos liderado por republicanos contribuyó a terminar con el mandato en el Senado de Beverly Powell, una demócrata. Dijo que sabía que tenía un blanco pintado en su espalda desde que fue elegida al desbancar a un republicano del Tea Party, en 2018.
El Distrito 10 de Powell en Tarrant County, un distrito oscilante impredecible en años recientes, fue uno de los varios escaños que los republicanos querían reconquistar para consolidar su poder.
Esperaba un mal resultado cuando la presidenta republicana del Comité de Rediseño de Distritos del Senado, Joan Huffman, se aisló para diseñar un nuevo mapa del Senado. Cuando Powell finalmente fue invitada a verlo, lo que vio la enfureció. Las comunidades minoritarias de su distrito habían sido divididas, diluyendo su fuerza votante, mientras se habían añadido condados mayoritariamente blancos y rurales.
“Sé exactamente lo que está intentando hacer,” explicó Powell que dijo a Huffman. Escribió rápidamente a otros senadores una advertencia diciendo que el plan de Huffman era discriminatorio.
Huffman insistió en que su mapa era “racialmente ciego.” Su plan avanzó, con una objeción notable del anterior presidente de rediseño de distritos el Senador Kel Seliger, un republicano que por aquel entonces estaba peleándose con compañeros republicanos. Después, el senador de Amarillo testificó que el mapa de Huffman “contravenía la Voting Rights Act (Ley de Derecho al Voto).”
Powell intentó sin éxito persuadir a un tribunal que postergara la elección de primarias de 2022. Renunció a su candidatura para la reelección, y King, el poderoso veterano de la Cámara, tomó su escaño.
La queja de Powell sobre el distrito actualmente forma parte de LULAC contra Abbott, el caso sobre rediseño de distritos que está esperando juicio. Su caso destaca “porque tiene mucha más información sobre lo que pasó que tenemos cualquiera de los demás,” dijo Nina Perales, vicepresidenta de litigios del Mexican American Legal Defense and Educational Fund (Fondo de Defensa Legal y Educacional Mexicano-Estadounidense, MALDEF por sus siglas en inglés.)
Los Republicanos también han reclamado privilegio en la disputa sobre el diseño de mapa del Senado. En general, para todo el diseño de mapas, sus querellas cubren aproximadamente dos tercios de los documentos que quiere el Departamento de Justicia, incluidos borradores de mapas, correos electrónicos y calendarios que reflejan “opiniones, impresiones mentales y pensamientos” protegidos, según documentos. La legislatura ha disputado este estimado.
El caso se empantanó durante un año mientras la corte del Quinto Circuito evaluó el tema de privilegio en otro caso de Texas. Escrito por el Juez Don R. Willett, quien fue nombrado por Trump, su decisión defendió el privilegio legislativo “aun cuando los derechos constitucionales están en juego.” La Corte del Octavo Circuito también dictaminó en junio en un caso de rediseño de distritos en North Dakota que el privilegio “protege el funcionamiento de la legislatura.”
Los jueces en el caso de rediseño de distritos están sopesando como estas decisiones afectan a 22 peticiones legales pendientes de documentos y declaraciones juradas.
Por su parte, Bonilla, la dueña de un pequeño negocio en Fort Worth, dice que se da por vencida. “El sistema ha fallado,” dijo.
Josh Kaplan contribuyo como reportero. Alex Mierjeski y Gabriel Sandoval contribuyeron investigación.
Traducción por Carmen Méndez.
ProPublica es un medio independiente y sin ánimo de lucro que produce periodismo de investigación en pro del interés público. Suscríbete para recibir nuestras historias en español por correo electrónico.
Read in English.
ProPublica es un medio independiente y sin ánimo de lucro que produce periodismo de investigación en pro del interés público. Suscríbete para recibir nuestras historias en español por correo electrónico.
Josh Kaplan contribuyo como reportero. Alex Mierjeski y Gabriel Sandoval contribuyeron investigación.
Traducción por Carmen Méndez.
Josh Kaplan contribuyo como reportero. Alex Mierjeski y Gabriel Sandoval contribuyeron investigación.
Traducción por Carmen Méndez.
