Carlos Gregorio Hernández Vásquez, un migrante guatemalteco de 16 años, estaba gravemente enfermo cuando los agentes de inmigración lo pusieron en una pequeña celda en el sur de Texas con otro niño, también enfermo, la tarde del 19 de mayo.
Unas horas antes, una enfermera practicante de un centro de procesamiento peligrosamente hacinado de la Patrulla Fronteriza en McAllen lo había diagnosticado con gripe y cuando le midió la temperatura tenía fiebre de 103 grados. Ella dijo que debería ser revisado nuevamente en las próximas dos horas y llevado a la sala de emergencias si su condición empeoraba.
Nada de eso sucedió. Preocupados de que Carlos pudiera infectar a otros inmigrantes en las instalaciones de McAllen, los funcionarios lo trasladaron a una celda para ponerlo en cuarentena en una estación en las cercanías de Weslaco.
A la mañana siguiente estaba muerto.
En un comunicado de prensa de ese día, el entonces comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), John Sanders, calificó la muerte de Carlos como una “pérdida trágica”. La agencia dijo que un agente había encontrado a Carlos “sin responder” después de revisarlo. Sanders dijo que la Patrulla Fronteriza estaba “comprometida con la salud, la seguridad y el trato humano de quienes están bajo nuestra custodia”.
Pero el registro muestra que la CBP estuvo muy por debajo de ese estándar con Carlos. ProPublica obtuvo un video que documenta las últimas horas del joven de 16 años y muestra que los agentes de la Patrulla Fronteriza y los trabajadores de la salud en el centro de detención de Weslaco omitieron señales cada vez más evidentes de que su condición era peligrosa.
El video de la celda muestra a Carlos retorciéndose en el piso y en un banco de concreto durante al menos 25 minutos. También se le ve tambaleándose hacia el baño y desplomándose en el piso, donde permaneció en la misma posición durante las siguientes cuatro horas y media.
Según un “registro de actividad del sujeto” mantenido por la Patrulla Fronteriza durante la custodia de Carlos, un agente lo revisó tres veces durante las primeras horas de la mañana en las que pasó de la inconsciencia a la muerte, pero no informó nada alarmante sobre el muchacho.
El video muestra que la única forma en que los funcionarios de CBP podrían haber pasado por alto la crisis de Carlos es que no estuvieran mirando. Su agonía era evidente —incluso en las imágenes de la cámara de seguridad, en blanco y negro granulado— dejando claro que el agente encargado de monitorearlo no realizó las verificaciones adecuadas, si acaso hizo alguna. El forense que realizó una autopsia a Carlos declaró que le dijeron que el agente de vez en cuando miraba la celda a través de la ventana.
El video deja en evidencia que CBP, la agencia matriz de la Patrulla Fronteriza, describió de manera inexacta cómo se descubrió el cuerpo de Carlos. Al contrario de lo que señaló el comunicado de prensa de esa agencia, fue el compañero de celda de Carlos quien lo encontró, no los agentes que realizaban un control, temprano en la mañana. En el video se puede ver al compañero de celda despertando aturdido, caminando hacia el baño, donde Carlos estaba acostado en un charco de sangre en el piso. Entonces, hace un gesto para pedir ayuda en la puerta de la celda y solo entonces los agentes entran y descubren que Carlos había muerto durante la noche.
Los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que incluye a CBP, no dijeron si las escenas grabadas por la cámara durante las últimas horas de Carlos se mostraron en vivo en monitores de video, como sucede en algunas instalaciones de la Patrulla Fronteriza, y en tal caso, si alguien había sido asignado para ver estas imágenes.
El video y otros registros revisados por ProPublica documentan numerosos pasos en falso desde los días previos hasta las últimas horas de Carlos en el piso de la celda 199. Expertos médicos independientes señalaron en particular la decisión de enviar a un joven de 16 años con influenza a una celda de detención en lugar de un hospital como un error fundamental.
“¿Por qué está un adolescente en una cárcel si tiene una enfermedad transmisible? ¿Por qué no está en un hospital o en una casa o en una clínica donde pueda estar en una cama caliente, con líquidos, supervisión y atención médica? Él no es un criminal”, dijo la Dra. Judy Melinek, una patóloga forense de San Francisco que revisó los registros de la muerte de Carlos a solicitud de ProPublica. “Nadie debería morir de esta manera: vomitando, con fiebre y sin la asistencia de un cuidador”.
Un portavoz de CBP declinó responder a una serie de preguntas sobre la muerte de Carlos, citando una investigación interna en curso. “Si bien no podemos discutir información específica o detalles de esta investigación, podemos decirle que el Departamento de Seguridad Nacional y esta agencia están investigando todos los aspectos de este caso para garantizar que se sigan todos los procedimientos”, dijo el portavoz de CBP, Matt Leas.
Esa agencia se ha negado a mostrar el video y otros registros de la muerte de Carlos al público o al Congreso citando la investigación interna en curso. Pero utilizando las leyes de registros abiertos de Texas, ProPublica obtuvo material del Departamento de Policía de Weslaco, que investigó brevemente su muerte. Los materiales incluyen el video de vigilancia, listas de detenidos e informes de salud entregados a la policía por la Patrulla Fronteriza.
Las entrevistas y los documentos ilustran cómo las agencias de inmigración y bienestar infantil, mientras lidiaban con el creciente número de inmigrantes, no pudieron cumplir con sus propias pautas para procesar y cuidar a los niños. Con centros de retención que nunca estuvieron equipados para albergar a los inmigrantes durante más de unas pocas horas, la Patrulla Fronteriza se llenó de familias. Los refugios para niños, que ofrecen camas y atención médica, ya estaban llenos.
La agencia retuvo a Carlos durante seis días, aunque se supone que debe transferir a los niños en un lapso de 72 horas.
Carlos fue el sexto niño inmigrante en morir en menos de un año luego de ser detenido tras ingresar sin documentos a Estados Unidos. Algunos murieron por enfermedades preexistentes, pero al menos otros dos murieron por la influenza diagnosticada mientras estaban bajo custodia de la Patrulla Fronteriza. Carlos fue el único en morir en una estación de la Patrulla Fronteriza; los otros fueron llevados a instalaciones médicas después de enfermarse. En la década anterior, ni un solo niño inmigrante murió bajo custodia.
La muerte de Carlos provocó cambios que instan a los agentes de la Patrulla Fronteriza a ingresar a las celdas de los detenidos enfermos a intervalos regulares para revisarlos y tomar temperaturas, según una fuente familiarizada con las consecuencias de estos procedimientos.
El inspector general del DHS ha estado investigando las circunstancias de la muerte de Carlos, pero no ha publicado ningún hallazgo.
Sanders, el jefe interino de la agencia, renunció poco después del incidente. Recientemente responsabilizó a las agencias que no estaban preparadas y a un Congreso que no respondió a una tragedia que, según él, era predecible y evitable.
Las muertes de Carlos y otros niños bajo su vigilancia continúan obsesionándolo, según dijo. “Creo que el gobierno de los Estados Unidos podría haber hecho más”, afirmó.
Carlos dejó su aldea en el centro de Guatemala a principios de mayo. Situado en un enclave exhuberante del departamento de San Marcos, San José del Rodeo es un pueblo con casas que tienen techos de hojalata y cocinas humeantes al aire libre. Los valles de alrededor proporcionan la mayor parte del poco trabajo que hay en los cultivos de maíz, café y caña de azúcar.
Carlos, el penúltimo de ocho hijos, era un estudiante destacado en la escuela del pueblo. Era el capitán del equipo de fútbol y sobresalía tocando instrumentos que su colegio había comprado vendiendo boletos para rifas. “Tocaba la percusión, el bombo, la lira y la trompeta”, dijo José Morales Pereira, maestro de Carlos. “Siempre decía: ‘Profesor, enseñemos a todos los demás’. Era mi líder”.
Bartolomé Hernández, el padre de Carlos, trabajaba cuando podía sembrar maíz o limpiar tierras. Llevaba neumáticos cortados en los pies para guardar sus zapatos para los domingos. El dinero era tan escaso que Carlos a veces iba a la escuela sin almuerzo y hacía trabajos de fin de semana en fincas para ayudar, dijo su maestra.
De niños, Carlos y sus amigos jugaban a cruzar la frontera. Para llegar a lo que imaginaban sería Estados Unidos escalaban una valla y Carlos siempre lograba saltar. Los niños usaban hojas de guayaba para simular el dinero que enviaban a sus familia, recordó un amigo de la infancia que describió el juego en una publicación de Facebook.
Dos docenas o más de jóvenes amigos habían viajado a los Estados Unidos antes que Carlos. Cruzar la frontera les puede costar a los inmigrantes entre $5,000 y $10,000 para pagar a los coyotes que ofrecen un paso seguro a través de los territorios de los carteles de drogas. Algunos inmigrantes toman préstamos para financiar sus viajes. Carlos le dijo a su maestro que podría trabajar en el camino para pagar sus honorarios. Él ya tenía un hermano en Estados Unidos y planeaba encontrar un trabajo en alguna construcción.
A finales del año pasado, los contrabandistas enviaron autobuses expresos a través de México para satisfacer la demanda. Un miembro de la familia dijo que Carlos y su hermana fueron en autobús durante gran parte de su viaje. El pasado 13 de mayo para cruzar el Río Grande les dieron chalecos salvavidas y les amontonaron en una balsa de goma con media docena de personas más.
Sus padres recibieron un video ese día que luego compartieron con los medios de comunicación y que los mostraba arrojándose al río. Los hermanos aterrizaron cerca de Hidalgo en el extremo sur de Texas. Formaban parte de un grupo de 70 personas que fue inmediatamente arrestado por agentes fronterizos.
Detenido, Carlos fue separado de su hermana adulta, como lo exige la ley. Se le asignó un número de identificación de extranjero —A203665141— para ayudar a las agencias a rastrearlo. Un agente de la Patrulla Fronteriza en el centro de procesamiento de McAllen, que parece un almacén, examinó a Carlos por enfermedad o lesión y no encontró nada.
Se suponía que los inmigrantes debían permanecer en centros de la CBP por no más de tres días antes de ser deportados, trasladados a centros de detención de Inmigración y Control de Aduanas o liberados en espera de una audiencia. Conforme a una ley contra la trata de personas de 2008, los niños y adolescentes que cruzan la frontera ilegalmente sin padres o tutores generalmente deben ser ubicados en la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) en 72 horas, excepto en el caso de una gran afluencia. Luego deben ser retirados lo más rápido posible.
Pero Carlos llegó en medio de una ola de ingresos de familias por la frontera sur: solo en el mes de mayo 144,000 migrantes fueron detenidos. Con tal desbordamiento nada funcionaba como debía. El HHS y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas se retrasaron para transferir a los niños de la custodia de la CBP. En un control puntual poco después de la muerte de Carlos, el inspector general del DHS informó que un tercio de los 2,800 menores no acompañados bajo custodia de la CBP en el Valle del Río Grande habían estado allí más de 72 horas.
Al principio, las autoridades cuestionaron si Carlos era menor de edad y si la mujer con la que viajaba era su hermana, según una fuente de la CBP con conocimiento del asunto. Los agentes tardaron 48 horas en determinar que le faltaban unas semanas para cumplir 17 años y la confusión retrasó la búsqueda de espacio en el refugio del HHS.
La instalación de McAllen a la que llegó Carlos el 13 de mayo apenas era apta para ser habitada. El inspector general del DHS visitó las instalaciones de la Patrulla Fronteriza del Valle del Río Grande aproximadamente un mes después, cuando el número de detenciones había comenzado a disminuir, y descubrió que las celdas de detención estaban muy por encima de su capacidad así como otras condiciones terribles. La alerta urgente que el inspector general dio a la administración advertía que el hacinamiento representaba “un riesgo inmediato para la salud y la seguridad” de los agentes y los detenidos, incluso a través de la propagación de enfermedades infecciosas.
Los centros de la Patrulla Fronteriza fueron diseñados para retener temporalmente a los inmigrantes y no fueron configurados para la detención a largo plazo, que generalmente incluye personal médico para tratar a los detenidos que se enferman. La agencia tenía un puñado de técnicos médicos de emergencia asignados a los centros. A fines de 2018, solo había 20 de estos empleados, que trabajaban bajo contrato, a lo largo de la frontera mexicana de 2,000 millas, para monitorear las necesidades de salud de 50,000 inmigrantes detenidos cada mes. CBP llevó a médicos de la Guardia Costera y otras agencias federales después de que dos niños murieron bajo su custodia en diciembre, y también a medida que el número de inmigrantes en custodia comenzó a acercarse a 100,000 por mes.
En el punto álgido del aumento de migraciones en mayo, la Patrulla Fronteriza tenía la custodia de 20,000 personas por día; su definición de crisis es de 6,000 detenidos.
A medida que la oleada aumentaba y Sanders y otros pedían ayuda, el DHS transfirió $47 millones para cubrir personal médico adicional a su proveedor, Loyal Source Government Services. (La compañía no respondió a las solicitudes de comentarios).
Loyal Source aumentó su contratación, publicando una serie de anuncios de trabajo, como uno que buscaba técnicos de emergencia médica para realizar exámenes en la estación de la Patrulla Fronteriza de Weslaco —donde murió Carlos— que ofrecía turnos de tiempo completo, tiempo parcial, día, noche y fin de semana.
La posibilidad de brotes de gripe era una preocupación creciente. CBP había rechazado una recomendación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de vacunar a los inmigrantes, diciendo que dicho programa era complejo y poco práctico. En medio de la aglomeración, los agentes de la Patrulla Fronteriza, capacitados en la aplicación de la ley, habían asumido a regañadientes funciones de cuidadores.
Si Carlos hubiera llegado a un refugio del HHS, probablemente habría sido vacunado contra la gripe, un procedimiento estándar en estos refugios. Pero cuando HHS finalmente encontró una cama para él, la agencia pospuso su traslado porque tenía gripe y no estaba en condiciones de viajar.
Carlos llevaba seis días detenido en McAllen cuando informó sentirse enfermo.
A la 1 de la madrugada del 19 de mayo, vio a una enfermera practicante y se quejó de dolor de cabeza y fiebre. Las pruebas mostraron que tenía gripe tipo A y fiebre de 103 grados. La enfermera practicante —Irasema González— le dio ibuprofeno y Tylenol y ordenó Tamiflu, que es un tratamiento estándar para los síntomas de la gripe.
El informe de tratamiento de González también dijo que Carlos debería “regresar al consultorio médico en 2 horas o antes” y que debía ser llevado a una sala de emergencias si sus síntomas persistían o empeoraban. No hay registros de tratamiento médico adicional durante las próximas 19 horas en los registros obtenidos por ProPublica. González no respondió a una consulta de ProPublica.
Carlos no fue enviado a una sala de emergencias u otro centro médico externo. El Dr. Joshua Sharfstein, vicedecano de Prácticas de Salud Pública y Participación Comunitaria en la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins, dijo que el monitoreo básico de Carlos debería haber proporcionado advertencias de que se estaba enfermando gravemente.
“La gripe puede progresar rápidamente, pero no es como un ataque cardíaco. Incluso cuando es rápido, empeora durante un período de horas. Debería haber signos que indicaran que necesitaba ir al hospital ”, dijo Sharfstein.
En cambio, los registros muestran que fue trasladado al mediodía a la estación más pequeña de Weslaco, donde pudo haber sido aislado con otros detenidos también enfermos.
A las 8 pm de esa noche, Carlos recibió Tamiflu en la estación de Weslaco por Martha García, una enfermera practicante. Su informe de tratamiento no registró ni la temperatura ni los signos vitales, por lo que no está claro qué tan exhaustivamente lo habían examinado. El informe dijo que Carlos no tenía quejas médicas y que “no sufría problemas agudos”. García no respondió a una consulta de ProPublica.
El “registro de actividad del sujeto” de la Patrulla Fronteriza de la madrugada del 20 de mayo muestra que Carlos recibió una comida caliente justo después de la medianoche. No está claro si pudo mantener esa comida en su estómago. Los informes policiales de Weslaco dicen que fue la última vez que los agentes de la Patrulla Fronteriza lo vieron con vida.
El video de la celda 199 proporcionado a ProPublica por la policía de Weslaco se divide en dos partes: la primera muestra más de 33 minutos a partir de las 1:13 am y la segunda muestra 1 hora y 11 minutos a partir de las 5:48 am. Joel Rivera, jefe de la policía de Weslaco, dijo que así es como la Patrulla Fronteriza proporcionó el video a sus investigadores. La investigación terminó después de que el forense y la policía no encontraran nada turbio en la muerte de Carlos.
La CBP no respondió a las preguntas sobre por qué la cinta que proporcionó tiene una brecha de cuatro horas que incluye el tiempo en el que un agente informó haber realizado chequeos.
La marca de tiempo en el video es inexacta, pero ProPublica pudo compararlo con los registros de la policía y del servicio médico de emergencia para estimar que el primer video comienza aproximadamente a las 1:13 am, cerca de una hora después de que Carlos fue alimentado.
El comienzo del video muestra a Carlos en el inodoro de la celda, parcialmente cubierto por un muro de media altura. Su compañero de celda, otro niño enfermo que no ha sido identificado, está dormido debajo de las mantas de Mylar en un banco de cemento.
Carlos regresa al banco de cemento frente a su compañero de celda unos seis minutos después y se mueve incómodo. Se aleja de la vista de la cámara durante un par de minutos, aparentemente sentado o parado al lado de la ventana grande de la celda.
Aproximadamente a la 1:24 am, Carlos cae de bruces en el piso de concreto. Lleva jeans azules y una máscara quirúrgica desechable. Durante los siguientes 11 minutos permanece en gran parte quieto. Aproximadamente a la 1:35 am, vomita sangre en el piso y luego se para y se tambalea hacia el baño.
La cinta lo muestra sentado en el inodoro durante aproximadamente un minuto antes de caer al suelo. Lucha por varios minutos más y luego deja de moverse aproximadamente a la 1:39 am. Las fotos policiales tomadas después de su muerte muestran un gran charco de sangre alrededor de su cabeza.
La segunda parte del video se abre alrededor de las 5:48 am. Carlos se pueden ver en la misma posición que cuatro horas antes. Está boca arriba, con la cabeza junto al inodoro y las piernas extendidas delante de él, con los dedos de los pies en alto. El registro de la Patrulla Fronteriza que documenta la detención de Carlos durante la noche señala tres controles de bienestar durante la brecha en el video, a las 2:02 am, 4:09 am y 5:05 am. Las tres entradas de registro se atribuyeron al agente Oscar Garza.
No se pudo contactar a Garza para hacer comentarios y los funcionarios de la CBP no respondieron preguntas sobre el alcance de los chequeos. La patóloga que realizó la autopsia, la doctora Norma Jean Farley, dijo en una entrevista que le habían dicho que el agente miró por la ventana pero no entró en la celda 199. Dijo que no sería inusual que un niño con fiebre busque consuelo recostándose en un piso fresco.
Las políticas de la CBP sobre la retención de migrantes detenidos se describen en sus Estándares Nacionales sobre Transporte, Acompañamiento, Detención y Búsqueda, conocidos como TEDS. Los estándares son vagos sobre los requisitos para los controles de bienestar, y dicen que los agentes deben verificar físicamente las celdas de detención de una manera “regular y frecuente”, de acuerdo con las políticas y procedimientos de cada oficina operativa. Las inspecciones físicas deben registrarse en los sistemas electrónicos apropiados tan pronto como sea posible”.
Alrededor de las 6:05 am, la cinta muestra que el compañero de celda de Carlos se despierta y lo descubre en el piso. Después de aproximadamente un minuto, camina hacia la puerta de la celda y llama la atención de un agente de la Patrulla Fronteriza, identificado en los informes policiales como Edgar Reyes.
El agente entra, enciende una linterna sobre el cuerpo de Carlos y se va. Unos minutos más tarde, una asistente médica, Alda Martínez, ingresa a la celda con un botiquín médico e intenta una compresión en el pecho. Ella rápidamente concluyó que Carlos estaba muerto, según informes policiales. Otros agentes entran, pisando mantas plateadas esparcidas por la celda. Los paramédicos de Weslaco llegan a las 6:47 am y declaran a Carlos muerto.
El comunicado de prensa de la Patrulla Fronteriza que describe estos eventos dijo: “Fue encontrado inconsciente esta mañana durante un control de bienestar”.
El informe de la autopsia no decía cuánto tiempo llevaba muerto Carlos antes de que su compañero de celda lo encontrara. Su cuerpo ya había comenzado a endurecerse cuando Martínez intentó revivirlo. El proceso de rigor mortis puede ser acelerado por la gripe.
John Sanders había visto venir la crisis en la frontera ya en noviembre de 2018. Luego, sirviendo como director de operaciones de la CBP, había trabajado con los números y se había dado cuenta de que si las proyecciones sobre la afluencia de inmigrantes se cumplían, las agencias estarían lamentablemente sin espacio en los refugios para menores no acompañados. Un grupo de trabajo interinstitucional que monitorea las condiciones climáticas y los movimientos de personas en Centroamérica proyectó grandes migraciones en los próximos meses.
Pero las agencias de administración Trump responsables del manejo de migrantes, CBP y HHS, estaban en desacuerdo sobre la gravedad del problema. Los refugios del HHS estaban recibiendo unos 15,000 niños, pero los líderes del HHS creían que las camas se vaciarían rápidamente gracias a un cambio en la política implementado a regañadientes por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas después de una larga batalla. ICE había hecho que fuera menos riesgoso legalmente que los adultos inmigrantes se presentaran a recoger a los niños en los refugios al reducir el requisito obligatorio de huellas digitales implementado en abril de 2018. El cambio de política de diciembre de 2018 aumentó el número de niños liberados de la custodia del HHS.
Aún así, los números seguían creciendo. Autobuses y caravanas de automóviles transportaban grupos de 100 o más inmigrantes a la frontera; 111 de estos grupos llegaron en invierno y en primavera, en comparación con 13 el año anterior y solo dos en 2017. La CBP dijo al Congreso que los grandes grupos habían abrumado la seguridad fronteriza y al mismo tiempo generaron distracciones para el contrabando de drogas.
La administración Trump solicitó al Congreso en enero $800 millones para mejorar las instalaciones fronterizas, pero aprobó aproximadamente $414 millones, incluido el dinero para un nuevo centro de procesamiento en El Paso —para alojar a niños y familias—, fondos de renovación para el centro de procesamiento de McAllen y alrededor de $192 millones para “mejor atención médica, transporte y consumibles” para los que están bajo custodia de CBP, según la declaración conjunta emitida cuando se finalizó la ley. Pronto quedó claro que no era suficiente.
Sanders se encontraba entre los funcionarios de la administración que apelaron al Congreso para obtener fondos adicionales. Él predijo que, sin más fondos, los niños no estarían seguros.
La representante Lucille Roybal-Allard, demócrata de California que preside el Subcomité de Asignaciones de Seguridad Nacional, culpó a la administración Trump de las condiciones que llevaron a la muerte de Carlos y otros niños.
“Sus muertes nunca deberían haber sucedido. Trágicamente, DHS fue irresponsable al no tener un plan de migración masiva adecuado para mantener a los inmigrantes seguros, garantizar su trato humano y atender sus necesidades de atención médica”, dijo Roybal-Allard. También criticó al HHS por no tener “un plan para garantizar que pueda poner a niños no acompañados bajo la custodia de CBP de manera rápida y segura”.
En abril, con la crisis fronteriza cada vez más profunda, Sanders fue nombrado comisionado interino de la CBP cuando su jefe Kevin McAleenan ascendió para convertirse en secretario interino del DHS. Estas demostraron ser solo movidas transitorias de personal hechas por una Casa Blanca decidida a endurecer sus políticas fronterizas.
La lucha por el dinero se convirtió en una de las principales prioridades de Sanders. Para mayo, mientras Carlos se preparaba para ir al norte, la administración Trump armó un caso por $4.5 mil millones en ayuda de emergencia, con $2.9 mil millones para cubrir un déficit en el programa para menores no acompañados. Los demócratas apoyaron el financiamiento humanitario, pero muchos se opusieron a $1.1 mil millones en gastos adicionales para la detención de inmigrantes.
La muerte de Carlos destacó la necesidad de la ayuda. El jefe de gabinete interino de la Casa Blanca, Mick Mulvaney y McAleenan, en el caso de la solicitud de fondos fronterizos de la administración, describieron el deterioro de las condiciones en una llamada el 30 de mayo con periodistas:
“Cuatrocientos niños llegaron solo en las últimas 24 horas. Cuatro de esos niños murieron este mes en tránsito por México hacia los Estados Unidos —dos se ahogaron en un río, uno de 5 años y otro de 10 meses; otros dos adolescentes murieron de infecciones después de recibir tratamiento médico bajo custodia federal”, dijo McAleenan. “Ayer, un solo grupo de 1.036 familias y niños no acompañados simplemente caminaron desde Juárez, México, a los Estados Unidos ilegalmente como un solo grupo, el grupo más grande jamás detenido en la frontera”.
Pasaría otro mes antes de que una mayoría en el Congreso acordara la financiación humanitaria.
Una investigación policial sobre la muerte de Carlos, asignada al detective Chris Ramirez del Departamento de Policía de Weslaco, comenzó poco después de que se descubriera su cuerpo. No había signos de nada turbio y Ramírez notó que Carlos mostraba indicios de una enfermedad similar a la gripe. La Patrulla Fronteriza entregó el video de vigilancia para su revisión por la policía y el patólogo forense que realizó la autopsia.
La doctora Norma Jean Farley estaba contratada por el gobierno del condado. Su trabajo en el caso de Carlos incluyó revisar la línea de tiempo presentada en el video de la celda y examinar fotos de su cuerpo en el lugar donde murió. Su informe de autopsia enumeró la causa de muerte como Influenza A 2009 H1N1, infección respiratoria complicada por bronconeumonía, sepsis y un trastorno del sistema inmunitario llamado hemofagocitosis.
Farley dijo en una entrevista que el video mostraba que nadie había entrado en la celda de Carlos entre las 12:20 am, cuando fue alimentado, y alrededor de las 6 am, cuando el compañero de celda golpeaba la puerta para llamar la atención de algún agente.
Farley defendió en gran medida el manejo del asunto por parte de la Patrulla Fronteriza y cuestionó que Carlos no hiciera más para salvarse.
“Me sorprendió un poco que este niño, tan enfermo como estaba en la celda, nunca llamara a la puerta como lo hizo su compañero de cuarto, porque tan pronto como lo hizo, abrieron”, dijo Farley. “Simplemente no sé por qué no llamó a la puerta”.
La Influenza A H1N1 tiene un período de incubación típico de uno a cuatro días después de la exposición y Carlos estuvo bajo custodia de la Patrulla Fronteriza durante ese tiempo. Pero Farley dijo que sospecha que Carlos pudo haber tenido diarrea causada por un trastorno inmune en su viaje a través de México, aunque no había evidencia de enfermedad en su registro médico de la Patrulla Fronteriza.
“Estoy encontrando que estas personas que tienden a venir aquí no dicen que están enfermos. Y no sé si tienen miedo de decirlo porque serán puestos en cuarentena. No sé cuál es el problema que hace que no digan. Él finalmente lo hizo, pero para ese momento, está más enfermo de lo que sabe”, dijo.
Quedan preguntas sobre por qué las enfermeras practicantes no reconocieron la grave condición de Carlos el 19 de mayo, o antes, o durante sus horas en Weslaco. Un portavoz de la agencia dijo que los investigadores están revisando “todos los aspectos de un caso para garantizar que se sigan los procedimientos de atención adecuados”.
El gobierno guatemalteco llevó el cadáver de Carlos a su aldea para recibir una amplia cobertura televisiva y su embajada pidió a los Estados Unidos que realizaran una investigación completa de su muerte. Miles de dolientes llegaron de todo el país para caminar detrás de su ataúd, que fue llevado por sus compañeros del equipo de fútbol a través de un largo camino de tierra hasta el cementerio.
Quienes portaban su féretro pegaron su camiseta azul de fútbol con el número 9 en la parte superior del ataúd. “Tal vez en toda su vida, los 16 años que estuvo, no hizo muchas cosas, pero nos conmovió”, dijo un orador en su funeral. “Tocó corazones”.
Los afligidos padres de Carlos cuestionaron cómo su hijo podría haber muerto bajo custodia de los Estados Unidos. Su padre, en una entrevista con Telemundo, se preguntó: “Se fue sano. ¿Qué fue lo que pasó?”
Bartolomé Hernández, padre de Carlos, dijo en una entrevista telefónica que se alegrará de recibir respuestas de los funcionarios estadounidenses. “Necesitan cuidar mejor a los inmigrantes”, dijo. “Estados Unidos no es un lugar donde deberían permitir que alguien muera así”.
Pereira, la maestra de Carlos, dijo que cree que el niño fue abandonado en su celda. No había visto el video, pero dijo: “Si tienes un animal enfermo y lo dejas en una habitación, de vez en cuando irás a verlo y verás si tiene agua, si está temblando. Eso es con un animal. Y este era un ser humano”.
En los meses que han pasado, los abogados de Texas Civil Rights Group, un grupo de defensa de inmigrantes, se han puesto en contacto con la familia de Carlos y le han pedido a la CBP que conserve sus registros. Dicen que hasta ahora han recibido poca información sobre la investigación de la muerte.
Mientras tanto, en Washington, los demócratas moderados de la Cámara se unieron a los republicanos para aprobar un proyecto de ley bipartidista del Senado que envió ayuda por valor de $4,600 millones a la frontera el 27 de junio. El punto muerto se rompió un día después de que una fotografía desgarradora se volviera viral y mostrara a un padre e hija ahogados boca abajo a orillas del río Grande.
La situación fronteriza ha cambiado dramáticamente desde la muerte de Carlos. CBP ahora tiene 250 empleados de salud en sus instalaciones en todo el suroeste, pero las celdas de la Patrulla Fronteriza se han vaciado en gran medida desde julio. El número de inmigrantes que cruza la frontera ha disminuido considerablemente. La administración Trump ha atribuido la disminución a los esfuerzos de interdicción más agresivos de México.
Con más frecuencia, los adultos y las familias que cruzan la frontera han sido enviados de regreso a México bajo el controvertido programa de Protocolos de Protección al Migrante de la administración, que los envía a esperar en las peligrosas ciudades fronterizas mexicanas mientras los tribunales estadounidenses consideran sus solicitudes de inmigración y asilo.
El número de niños no acompañados que cruzaban la frontera fue de 2,800 en octubre, una cuarta parte de lo que era cuando Carlos llegó en mayo. Aún así, quienes trabajan con inmigrantes en el terreno dicen que los números podrían aumentar nuevamente, y HHS está aumentando su capacidad de refugio de 15,000 camas a 20,000, con instalaciones de afluencia de emergencia que pueden manejar miles más.
Las preguntas sobre la muerte de Carlos y si las agencias o los individuos podrían haber hecho más para prevenirla aún no se han respondido por completo. CBP no ha dicho cuándo se completará la revisión del inspector general del DHS. Los comités del Congreso que expresaron su preocupación por la avalancha de muertes infantiles no han tenido acceso a los videos del teléfono de Carlos, en espera de revisiones internas de la agencia.
La muerte del joven de 16 años, cuya página de Facebook mostraba un círculo de amigos adolescentes, resonó más allá del pequeño pueblo de San José del Rodeo. Los amigos publicaron un video de su funeral y el despertar de una aldea en las redes sociales, con emotivos homenajes a él. Los inmigrantes guatemaltecos en las afueras de la ciudad de Nueva York llevaron a cabo una recaudación de fondos para ayudar a mantener a su familia, una de las metas que Carlos tenía al venir a los Estados Unidos.
John Sanders renunció poco después del incidente, frustrado con lo que él describió como agencias no preparadas y un Congreso que no respondía y que permitía que los niños detenidos sufrieran en condiciones difíciles.
“Realmente creo que el gobierno estadounidense le falló a estas personas. El gobierno falló a personas como Carlos”, dijo. “Fui parte de ese sistema a un nivel muy alto, y la muerte de Carlos me seguirá por el resto de mi vida”.
