En su cruzada para construir un muro en la frontera, el Presidente Trump ha venido alertando sobre el robo de empleos a trabajadores estadounidenses, de barrios residenciales aterrorizados por criminales extranjeros, y de caravanas de migrantes en camino hacia el norte a la desesperada. Últimamente, sin embargo, ha encontrado un nuevo blanco preferido en los “coyotes despiadados” y “carteles crueles” que trafican con migrantes a los Estados Unidos. “La tolerancia con la inmigración ilegal no es compasiva — es en realidad muy cruel,” Trump dijo en su discurso sobre el Estado de la Unión. “Los traficantes usan niños migrantes como peones humanos para explotar nuestras leyes y ganar acceso a nuestro país.”
Empero las políticas inmigratorias de “tolerancia cero” de Trump han hecho los esfuerzos históricamente débiles de Estados Unidos contra el tráfico de migrantes aún más débiles. Durante los dos últimos años, mientras las redes de tráfico han prosperado, el Department of Homeland Security (Departamento de Seguridad Interior, o DHS por sus siglas en inglés) ha transferido dinero y personal de investigaciones más complejas para apoyar el acérrimo empuje de la administración para arrestar, encarcelar y deportar a los inmigrantes ilegales. Cientos de investigadores han sido temporalmente reasignados a tareas policiales de inmigración de bajo nivel como inspeccionar negocios para detectar trabajadores indocumentados o buscar extranjeros con visados vencidos. Los viajes de algunos investigadores han sido reducidos, según funcionarios; otros han perdido fondos que usaban para pagar informantes.
Durante el primer año fiscal completo de la presidencia de Trump, el número de nuevos casos de tráfico de migrantes abiertos por Homeland Security Investigations (Investigaciones de Seguridad Interior, o HSI por sus siglas en inglés), el brazo investigativo de Immigration and Customs Enforcement (Aduanas y Inmigración, o ICE por sus siglas en inglés) cayeron de 3,920 a 1,671, una bajada de casi 60 por ciento. Aún más que en el pasado, la agencia ha enfocado sus esfuerzos contra “coyotes” de bajo nivel agarrados en el acto de pasar migrantes clandestinamente o transportarles dentro de Estados Unidos, según oficiales en activo o retirados. La Célula de Tráfico de Personas, una unidad especial de inteligencia creada dentro del ICE para apoyar esfuerzos más ambiciosos contra el tráfico, ha menguado hasta al punto de tener menos de la mitad del personal que tenía en 2016.
Algunas investigaciones extensas continúan, con la ayuda intermitente de agencias de inteligencia y coordinación con gobiernos extranjeros. Pero esos casos son concentrados sobre todo en una fracción minúscula de la inmigración ilegal que viene de naciones de medio oriente y el sur de Asia donde grupos terroristas islamistas tienen una presencia. Si no hay un vínculo con el terrorismo, la CIA y otras agencies de inteligencia han mostrado poco interés en luchar contra las redes de traficantes, a pesar de su creciente sofisticación y sus nexos con organizaciones de narcotráfico.
“El énfasis en tareas policiales de bajo nivel disminuye la misión de ir a por las grandes mafias de tráfico de migrantes,” dijo un ex alto oficial de HSI, John Connolly, en una entrevista. “Es como enfocarse en drogadictos y vendedores de poca monta en vez de en los carteles y los barones de la droga.”
Desde su creación, el trabajo del HSI contra el tráfico de migrantes también ha tenido que coexistir con otras responsabilidades que la agencia heredó del viejo U.S. Customs Service (Servicio de Aduanas federal) — desde casos de ciberseguridad y pornografía infantil a decomisos de droga en la frontera. Funcionarios de todos los niveles del HSI en activo y antiguos dijeron que nunca se han dedicado los recursos adecuados para investigar las redes más grandes e importantes de tráfico de migrantes que operan en Latinoamérica y en otras partes del mundo. Esos recursos, añaden, se han hecho aún más escasos bajo la administración Trump.
Estadísticas internas suministradas por un ex funcionario dan un indicio de las prioridades del HSI. Entre octubre de 2017 y mayo de 2018, agentes del HSI dedicaron 1.6 millones de horas de trabajo a investigar el contrabando de narcóticos, un millón de horas a crímenes financieros como el lavado de dinero, y 675,000 horas a casos de explotación de niños, la mayoría de los cuales están enfocados en la pornografía. Después vinieron verificaciones de estatus de inmigración en lugares de trabajo, que fueron 430,000 horas, comparado a 356,000 horas en casos de tráfico de migrantes. (La lista también incluyó casos de pandillas, fraude de identidad, trata de personas y media docena de otros crímenes.) Un portavoz del ICE, Brendan Raedy, dijo que no podía confirmar estos números, pero no los cuestionó.
En una declaración preparada, un alto oficial de HSI negó que la agencia haya infravalorado o desatendido las investigaciones contra el tráfico de migrantes. “El combate contra la trata y el tráfico de humanos ha sido y siempre será una de las más altas prioridades de HSI y nuestro trabajo nunca termina,” dijo Greg Nevano, director adjunto para programas investigativos de la agencia. “ICE continúa evolucionando y adaptando sus metodologías de investigación y seguridad para enfrentar amenazas y tendencias emergentes en Estados Unidos.”
En su requerimiento presupuestario para 2019, Trump había propuesto cortar $542 millones al HSI, o aproximadamente una cuarta parte del presupuesto total de la agencia, y añadir casi un billón de dólares en fondos para la rama de detención y deportación del ICE, Enforcement and Removal Operations (Operaciones de Detención y Deportación, o ERO por sus siglas en ingles). En vez de esto, el acuerdo de presupuesto aprobado por el Congreso la semana pasada recortó el presupuesto del HSI en $236 millones, de $2.1 billones a $1.9 billones en el año en curso, y limitó el aumento para ERO a $236 millones, subiéndolo a $4.2 billones. Sin embargo, estos parámetros no impedirán el liderazgo del DHS de mover parte de aquellos fondos para pagar operaciones ampliadas de detención y deportación como ha hecho en años pasados, dijeron funcionarios en activo y retirados.
Administraciones previas han apuntado a las redes criminales que trafican migrantes — y han terminado haciendo relativamente poco para combatirlas. La administración Obama intentó con algún éxito investigar y quebrantar las redes de traficantes que ayudaron a unos 60,000 menores centroamericanos a llegar a los Estados Unidos durante el segundo mandato de Obama, pero aquel esfuerzo perdió fuelle después de un par de años. Un centro de múltiples agencias contra el tráfico de migrantes y la trata de personas, creado por el Congreso en 2004 para responder a la falta de atención al problema, virtualmente colapsó hacia el final de la administración de Obama.
Pero las políticas de la administración Trump han agravado un conflicto de larga duración entre las dos ramas del ICE, con muchos investigadores sintiendo que están continuamente perdiendo recursos e influencia a favor del sector que se encarga de detención. El verano pasado, estas tensiones estallaron públicamente cuando la mayoría de los agentes jefes de las oficinas del HSI alrededor del país pidieron formalmente que su agencia fuera separada completamente de ICE, específicamente para deshacerse del lastre de sus políticas de inmigración.
“La percepción sobre la independencia investigativa del HSI es afectada sin necesidad por la naturaleza de las tareas policiales de inmigración civil de ERO,” escribieron los agentes en una carta a la secretaria de seguridad interior, Kirstjen Nielsen. “Muchas jurisdicciones siguen negándose a trabajar con HSI por percibir una conexión con aspectos políticos de inmigración civil.” (La administración rechazó la propuesta de los agentes.)
El cambio más dramático de la administración en seguridad migratoria ha sido la decisión de acusar penalmente a decenas de miles de personas arrestadas cruzando la frontera ilegalmente — un acto que generalmente era tratado en cortes civiles de inmigración durante administraciones anteriores. El número de personas acusadas penalmente en tribunales federales aumentó de 27,073 en el año fiscal 2017 a 62,185 personas en el año fiscal 2018. (Durante los cuatro años previos de la administración Obama, el número de casos penales por entrada ilegal cayó de 53,822 a 35,389, según cifras del Departamento de Justicia, mientras bajaban las corrientes migratorias y el ICE se enfocó en inmigrantes indocumentados que habían sido acusados o condenados por crímenes más serios.)
El número de personas acusadas de “hacer entrar y albergar a ciertos extranjeros,” el cargo más común en casos de tráfico de migrantes, aumentó 18 por ciento, de 3,826 a 4,532 en 2018. Pero el aumento puede ser engañoso: oficiales dijeron que fue empujado al menos en parte por una directiva de la administración Trump de abril de 2017 que rebajó el requerimiento mínimo para poner cargos como traficantes a aquellos que traen tan solo tres migrantes. En el pasado, fiscales federales tenían instrucciones de acusar solo aquellos detenidos que habían intentado mover al menos 5 o incluso 10 migrantes, aunque las directivas variaban entre los diferentes distritos de cortes federales.
Las redes de tráfico de migrantes siempre han sido un objetivo difícil para las autoridades federales. En comparación con los narcotraficantes, son generalmente más pequeñas y menos estructuradas, operando como socios entre ellos y con otros grupos de crimen organizado. Como narcotraficantes y frecuentemente se benefician de la protección de funcionarios de la ley corruptos en sus países de origen.
La mayoría de los casos de tráfico de migrantes que arman los investigadores del HSI siguen una pauta familiar: agentes de la Patrulla Fronteriza capturan un grupo de inmigrantes ilegales y pasan a sus homólogos del HSI información sobre chóferes, operadores de escondites u otras figuras de bajo nivel en el lado estadounidense. Pero los investigadores generalmente han pugnado a duras penas para avanzar los casos más allá. La denuncia penal contra un traficante en el sur de Texas, Eduardo Rocha Sr., iluminó las dificultades.
Cuando agentes federales irrumpieron en el tráiler solitario de Rocha en una noche oscura en mayo de 2014, encontraron una escena que horrorizó incluso a investigadores curtidos por la violencia del mundo del hampa fronterizo. Descubrieron a un hondureño gimiendo sobre un sofá, cubierto en su propia sangre. Cerca estaba un martillo que los traficantes habían estado usando para aplastar los dedos del hondureño y una navaja retractable con la que habían amenazado rajarle en canal su estómago. Otro migrante sangriento se agazapaba en un cuarto de dormir, vestido solo en calzoncillos. Un traficante desnudo se tambaleó hacia el pasillo, tomándose un descanso después de haber violado a una joven salvadoreña en el fondo del tráiler sucio y dilapidado cubierto de latas vacías de cerveza.
“Había escuchado hablar de casos como este,” dijo Jonathan Bonds, el agente del HSI que encabezó la investigación. “Mostró que todo lo que nos decían de la brutalidad de los traficantes era verdad.”
Alertados por un pariente del hondureño en Maryland, quien estaba siendo extorsionado por la pandilla de traficantes, los agentes detuvieron a sus miembros y después arrestaron a Rocha, un ciudadano estadounidense. El equipo de Rocha de chóferes, guías y matones habían cruzado por la frontera a cientos de migrantes ilegales durante los dos años anteriores, cobrando sobre $2,500 por cabeza, pero también exigiendo más dinero con torturas y amenazas a sus clientes durante extorsiones telefónicas a sus parientes en Estados Unidos.
Fiscales e investigadores armaron un fuerte caso contra Rocha, usando archivos de teléfono y finanzas, y declaraciones de las víctimas. El hijo de Rocha y otro secuaz testificaron que Rocha trabajaba estrechamente con gánsteres mexicanos en la mafia de la droga de los Zetas, quienes han controlado los corredores de tráfico de migrantes en la zona durante mucho tiempo. Sin embargo, aunque los agentes del HSI lograron juntar alguna información detallada sobre el papel de los Zetas, poco pudieron hacer para perseguir el caso al sur de la frontera o ir más arriba en la jerarquía del grupo criminal. Rocha rechazó tajantemente cooperar con los fiscales y recibió una pena de prisión perpetua en 2016 después de ser condenado por conspiración en la toma de rehenes.
“Estuvo dispuesto a pasar su vida en prisión antes de testificar en contra de los Zetas,” dijo Bonds. “Llevamos nuestro caso y nuestra evidencia tan lejos como pudimos llevarlo.”
Aunque la disparidad entre la campaña de seguridad fronteriza de alto perfil de la Casa Blanca y la debilidad de la lucha contra el tráfico de migrantes se ha hecho más patente durante la administración Trump, la desconexión tiene raíces en ambos bandos políticos, según oficiales activos y en retiro. Más de dos docenas de estos oficiales fueron entrevistados para este reportaje, aunque algunos pidieron el anonimato porque no estaban autorizados para hablar públicamente.
A mitad de los noventa, cuando la administración Clinton aumentó sus medidas de seguridad fronteriza para reducir su vulnerabilidad política en temas de inmigración, los mexicanos formaban la gran mayoría de la gente que entraba ilegalmente. Muchos de ellos lograban cruzar solos en zonas urbanas débilmente defendidas, como las áreas entre Tijuana y San Diego, o entre Ciudad Juárez y El Paso. Algunos mexicanos y centroamericanos contrataban a coyotes locales en la frontera, y un número más pequeño de migrantes de otras naciones pagaban a redes de traficantes para organizar viajes más largos o falsificar documentos para entrar.
Después de los atentados de al Qaeda en 2001, la administración Bush empezó a prodigar más personal y recursos en seguridad fronteriza — desplegando material de alta tecnología, expandiendo barreras metálicas, y alejando el flujo migratorio de las ciudades hacia corredores en los desiertos. El nuevo Departamento de Seguridad Interior también empezó a mejorar las medidas de seguridad para los visados y el escrutinio en puertos de entrada fronterizos. HSI creció hasta el punto de tener más de 6,000 agentes, convirtiéndose en la segunda agencia federal investigativa más grande después del FBI.
Mientras se multiplicaban aquellas defensas, el volumen de cruce ilegal disminuyó. Arrestos en la frontera suroeste, que llegaron a un máximo de 1.6 millones en 2000 antes de caer de una forma más o menos sostenida, han oscilado entre aproximadamente 300,000 y 600,000 en la última década. Pero la industria clandestina de tráfico de migrantes ha experimentado un boom durante el mismo periodo. La Patrulla Fronteriza calcula que entre 80 y 95 por ciento de la gente que cruza la frontera ilegalmente ahora contratan a traficantes. Las tarifas de los traficantes también han escalado, de cientos de dólares en los noventa a varios miles de dólares solo para cruzar la frontera ahora.
Insistiendo en su alegación de que el país se enfrenta a una urgencia de seguridad en su frontera sur, oficiales de la administración Trump han sugerido que los traficantes de migrantes y los traficantes de narcóticos se han fusionado en “carteles” sofisticados que están inundando la frontera con migrantes, drogas y crimen. “Estas organizaciones criminales están desestabilizando el hemisferio occidental,” dijo el asesor senior del presidente, Stephen Miller, a Fox News durante una entrevista el domingo.
El debilitamiento del estado mexicano y la expansión de grupos de crimen organizado durante las últimas dos décadas han fortalecido los lazos entre algunas bandas de tráfico de migrantes y mafias de la droga como los Zetas, que exigen “impuestos” de forma rutinaria por cada migrante que muevan a través de la frontera en las zonas que controlan los narcotraficantes. Algunos narcotraficantes participan directamente en el tráfico de migrantes como empresa secundaria, pero otros narcos evitan el negocio menos lucrativo de los migrantes, y algunos expertos creen que los vínculos entre el tráfico de drogas y el de gente han sido exagerados.
Mientras la inmigración mexicana ha caído, los centroamericanas han llegado a dominar la clientela de los traficantes. Típicamente, esos migrantes pagan a una cadena de diferentes grupos de traficantes para organizar o acompañarles en varias etapas de sus viajes. Un estudio hecho por el Departamento de Seguridad Interior en 2017 informó que los centroamericanos y mexicanos estaban pagando hasta $9,200 por el viaje, aunque las tarifas variaban mucho según la distancia viajada y los métodos utilizados. (Más recientemente, los centroamericanos han estado pagando hasta $15,000, según funcionarios.) Como resultado del fortalecimiento de las defensas fronterizas, los traficantes con más frecuencia ofrecen paquetes oferta que incluyen intentos adicionales si no logran cruzar a sus clientes.
Los traficantes cruzan la frontera en una variedad de maneras. Muchos todavía dirigen a sus clientes en caminatas a través de zonas remotas de desierto y montaña. Menos frecuentemente, les otorgan documentos fraudulentos para pasar por puestos de entrada fronterizos o hasta les esconden en compartimentos secretos de autos y camiones. En años recientes, una táctica preferida ha sido enseñar a los migrantes como rendirse a las autoridades fronterizas estadounidenses y pedir asilo político, de esta forma a menudo consiguen residencia temporal mientras sus casos languidecen en el abrumado sistema de cortes de inmigración. Oficiales dijeron que algunas organizaciones de traficantes siguen la evolución de las políticas estadounidenses, adaptando sus rutas a las estrategias de seguridad.
Las defensas fortalecidas en la frontera también han inducido a las mafias de la droga y los traficantes de migrantes a intensificar su tradicional práctica de intentar corromper a los oficiales de frontera de Estados Unidos. Aunque la agencia de Customs and Border Protection (Aduanas y Protección de Fronteras, o CBP por sus siglas en inglés) ha tomado medidas para enfrentar el problema, su expansión ha creado nuevos desafíos. Después de que el Presidente Trump ordenara contratar a 15,000 nuevos agentes de la Patrulla Fronteriza y oficiales de inmigración, el Inspector General de DHS advirtió de que tales olas de contratación debilitan el escrutinio del nuevo personal y exacerban la corrupción y mala conducta.
La tecnología también ha transformado la industria del tráfico. Teléfonos celulares baratos, aplicaciones para dispositivos electrónicos y transferencias de dinero han permitido a padres centroamericanos, por ejemplo, monitorear el progreso hacia el norte de sus hijos o pagar a los polleros a plazos a medida que avanzan. Esas mismas tecnologías han hecho también más fácil para los traficantes extorsionar a los parientes de los migrantes en sus países de origen y en Estados Unidos.
En la frontera de Estados Unidos con México, los agentes del HSI con frecuencia están abrumados. Agentes de la Patrulla Fronteriza llaman a los investigadores cuando detienen a grupos grandes de migrantes ilegales, descubren escondites de inmigrantes o ven violencia seria perpetrada por los traficantes. Los agentes del HSI generalmente también responden a cualquier decomiso significativo de drogas ilícitas, armas o dinero en los puertos de entrada, y los agentes del HSI tienen la responsabilidad de llevar a cabo investigaciones criminales que surgen de estos casos.
“No tienes mucho tiempo para hacer trabajo discrecional en la frontera porque pasas tanto tiempo reaccionando y respondiendo -a la Patrulla Fronteriza que decomisan un camión lleno de extranjeros, o a los oficiales de CBP que encuentran droga o armas o dinero,” dijo Jerry Robinette, que sirvió como agente jefe en San Antonio. “Y con todos los otros casos que los agentes desarrollan siguiendo ese tipo de detenciones, no siempre puedes hacer mucha investigación en profundidad.”
Los crímenes relacionados con la inmigración que atraen una mayor atención de los agentes del HSI son generalmente aquellas en que los migrantes son asesinados, maltratados por los traficantes, como en el caso de Rocha, o detenidos en números elevados. Los casos en que hay muertos usualmente producen las respuestas más agresivas por parte de las autoridades, como la pena de prisión perpetua que fue impuesta el año pasado al conductor de un camión en el cual murieron 10 migrantes por insolación y asfixia en San Antonio.
Los casos más difíciles suelen ser aquellos que se extienden al sur de la frontera, dijeron oficiales y ex oficiales del HSI. En esos casos, los agentes basados en Estados Unidos tienen que depender de sus colegas en México, Centroamérica y otras regiones donde la corrupción oficial es endémica y las organizaciones de tráfico de migrantes son vistas como una amenaza menor que los grupos que trafican drogas o armas. Como otras agencias de investigación federales, el HSI mantiene una red de agregados en el extranjero, pero esos oficiales en general tienen una capacidad muy limitada para investigar por su cuenta, incluso cuando trabajan con unidades de agentes entrenados en Estados Unidos como las que hay en Guatemala o México.
“Los agentes del HSI basados en México rara vez hacen casos de tráfico de migrantes,” dijo un investigador veterano. “No inician muchos casos de tráfico de migrantes. Sobre todo, siguen pistas por casos de tráfico generadas en los distritos fronterizos por investigadores allí.”
Oficiales del HSI dijeron que a veces han identificado a jefes poderosos de redes de tráfico de migrantes, y también a funcionarios de gobierno corruptos que facilitan su negocio en varios países. Pero grandes partes de las redes de tráfico son formadas cada vez más por contratistas semiindependientes quienes usan teléfonos celulares y aplicaciones electrónicas para pasar sus clientes de un grupo a otro.
“Cuando miro a nuestros casos del pasado, creo que el tráfico de extranjeros presenta algunos de los desafíos más grandes,” dijo Robinette. “Las redes de tráfico en las zonas fronterizas son una cadena de individuos que se encargan de diferentes aspectos: conducir, dinero, seguridad, escondites, exploradores, en ambos lados de la frontera. Esto ha sido así desde siempre y es más difícil identificar un jefe que es responsable de toda la red.”
Algunos grupos parecen tener más estructura y jerarquía. Mueven cientos de migrantes por semana en grandes camiones de carga, o manejan extensas redes de escondites, o consiguen documentos falsos de oficiales de inmigración corruptos en el extranjero. Sin embargo, trazar un mapa preciso de la infraestructura del contrabando de migrantes siempre ha sido un desafío mayor.
“Estábamos constantemente frustrados por nuestra incapacidad para determinar hasta qué punto las mafias de tráfico de personas eran sofisticadas y organizadas,” dijo Amy Pope, una abogada de carrera del Departamento de Justicia que trabajó en temas de seguridad fronteriza en la Casa Blanca de Obama. “Nunca obtuvimos información que nos diese un sendero claro.”
Durante años, agentes han buscado mejor información sobre el tráfico de migrantes en servicios y fuentes de inteligencia. En 2004, temiendo que terroristas también podrían escurrirse a través de la frontera ilegalmente, la administración Bush trabajó con el Congreso para abordar el asunto con la creación del Human Smuggling and Trafficking Center (Centro de Trata y Tráfico de Personas, o HSTC por sus siglas en inglés) bajo el Departamento de Seguridad Interior. Un objetivo primordial del centro era movilizar ayuda de la CIA, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado con “tráfico de personas, trata de personas, y facilitación criminal de viajes clandestinos de terroristas.” El desarrollo de mejor inteligencia sobre el mundo del tráfico de migrantes era también un objetivo clave.
Pero casi desde el principio, la iniciativa fracasó en el cumplimiento de sus expectativas. La mayoría de las agencias que fueron asignadas al centro nunca suministraron los recursos, personal o compromiso que necesitaba, según funcionarios actuales y anteriores. En lugar de eso, el centro se convirtió en un lugar de disfunción burocrática, conocido por sus escritorios vacíos y su actividad limitada.
“El problema ha sido y sigue siendo que nunca hemos dedicado la capacidad de inteligencia necesaria para realmente comprender las redes de tráfico de personas en su totalidad,” dijo Alan Bersin, que sirvió como alto jefe de seguridad fronteriza durante las administraciones Clinton y Obama. “Nunca obtenemos una visión estratégica de las organizaciones, de quien está haciendo el tráfico y de cómo realmente funciona. Son bastante descentralizadas, y costaría trabajo entenderlas.”
La administración Obama hizo intentos modestos para reavivar el HSTC con un nuevo liderazgo. También hubo una propuesta de trasladar el centro a la frontera para dar más urgencia a su trabajo. Finalmente, fue desposeída de su misión de coordinar inteligencia sobre el tráfico de migrantes, y fue reenfocada para trabajar solo sobre la trata de personas, que tiene que ver con el movimiento de migrantes para explotación sexual o trabajo forzado.
“Todos concluimos que era un malgasto de tiempo y de recursos,” dijo Pope. “El HSTC era como un hijastro. Yo recibía comentarios de que era un sitio para deshacerse de gente que la comunidad de inteligencia y otras agencias no podían sacarse de encima.”
Aunque algunos exfuncionarios vinculan el fracaso del centro con una falta de interés entre altos oficiales de la administración, también enfatizaron que la comunidad de inteligencia nunca ha considerado el problema del tráfico de migrantes como una prioridad. “En cualquier ocasión que el DHS iba al Consejo Nacional de Seguridad y decía, ‘Esto es una gran prioridad y vamos a necesitar que ustedes den prioridad a la colección de inteligencia y recursos de análisis para la misión de tráfico y trata de migrantes,’ simplemente nunca ocurrió,” dijo un alto oficial de inteligencia. “Y estos pedidos eran hechos todo el tiempo, en todo tipo de lugares.”
La única notable excepción en lo que concierne a cooperación de la comunidad de inteligencia ha sido en la investigación de redes de tráfico ligadas a los llamados Special Interest Aliens (Extranjeros de Interés Especial, o SIAs por sus siglas en inglés), de países en medio oriente, África y Asia que han sido categorizados por tener actividad terrorista significante u otras amenazas de seguridad.
A través de los años, el HSI y otras agencias han desplegado un surtido de medidas en el extranjero para “empujar la frontera hacia afuera” e interceptar tales migrantes mientras hacen el camino hacia Estados Unidos. Estas estrategias han incluido poner inspectores de frontera estadounidenses en aeropuertos en México y otros países, y reclutar oficiales de migración brasileños para ayudar a identificar posibles migrantes sospechosos durante sus viajes. El HSI también ha distribuido aparatos portables a agencias gubernamentales de seguridad en países desde Panama a Filipinas para que puedan recopilar datos biométricos de cualquier migrante que detienen.
Las investigaciones son lideradas típicamente por unidades del HSI como el Equipo Extraterritorial de Choque contra Viajes Criminales Extraterritoriales. Cuando estos equipos sospechan potenciales vínculos al extremismo islamista, agencias de inteligencia de Estados Unidos y las fuerzas armadas han ayudado a rastrear a los migrantes a través de vías clandestinas de tráfico, o han suministrado información sobre funcionarios extranjeros corruptos que puedan estar involucrados. Un caso de este tipo fue el de un paquistaní basado en Brasil, Sharafat Ali Khan, cuya red fue desmantelada en 2016. Los investigadores identificaron a unos 80 migrantes, la mayoría paquistaníes, que habían pagado hasta $15,000 para ser pasados de contrabando a los Estados Unidos a través de Latinoamérica durante los dos años anteriores.
Pero no se encontró conexión concreta al terrorismo entre ninguno de aquellos migrantes, según documentos judiciales y entrevistas. Perseguido por autoridades estadounidenses y brasileñas, Khan fue finalmente arrestado en Qatar. Un tribunal en Estados Unidos le sentenció a solo 31 meses en prisión en 2017. Y a pesar de los recursos dirigidos a tales casos, países fuera de Latinoamérica representan solo una proporción minúscula de la inmigración ilegal en la frontera suroeste de Estados Unidos. Aproximadamente el 95 por ciento de la gente detenida en la frontera en 2017 fueron centroamericanos o mexicanos, según cifras oficiales, seguidos por pequeños números de India, Brasil, Ecuador y otras naciones.
Mientras decenas de miles de menores no acompañados empezaron a inundar la frontera sur en 2014, la administración Obama se apoyó en la comunidad de inteligencia para entender la industria de contrabando de personas que estaba detrás de la oleada. Oficiales del HSI crearon la Célula de Tráfico de Personas, una pequeña unidad de inteligencia que se hizo cargo de parte de las responsabilidades de la unidad multi-agencias HSTC. Juntando información financiera y entrevistas con migrantes ilegales, la célula identificó a sus familias en Estados Unidos para que agentes les pudieran advertir de no financiar el cruce de otros menores. La medida eventualmente tuvo algún efecto interrumpiendo la oleada de migración, algunos oficiales dijeron.
Un operativo conjunto con el gobierno de Honduras también ayudó a impedir el flujo de niños no acompañados de aquel país, dijo Pope. Autoridades mexicanas finalmente bloquearon el acceso de migrantes a trenes de carga que habían servido durante años para mover a miles de centroamericanos hacia al norte a través de México. Pero la campaña liderada por Estados Unidos expuso obstáculos que persisten hoy, entre ellos la corrupción profundamente arraigada al sur de la frontera y la opinión entre muchos funcionarios latinoamericanos de que el tráfico de migrantes no es un crimen especialmente serio.
Después de que Trump fue elegido sobre una plataforma política que elevó la inmigración a una nueva prominencia, el DHS rápidamente inició una ofensiva represiva, deteniendo en masa a inmigrantes en la frontera y dentro del país, deportando miles más y denunciado penalmente a casi todos aquellos capturados mientras entraban en el país ilegalmente. Pero estas medidas a veces han socavado el esfuerzo para investigar las redes de tráfico de migrantes, según actuales y antiguos oficiales.
A finales de 2017, el entonces director del ICE, Thomas Homan, sacudió al HSI cuando dio la orden de aumentar de “cuatro a cinco veces” el número de auditorías en los lugares de trabajo. La directiva forzó a los supervisores a sacar a investigadores de otras tareas en un frenesí de inspecciones a miles de empresas para detectar empleados indocumentados, según oficiales.
“Hacer auditorías en los lugares de trabajo no es una misión deseada,” dijo un oficial del HSI. “Los agentes no quieren hacer estos casos. No es trabajo investigativo.”
Además, el HSI perdió $25 millones en el año fiscal 2018 cuando la administración Trump sacó $200 millones de varias agencias que fueron a beneficio de iniciativas del proyecto “tolerancia cero” lideradas por el ERO. El año anterior, se habían sacado $40 millones del presupuesto de la agencia que fueron destinadas al apoyo de actividades relacionadas con detenciones y deportaciones. Tanto durante la administración de Obama como la de Trump, la pérdida de fondos del HSI a beneficio de detención y deportación ha supuesto el recorte en la contratación de investigadores, los pagos a informantes, y las compras de armas y material, dijeron oficiales actuales y anteriores.
La Célula de Tráfico de Personas de la agencia, que había crecido hasta tener 50 personas (algunos de ellas en misiones temporarias), fue entre las unidades que perdió en favor de las nuevas prioridades. Aunque la célula sigue operando con un enfoque sobre redes que trafican migrantes de fuera del hemisferio occidental, su personal ha menguado hasta como la mitad de su anterior tamaño, dijeron oficiales.
“La nueva administración entra y empieza a enfatizar la inspección de lugares de trabajo en detrimento de investigaciones que requerían más trabajo, más inteligencia,” dijo un antiguo alto cargo del HSI. Refiriéndose a la Célula de Tráfico de Personas, añadió, “Seguimos escuchando tanto sobre el tema de los traficantes de personas, pero era un gran programa y no fue apoyado.”
Fuera de la frontera, los oficiales del ERO hacen la mayoría de detenciones de inmigración. Pero agentes del HSI que han sido temporalmente transferidos bajo Trump a actividades policiales de inmigración de bajo nivel “normalmente estarían haciendo antiterrorismo o tráfico de personas,” dijo Peter Vincent, un exjefe de operaciones internacionales de la agencia. “Ellos sienten que no solo es insultante sino peligroso por las misiones que están siendo desatendidas.”
Investigaciones de casos de visados vencidos son especialmente engorrosas a causa de la tecnología anticuada que los agentes tienen que usar. Un informe del Inspector General del DHS en 2017 concluyó que información sobre portadores de visados vencidos estaba esparcida a través de “decenas de sistemas, algunos de los cuales no estaban integrados y no compartían información electrónicamente.”
Durante el año fiscal 2017, el número de casos de tráfico de migrantes del HSI saltó a 3,920 de 2,110 el año anterior. Oficiales retirados y en activo atribuyen este aumento tanto a un ritmo inusualmente alto de actividades investigativas, vinculadas a operativos especiales, como a una oleada de migrantes en la frontera durante los últimos meses de la administración Obama ante el temor de una probable política de mano dura de Trump. (La mayoría de los migrantes detenidos en la frontera mexicana aquel año fueron capturados en aquellos meses agitados, entre octubre y enero, mientras el número total de arrestos en la frontera por el año fiscal fue bastante más bajo que en años previos.)
Durante el año fiscal 2018, dijeron esos oficiales, los esfuerzos contra el tráfico de migrantes del HSI fueron fuertemente afectados por el cambio de prioridades del ICE bajo Trump. El portavoz de la agencia, Raedy, atribuyó la aguda caída de nuevos casos del HSI aquel año, hasta 1,671, a que los agentes estaban trabajando en apoyo a fiscales debido a un incremento de acusaciones penales contra traficantes detenidos el año anterior.
Pero varios altos oficiales y antiguos oficiales de seguridad interior disputaron esta explicación. Culparon a las nuevas exigencias para realizar más auditorías en los lugares de trabajo y otras tareas y a los recortes en recursos para sus investigaciones.
Dentro de DHS, algunos funcionarios esperan que las declaraciones de guerra contra los traficantes de personas hechas por el presidente puedan eventualmente resultar en una visión más estratégica de la lucha. Pero los escépticos notan que la campaña represiva todavía no ha evolucionado mucho más allá de un empuje para más detenciones, más deportaciones y un muro en la frontera.
“La retórica siempre es la misma: ‘Los traficantes son terribles! Que submundo criminal pernicioso que es!’” dijo Bersin, el ex oficial de seguridad fronteriza. “Pero nunca se ha hecho realmente el tipo de esfuerzo por los cuerpos de seguridad que habría hecho una diferencia.”
