A finales de abril, cuando COVID-19 corría en las plantas empacadoras de carne, enfermando y matando a sus empleados, el presidente Donald Trump emitió una controvertida orden ejecutiva que tuvo el objetivo de mantenerlas abiertas para que siguieran suministrando alimentos a los consumidores estadounidenses.
La orden fue un alivio para las empacadoras de carne del país que recibían alertas u ordenes de suspender la producción, de parte de funcionarios de salubridad locales preocupados por la expansión del coronavirus.
Sin embargo, los correos electrónicos que obtuvo ProPublica revelan que, posiblemente, la industria de la carne tuvo algo que ver en el rescate que le brindó la Casa Blanca: justo una semana antes de que se emitiera la orden, el grupo comercial de la industria de la carne redactó el borrador de una orden ejecutiva que incluyó semejanzas notables a la que firmó el presidente.
El borrador que envió Julie Anna Potts, presidenta del Instituto Norteamericano de la Carne (North American Meat Institute) a los altos funcionarios del Departamento de Agricultura de EE. UU. (U.S. Department of Agriculture, USDA), fue redactado utilizando el marco de una orden ejecutiva y con un énfasis en la importancia de la cadena de suministro y la forma en que los brotes habían disminuido la producción, temas que se abordaron posteriormente en la orden del presidente.
El documento también invocó los poderes presidenciales establecidos en una ley de la época de la Guerra de Corea, conocida como la Ley de Producción de Defensa (Defense Production Act), además de proponer que el presidente emitiera una proclamación simple y directa: “Por la presente ordeno que las empresas alimentarias de la infraestructura fundamental continúen operando hasta el máximo grado posible”.
Los expedientes no muestran claramente qué sucedió en la USDA y en la Casa Blanca posteriormente. La USDA se negó a contestar preguntas y la Casa Blanca no respondió a peticiones de comentarios para este reportaje. Sin embargo, mientras que la redacción final no fue literal, la orden de Trump enfatizó los puntos que la industria había propuesto y avanzó el mismo objetivo, ordenar que el secretario de agricultura actuara “para asegurar que las procesadoras de carne y aves siguieran operando”.
La orden fue una cuerda de salvamento para las empresas empacadoras de carne presionadas por docenas de cierres de plantas, carencias graves de personal e interrupciones en la cadena de suministro, las cuales harían que los restaurantes de comida rápida se quedaran sin hamburguesas y los supermercados racionaran las compras de carnes.
También generó críticas importantes de parte de sindicatos laborales y senadores Demócratas quienes señalaron que priorizaba las ganancias de las empacadoras de carne del país por sobre la salud de sus empleados.
En realidad, la orden ejecutiva ofreció una justificación, sancionada por la Casa Blanca, para que las empresas de carne siguieran operando al mismo tiempo que decenas de miles de empleados de esta industria contraían la enfermedad.
“Es indudable que suscita por lo menos a la apariencia de un favoritismo; que la Casa Blanca emitió una orden ejecutiva no porque pensara que era lo correcto, sino porque la presionaron algunos grupos externos que querían que se hiciera esto”, dijo Stephen Vladeck, profesor de derecho constitucional de la Universidad de Texas en Austin.
En una declaración, Potts señaló que el instituto de la carne había funcionado como enlace entre el gobierno y la industria para muchos temas relacionados con COVID-19. “Es de rutina que asociaciones comerciales de todo tipo sugieran redacciones legislativas o comenten acerca de reglas propuestas u otras disposiciones que se comparten con el gobierno”, dijo.
Los documentos que obtuvo ProPublica ofrecen un vistazo excepcional del proceso de redacción de una orden ejecutiva, así como del acceso e influencia que tiene la industria de la carne en los niveles más altos del gobierno. Ese apoyo político ha sido crucial para la industria, la cual descartó años de advertencias del gobierno federal para planificar una pandemia, sembrando caos en las comunidades rurales al luchar en contra de los departamentos de salud locales sobre el tema de los brotes en sus plantas.
El borrador de la orden ejecutiva fue uno de los cientos de correos electrónicos que se intercambiaron desde marzo entre las empresas, los grupos industriales y los altos funcionarios de la USDA. En conjunto, estos muestran que, durante toda la crisis del coronavirus, la industria empacadora de carne se dirigió a este organismo para que la ayudara a combatir las órdenes de salud pública locales, así como para aflojar las regulaciones con el fin de mantener abiertas las líneas procesadoras.
Aunque es frecuente que los grupos de intereses especiales envíen borradores de leyes y reglamentos a los encargados de políticas, los expertos legales dicen que las órdenes ejecutivas son menos comunes y que estas no se someten al mismo escrutinio público.
En entrevistas, varios exabogados presidenciales de administraciones republicanas y demócratas dijeron que existe una gran latitud en cuanto a la manera en que se generan las órdenes ejecutivas, y que no era inusual que los grupos de intereses privados de toda índole promovieran sus causas al presionar que se emitiera una orden ejecutiva. También es razonable que la Casa Blanca busque aportaciones de parte de entidades externas durante el proceso. Sin embargo, lo típico sería hacer un esfuerzo para consultar a una gama de las partes que podrían verse afectadas por la orden antes de que esta fuera examinada jurídicamente. Algunos dijeron que el periodo rápido de siete días con el que se aprobó la orden, aún durante una emergencia como la de COVID-19, era de notarse.
“Todas las políticas las forman quienes se interesan en ellas”, dijo Rakesh Kilaru, abogado asociado y asistente especial del presidente Barack Obama de 2015 a 2017. “Sin embargo no puedo pensar en algo tan directo como una solicitud de acción de parte de un interesado seguida por su otorgamiento”.
Jonathan Adler, profesor de derecho constitucional y administrativo de la Universidad Case Western Reserve, dijo que no hay nada “intrínsecamente indebido” en la ayuda que prestó la industria para redactar la orden. “Lo inquietante es que, en un caso como este, la orden ejecutiva se haya inclinado hacia un interés en particular en lugar del público en general”, dijo.
El sindicato del sector comercial y alimentario (United Food and Commercial Workers Union, UFCW), el cual representa a los empleados que realizan la mayoría de la producción de carne de res y cerdo de Estados Unidos, informó que ningún funcionario de la Casa Blanca, o de la USDA, pidió sus comentarios antes de emitir la orden ejecutiva.
Mark Lauritsen, director de procesamiento, empacado y fabricación de alimentos del UFCW, dijo creer que el Instituto de la Carne, “junto con otros jugadores principales de la industria, jalaron todas las palancas que pudieron”.
La orden resultó eficaz como herramienta política gracias a que se percibe ampliamente como un acto con una fuerza legal mayor de la que realmente posee. Desde un punto de vista jurídico, la orden ejecutiva le otorgó a Sonny Perdue, el Secretario de Agricultura, el poder adicional para emitir sus propias órdenes relacionadas con la cadena de suministro de alimentos; algo que aún no ha hecho.
Sin embargo, muchos funcionarios de salud estatales y locales perciben la orden como algo que sobrepasa su autoridad, mientras que otros decidieron retirarse del asunto ante la presión política de la administración de Trump. Al cabo de una semana de la orden ejecutiva, la USDA ya trabajaba con empresas y autoridades de salud locales para volver a abrir las plantas cerradas. Con los empleados nuevamente en la línea, las operaciones volvieron a aumentar. Por ejemplo, la producción de carne de cerdo había disminuido por más de la mitad hacia finales de abril, ocasionando pérdidas económicas pronunciadas. Sin embargo, hacia principios de junio, las plantas empacadoras de carne regresaban casi a su capacidad normal.
Aún así, desde que se emitió la orden también se volvieron a multiplicar las infecciones de COVID-19 entre el personal de las empacadoras de carne. De acuerdo con información que obtuvo ProPublica de parte de agencias de salud pública y reportajes noticiosos, hasta la fecha se han dado más de 43 mil casos y por lo menos 195 muertes entre estos empleados.
Documentos obtenidos bajo la Ley de Libertad de Información muestran que casi desde el comienzo de la crisis, la industria empacadora de carne y la USDA se enfocaron principalmente en cómo mantener a los empleados en la línea.
En marzo, los gobernadores del país trataron de detener el esparcimiento de COVID-19 por medio de órdenes de resguardo, habiendo elaborado sus propias listas de las industrias esenciales. Las empresas a veces enfrentaron directrices no claras y además conflictivas. Eso sucedió, sobre todo, en el caso en las empacadoras de carne, industria altamente consolidada en la cual unas pocas empresas dirigen varias operaciones dentro del país con cientos de empleados que trabajan hombro con hombro.
Para que se aclararan las cosas, 60 grupos comerciales del sector alimentario y agrícola dirigieron un oficio el 18 de marzo a funcionarios federales, estatales y locales, solicitando que se les exentara de los toques de queda y de la prohibición de reuniones públicas, con el fin de poder seguir operando sus negocios. El oficio fue enviado a la Casa Blanca y a algunos miembros del Congreso, y Tyson Foods la circuló entre varios gobernadores.
Al día siguiente, el Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS) emitió directrices e hizo hincapié en los comentarios que había señalado Trump anteriormente cuando dijo que “si usted trabaja en una industria de infraestructura crítica, según lo define el Departamento de Seguridad Nacional, tal como servicios médicos y farmacéuticos y suministro alimentario, tiene una responsabilidad social de mantener su horario normal de trabajo”.
No obstante, las empresas empacadoras de carne se enfrentaron pronto a otro obstáculo. Hacia abril, los empleados que deshuesan pollos o rebanan carne de cerdo, hombro a hombro con sus compañeros de trabajo, comenzaron a enfermarse con el virus por oleadas. Hubo quienes temieron ir a trabajar, mientras que otros abandonaron las plantas como protesta por la falta de medidas de control de infecciones.
Cuando se redujo la producción, también se fueron acumulando cerdos, vacas y pollos en los rastros y hubo que sacrificar a millones de animales.
El 3 de abril, cuando varias plantas suspendían sus operaciones parcialmente, o consideraban cerrarlas por la falta de personal, Potts, del Instituto de la Carne, organizó una llamada entre Perdue y altos ejecutivos de varias empresas empacadoras de carne importantes como Tyson, Smithfield Foods, Hormel, JBS, Seaboard y Cargill. Antes de la llamada, Potts envió un correo electrónico a la subsecretaria de seguridad de alimentos de la USDA, Mindy Brashears, junto con una lista de temas a plantear que incluyeron el mensaje claro de que los empleados que no se presentaran a trabajar por tener miedo, no calificarían para recibir prestaciones por desempleo.
“Quiero volver a enfatizar lo importante que son la desaceleración de producción y los cierres de los que escuchó el día de hoy, y cómo están empeorando cada día”, escribió Potts en un correo electrónico de seguimiento. “Es vital que se escuche un mensaje fuerte y constante de parte del presidente o el vicepresidente, como el que dio el gobernador de Nebraska ayer: temerle a COVID-19 no es motivo para renunciar al trabajo y quedará descalificado para recibir compensación por desempleo si lo hace”.
Dos días después, el Departamento de Trabajo, que escuchaba quejas parecidas de toda la comunidad empresarial, emitió directrices que aclaraban que los empleados que renunciaran para evitar contraer la enfermedad no recibirían prestaciones de desempleo.
En abril, conforme los brotes desbordaban los hospitales, también aumentó la presión de los funcionarios públicos locales, lo cual ocasionó que se cerraran rápidamente varios de los rastros más grandes del país.
La amenaza de una clausura general hizo que la industria de la carne acelerara su esfuerzo para buscar una intervención, no solo de parte de la USDA, sino de otros funcionarios del gobierno. En correos electrónicos que obtuvo ProPublica, se indica que al mismo tiempo que los funcionarios de salud estatales y locales buscaban que se ordenara que JBS cerrara su planta de Greeley, Colorado, la empresa apeló ante el gobernador Jared Polis y luego al vicepresidente Mike Pence.
Jill Hunsaker Ryan, directora de salud del estado, le informó al jefe del Departamento de Salud del condado que había recibido una llamada de Robert Redfield, director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).
“JBS estuvo en contacto con el vicepresidente, quien pidió que el Director Redfield me llamara”, escribió en un correo electrónico mostrado por primera vez en un reportaje de The Denver Post. “Quieren que utilicemos las directrices de infraestructura fundamental de los CDC (que los empleados sin síntomas regresen a trabajar, aunque sospechemos que se expusieron al virus), incluso con los niveles del brote que existen en estos momentos”.
JBS informó que se comunicaron con Pence porque la empresa “recibió directrices de las autoridades locales que no concordaban con las instrucciones federales de los CDC”; sin embargo, la empresa también dijo que, al final de cuentas, aceptó cerrar la planta para “detener cualquier cadena de infección potencial”.
Tyson y National Beef apelaron de manera similar al Departamento de Agricultura de Kansas, cuando el Departamento de Salud de ese estado indicó que quería que los empleados no estuvieran en la línea si habían entrado en contacto con un caso positivo de COVID-19; según aparece en los expedientes públicos que aparecieron por primera vez en reportajes de The Kansas City Star y The Wichita Eagle. El secretario de agricultura del estado coordinó con las empresas de carne y con el director del Departamento de Salud y Medioambiente de Kansas (Kansas Department of Health and Environment), quien después aceptó seguir las instrucciones menos estrictas de los CDC.
A pesar de los distintos esfuerzos para mantener abiertas las plantas, el absentismo y las órdenes de salud pública siguieron paralizando las líneas de producción. Desde mucho tiempo atrás, los expertos del gobierno habían pronosticado que una pandemia ocasionaría escasez de alimentos. Ahora se materializaban los peores casos.
Los grupos comerciales principales de las industrias de la carne y agrícola, entre otros la Federación de Burós del Departamento Agrícola de Estados Unidos (American Farm Bureau Federation), la Asociación Nacional de Ganaderos de Vacunos (National Cattlemen’s Beef Association) y el Instituto de la Carne (Meat Institute), querían que la Casa Blanca se involucrara directamente para prevenir que se cerraran las plantas.
En un oficio dirigido a Trump el 17 de abril, detallaron los trastornos ocasionados por los cierres, así como la falta de congruencia de las medidas de salud y seguridad de estado a estado, uno de los puntos que se reflejó posteriormente en la orden ejecutiva.
“Para garantizar que puedan seguir alimentando a la nación los productores de ganado y aves, y todos los procesadores de alimentos y sus empleados”, escribieron, “solicitamos respetuosamente que usted enfatice la importancia de permitir que las empresas de alimentos de la infraestructura fundamental mantengan sus operaciones de manera responsable y segura hasta el máximo grado posible y sin interrupción excesiva”.
Para enfatizar lo anterior, Potts, del Instituto de la Carne, dio seguimiento con un correo electrónico dirigido a Stephen Censky, el secretario suplente de la USDA, quien dirigió la Asociación Americana de la Soya (American Soybean Association) antes de unirse a la administración de Trump. Adjuntó el oficio que se le envió a Trump y añadió que “la situación sigue empeorando cada vez más a nivel local (es difícil exagerar lo grave que es), y quiero explorar con usted qué herramienta resultaría útil”.
Temprano a la mañana siguiente, Potts tuvo una llamada con altos funcionarios de la USDA, y, poco después de las 9 a.m., les envió un correo electrónico diciendo: “Se adjunta un borrador de la OE para su consideración”.
La documentación no incluye una respuesta, y las leyes de información pública exentan las conversaciones internas deliberativas de organismos gubernamentales y las de la Casa Blanca. Eso hace difícil verificar qué tanta influencia tuvo el borrador de la industria de la carne en la orden ejecutiva final.
Aun así, el ritmo de la acción en beneficio del sector alimentario y agrícola continuó durante esa semana. Los gobernadores de los estados productores de aves, Delaware, Maryland y Virginia, escribieron a Trump para pedir que asignara un organismo federal que se encargara del tema de COVID-19 y los empleados avícolas, el equipo de protección personal y la asistencia económica para agricultores y empresas. Los representantes de la industria llamaron en grupo a la USDA, a la Administración de Alimentos y Drogas (Food and Drug Administration, FDA) y al DHS para plantear el desastre inminente que enfrentaban los agricultores, quienes tendrían que sacrificar sus animales en forma masiva si las plantas seguían clausuradas. De acuerdo con un representante de la industria que participó en la llamada, en la conversación se mencionó utilizar la Ley de Producción de Defensa. Tyson publicó anuncios de una página entera en periódicos principales para advertir que la cadena de suministro de alimentos se estaba rompiendo.
Incluso el mismo día en que se publicó la orden ejecutiva, siguieron las actividades para lograr que la Casa Blanca ayudara a la industria de la carne. Esa tarde, de acuerdo con los documentos, el director de la oficina de Washington del gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, reenvió un oficio de los productores de carne de cerdo a sus contrapartes en Michigan, Illinois, Minnesota, Colorado y Pensilvania, solicitando su opinión al respecto y preguntando si sus gobernadores pensaban firmar.
El borrador del oficio dirigido a Pence, solicita la ayuda del vicepresidente para que se invocara la Ley de Producción de Defensa con el fin de intervenir en la “eutanasia compasiva de los animales”, indemnizar a los agricultores y productores de carne de cerdo y a “utilizar todas las autoridades disponibles para mantener abiertas las plantas”.
Una representante de Michigan dijo que su estado no participaría, notando que la redacción del oficio carecía de protecciones para los empleados, mientras que un asistente del gobernador de Pensilvania señaló que era necesario “abogar en defensa de todos los sectores”.
El 28 de abril, una semana después de que Potts sugiriera la redacción de una orden ejecutiva en su comunicado, Trump emitió la “Orden ejecutiva para delegar autoridad bajo la DPA con respecto a los recursos de la cadena de suministro de alimentos durante la emergencia nacional ocasionada por el brote de COVID-19”.
La orden final de Trump refleja lo que la industria de la carne había estado solicitando durante semanas mientras avanzaba la pandemia: “es importante que los procesadores de carne de res, cerdo y aves (‘carne y aves’) de la cadena de suministro de alimentos, sigan operando y llenando pedidos para asegurar que haya un suministro continuo de proteína para el pueblo estadounidense”.
La orden también señala que “los actos recientes de algunos estados han ocasionado el cierre toral de varias instalaciones procesadoras grandes”, y que esos cierres “amenazan el funcionamiento continuo de la cadena nacional de suministro de carne y aves y debilitan la infraestructura fundamental durante la emergencia nacional”.
La orden invoca la Ley de Producción de Defensa y dicta que el secretario de agricultura “tome todas las medidas adecuadas en virtud de esa sección, para asegurar que los procesadores de carne y aves sigan operando de acuerdo con las directrices de operaciones emitidas en conjunto por los CDC”, y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (Occupational Safety and Health Administration, OSHA).
La orden entró en efecto inmediatamente.
En junio, el Departamento de Salud de Bear River, del norte de Utah, donde casi 400 empleados de JBS tuvieron análisis positivos de COVID-19, comentó en la prensa que no podía cerrar la planta debido a la orden ejecutiva.
De acuerdo con documentos obtenidos bajo una solicitud de información pública distinta, en Virginia, los funcionarios de salud del estado habían recomendado inicialmente que las empresas avícolas cerraran sus plantas durante dos semanas, “para permitir que se hiciera una limpieza profunda y que los empleados infectados, con y sin síntomas, completaran el curso de la enfermedad y se recuperaran”. Sin embargo, el estado retiró su recomendación para “mantener la infraestructura fundamental de producción alimentaria”.
Mientras tanto, las empresas de carne y sus grupos comerciales continuaron buscando ayuda de la USDA cuando los funcionarios de salud pública trataron de actuar al respecto.
El día que se anunció la orden ejecutiva, el Consejo Nacional del Pollo (National Chicken Council) se dirigió a la USDA quejándose de que el Departamento de Salud del condado, en Chattanooga, Tennessee, requería que todos los empleados de las plantas avícolas de la zona se sometieran a prueba. Eso tendría el efecto de cerrar las plantas, advirtió el grupo comercial, debido a que ya habían tenido recortes de personal y las pruebas producirían temor entre los empleados restantes.
Semanas después, el Consejo del Pollo escribió que los funcionarios locales amenazaban con cerrar las plantas y emitir avisos públicos por creer que las plantas estaban “operando con un peligro de salud inminente”.
“Queremos resistir las pruebas en un 100 % y queremos su ayuda”, escribió el grupo comercial.
El Consejo del Pollo no contestó nuestras llamadas ni correos electrónicos con los cuales se pidieron comentarios.
Smithfield también acudió a la USDA para obtener ayuda con el Departamento de Salud Pública del condado de Kane, Illinois, el cual había clausurado su planta varios días antes de que se emitiera la orden ejecutiva de Trump. “El departamento de salud del condado de Kane, Illinois sigue siendo un reto en relación con nuestra planta procesadora de St. Charles”, dijo Michael Skahill, vicepresidente de asuntos gubernamentales de Smithfield, en un oficio dirigido a Brashears, la subsecretaria de seguridad alimentaria de la USDA. “Realmente no quería involucrarla, pero hemos llegado al punto de que necesitamos que usted actúe como árbitro”.
Cuando se le preguntó porqué había pedido que interviniera la USDA, Keira Lombardo, vicepresidenta ejecutiva de asuntos corporativos dijo: “somos una de las empresas agrícolas más importantes de Estados Unidos. Si tomamos eso en cuenta, ¿por qué no nos comunicaríamos con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos estando en medio de una pandemia sin precedentes?”
Dos días después de que Skahill pidiera ayuda, Smithfield siguió presionando el asunto. Amy McClure, abogada general asociada de Smithfield, se dirigió nuevamente a Brashears, esta vez citando en su oficio uno de los principios centrales de la orden ejecutiva. “Para reiterar nuestra conversación, nuestra planta de St. Charles en el condado de Kane, Illinois, se encuentra en una situación urgente”, escribió McClure. ““Necesitamos abrir nuevamente para prevenir trastornos adicionales en la cadena de suministro de alimentos del país”“.
Seis horas después, Brashears y su jefa de personal recibieron un correo electrónico con el agradecimiento de Skahill. “Gracias por su apoyo de hoy con el asunto de Smithfield en St. Charles en el condado de Kane”, escribió. “Creo que tenemos una solución que nos permitirá procesar la semana próxima y poner proteína en las mesas estadounidenses”.
