Traducción por Carmen Méndez.
Los obreros en la sombra de la industria lechera
Autoridades locales de Wisconsin están creando una vía para mejorar la comunicación entre los agentes del sheriff y personas que no hablan inglés como respuesta a un reportaje de ProPublica que descubrió que la investigación de la muerte de un niño nicaragüense de 8 años en una granja lechera donde vivía fue mal manejada debido a la barrera del idioma.
Miembros de la Junta de Supervisores del Condado de Dane dijeron que esperan hacer el acceso a los idiomas una parte clave de sus planes para la equidad, además de crear un coordinador del condado que se dedique al acceso lingüístico, entre otras metas.
Los esfuerzos avanzan mientras los padres del niño, Jefferson Rodríguez, han llegado a un acuerdo en una denuncia civil contra la granja y su aseguradora por su muerte en julio de 2019 en la zona rural de Dane, a media hora al norte de Madison. Tal y como ProPublica informó en febrero, agentes del sheriff concluyeron erróneamente que el padre del niño, José María Rodríguez Uriarte, había accidentalmente atropellado a su hijo con una máquina agrícola.
Pero según pudo determinar ProPublica, fue otro obrero, en su primera jornada de trabajo en D&K Dairy, quien manejaba el Bobcat skid steer o minicargador, una máquina agrícola parecida a un tractor pequeño de 6,700 libras, que aplastó a Jefferson. El obrero esperó en la escena del suceso pensando que iba a ser interrogado la noche en que murió Jefferson. Pero los policías nunca le entrevistaron, en parte debido a la barrera del idioma. ProPublica pudo hablar con el trabajador, que reconoció que era él quien conducía el minicargador aquella noche.
Se concluyó que la muerte de Jefferson fue un accidente y nadie fue acusado penalmente. Pero en la versión oficial se culpaba a Rodríguez. En agosto de 2020, Rodríguez y la madre de Jefferson, Maria Sayra Vargas, que vive en Nicaragua, pusieron una denuncia civil por muerte indebida contra la granja y su aseguradora, Rural Mutual Insurance Company.
El proceso judicial estaba agendado para empezar esta semana en la corte del Condado de Dane. Pero, casi un mes después de que ProPublica publicara su historia, los padres de Jefferson llegaron a un acuerdo preliminar con la granja y la compañía de seguros, ninguna de las cuales reconoció haber actuado de forma indebida. El acuerdo final se alcanzó más tarde en la corte y la denuncia fue archivada en abril.
Los abogados de Rural Mutual y la granja declinaron hacer comentarios.
Rodríguez dijo que la verdad sobre la muerte de su hijo “salió a la luz” como resultado de la investigación de ProPublica. Rechazó compartir el monto negociado, pero dijo que el dinero iba a ayudarle a él y a su familia.
“No porque tenga dinero me voy a sentir feliz. Mis pensamientos siempre siguen siendo con la misma tristeza,” dijo Rodríguez, quien ahora trabaja en otra granja lechera en Wisconsin. “Nunca voy a volver a ser la misma persona.”
En las semanas después de la publicación de nuestro primer reportaje, más de media docena de miembros de la junta de supervisores del Condado de Dane dijeron a ProPublica que les horrorizó conocer las condiciones que precedieron a la muerte de Jefferson y la defectuosa investigación policial que siguió. Jefferson vivía con su padre encima de la sala de ordeño, el establo adonde se llevaban cientos de vacas día y noche para ser ordeñadas por maquinaria pesada y ruidosa.
La Junta de Supervisores establece el presupuesto para la oficina del sheriff y puede hacer recomendaciones. Pero su capacidad para reglamentar es limitada.
Una portavoz del departamento del sheriff, que no fue acusado en la denuncia por muerte indebida, dijo que no ha habido cambios en sus servicios de acceso a idiomas. El departamento no tiene normas escritas sobre qué tienen que hacer sus policías cuando se encuentran con gente que habla un idioma que no es inglés o cuando traer a un intérprete. El departamento depende de la autovaloración de los oficiales sobre la capacidad que tienen para hablar otros idiomas que no son el inglés.
La Supervisora Dana Pellebon dijo que una manera como ella y sus colegas en la junta del condado esperan mejorar el servicio de acceso a idiomas del departamento es a través de su plan de trabajo para la equidad, un documento en el cual las agencias del condado explican cómo podrían ser más inclusivos e imparciales. Los departamentos están actualizando estos planes ahora, dijo, y los planes son aprobados después por la Comisión Para la Igualdad de Oportunidades, la cual ella dirige. “El acceso a los idiomas es algo que será parte de todos estos planes,” dijo Pellebon.
Una parte que espera que la oficina del sheriff pueda afrontar es asegurar el acceso a idiomas en zonas rurales del condado donde la recepción de teléfonos celulares es débil y la traducción telefónica no está disponible. “Queremos asegurarnos de que hay una opción alternativa,” dijo Pellebon. “O [que los agentes se acerquen] a una zona donde hay servicio de teléfono celular o que encuentren una línea fija en el lugar donde están en ese momento.”
Ella y otros funcionarios del condado también están considerando la posibilidad de hacer exámenes para evaluar la capacidad lingüística de los agentes en vez de aceptar sus autoevaluaciones. La oficial que había entrevistado a Rodríguez la noche en que murió su hijo se había identificado como una hispanohablante competente. Pero cuando una reportera de ProPublica la entrevistó, descubrimos que la frase que había usado para preguntar a Rodríguez si había atropellado a su hijo con la maquinaria agrícola no quería decir lo que ella pensaba. Le faltaba un verbo y un sujeto y era confusa.
Rodríguez dijo después a ProPublica que pensaba que la oficial le había preguntado si su hijo había sido atropellado por el minicargador, no si él había estado conduciendo la máquina.
Otra supervisora del Condado de Dane, Heidi Wegleitner, dijo que en el presupuesto del año que viene va a priorizar la creación de un puesto de coordinador del servicio de acceso a idiomas en todo el condado para ayudar a las agencias a cumplir con sus obligaciones de acceso a idiomas y organizar los planes y recursos.
“Es un tema básico en los derechos civiles de acceso al gobierno que impregna cada departamento,” dijo Wegleitner. El Título VI de la Ley de Derechos Civiles exige que los departamentos que reciben fondos federales tomen medidas para hacer sus servicios asequibles a gente que habla un inglés limitado.
Las dificultades de los inmigrantes que no hablan inglés para comunicarse con oficiales de la ley se extiende más allá de Dane. ProPublica ha descubierto que agentes del sheriff y oficiales de la policía a través del estado rutinariamente no logran comunicarse directamente con obreros inmigrantes hispanohablantes en granjas lecheras cuando responden a incidentes que van desde asaltos a accidentes serios. Archivos de docenas de incidentes muestran que oficiales de la ley de forma rutinaria se apoyan en los jefes y los colegas de los trabajadores inmigrantes para comunicarse con ellos. Con frecuencia recurren a Google Translate. A veces ni hablan con los obreros, o les piden a niños que traduzcan.
El acceso a idiomas es “caótico en todo el sistema,” dijo Nancy Rodríguez, una profesora de criminología en la Universidad de California Irvine quien es la coautora de un informe sobre el tema publicado en mayo con el apoyo de la Fundación John D. y Catherine T. MacArthur. El informe, que se basó en un sondeo en agencias policiales y organizaciones de justicia penal a través del país, recomendó que las agencias hicieran más para entender las necesidades lingüísticas de la gente a la que sirven y vigilar el cumplimiento de un plan de acceso a idiomas.
Nuestra investigación de la muerte de Jefferson fue el primer artículo en nuestra serie, Peligro en las Granjas.
Tenemos previsto seguir investigando temas que afectan a los obreros inmigrantes de la industria lechera a través del Medio Oeste. Entre otros temas: las multas contra los inmigrantes indocumentados por conducir sin licencia; el acceso a cuidados médicos o compensación laboral después de sufrir lesiones en el trabajo; y las viviendas proporcionadas por los empleadores.
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Traducción por Carmen Méndez.
ProPublica es un medio independiente y sin ánimo de lucro que produce periodismo de investigación en pro del interés público. Suscríbete para recibir nuestras historias en español por correo electrónico.
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